Hace un año, los guatemaltecos despertamos con la novedad de ver al presidente Jimmy Morales declarar non grato a Iván Velásquez. Como fue indicado en columnas de opinión, estas pocas palabras provocaron una crisis innecesaria al causar una nueva división interna, así como una andanada de inmediatas críticas en el campo internacional. El Gobierno se embarcó en una terca postura y gastó dinerales en viajes a instituciones, pago de lobistas, etcétera. Al momento queda claro el fracaso de ese plan, pues el comisionado aún está allí y se retirará cuando le haya llegado el fin a su mandato, no cuando el impresentable gobierno actual lo quiera o pida, y menos si lo exige. Por desgracia, se mantienen las condiciones para aceptar esta vergüenza necesaria.

Lo peor fue la nueva división y las implicaciones, muchas equivocadas. Por ejemplo: quienes rechazan a la Cicig integran el grupo de personas en pro de la inconmensurable corrupción. Otra: quienes están a favor de la Cicig están de acuerdo con la intromisión extranjera en asuntos internos. Algunas son risibles: quienes apoyan a la Cicig son izquierdistas rematados o comunistas. Quienes no lo hacen son títeres de la oligarquía o tontos útiles. Da la impresión de haber existido un oculto motivo: desviar la atención del fondo de las acciones juzgadas por esa comisión internacional. Y, todavía más lamentable, se amplió la puerta donde pueden entrar quienes de manera simple no se interesan, y ya no lo hacen, en comprender qué está realmente en juego.

Un año después, muchas cosas sí han cambiado. La salida de Thelma Aldana y su inmediata declaración de tener abierta la posibilidad a participar como candidata a la Presidencia afectó la interpretación popular sobre las razones de actuar como lo hizo a su paso por el Ministerio Público. Su sucesora, Consuelo Porras, evidentemente fue escogida por Morales al ver en ella a una aliada cuya tarea era desmantelar todo lo realizado o al menos dejarlo convertido en tigre de papel. La explicación inicial de ella respecto a la necesidad de analizar los casos fue vista con alarma porque se pensó en el inicio del tortuguismo. Pasaron casi cuatro meses y de pronto, en su aparición con Velásquez, actuó en una forma legal, y por eso los miembros de la rosca oficial la calificaron de traidora.

Este breve recuento de acontecimientos de estos últimos doce meses debe incluir la debilidad en la cual se encuentran el FCN-Nación y Encuentro por Guatemala, así como la desesperanza y “trapos de cucaracha” de la Unidad Nacional de la Esperanza. Igualmente, la solicitud pública de disculpas de altos representantes del sector privado, cuya actitud merece ser calificada dadas las circunstancias actuales y sobre todo la historia política del país. Todos son hechos sin precedente, cuyos resultados es aún muy temprano para analizar, porque la proximidad de las elecciones le otorga a las acciones de entidades legales como las cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia un lapso corto: la convocatoria se encuentra solo a unos 150 días, es decir en enero del 2019.

Dentro de ese ambiente se explica la presión indebida contra la prensa independiente. Dos casos: uno, considerar abuso contra la mujer a las críticas a funcionarias o mujeres políticas. Es ridículo y perverso, pues su razón es buscar la impunidad para ellas. El otro es presentar casos de ley de imprenta como materia de un tribunal penal, es decir castigar con cárcel a quien injurie, calumnie o difame por medio de la prensa. Pero eso es tema de otro artículo. Por ahora, solo señalo el aniversario de una acción torpe del actual gobierno, cuya debilidad obliga a tratar de sostenerlo por una sociedad urgida de políticos, no de rapaces de la politiquería, abiertamente mentirosos, rodeados de un grupo interesado en garantizarles la inapelable condena de la historia.