Para desarrollar el país de una manera sostenida es necesario: 1) Estado de Derecho 2) Debido proceso, 3) Sistema de justicia independiente, 4) Prensa independiente y libre, y 5) Transparencia.

Guatemala es una república que la enmarca la Constitución Política. El Estado de Derecho está formado por dos componentes: 1) el Estado —como forma de organización política— y 2) el Derecho —como el conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad—. El poder del Estado se encuentra limitado por el Derecho.

El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, cuyo principal objetivo es asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso.

El Sistema de Justicia en Guatemala está formado por organismos y entidades descentralizadas que son descritos en la Constitución Política de la República. A la cabeza de este sistema está la Corte Suprema de Justicia. A este sistema también pertenece la Corte de Constitucionalidad (CC), que es el máximo tribunal en materia constitucional.

Ese tribunal constitucional —la CC— lo componen cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. La CC actúa como un tribunal colegiado independiente de los organismos de Estado y ejerce funciones específicas que le establece la propia Constitución Política de la República y leyes constitucionales. El artículo 272 de la Constitución establece las funciones de la CC.

Los últimos dos años, desde mayo de 2016, la CC ha sido cuestionada por algunos fallos que son de trascendencia para la certeza jurídica y para la inversión en el país. Hay varios analistas y mucha ciudadanía que argumenta que se politizó e ideologizó la CC y que es muy visible cómo tres de los cinco magistrados votan de la misma manera en esas resoluciones. De ser así, eso es muy desafortunado y es crítico para el desarrollo sostenible del país. Las cortes deben tener independencia y deben resolver apegadas a Derecho. Una corte no debe buscar la igualdad material, sino la aplicación técnica de las leyes. Deben dar certeza y seguridad jurídica. Como nadie es superior a la ley, no deben caer en activismo judicial, que es cuando la política tiene injerencia en la aplicación de la ley.

La semana pasada, el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) en un comunicado exhorta a la CC “a resolver en tiempo los asuntos de su competencia sometidos a su conocimiento para resolución o dictamen y dentro del respeto absoluto a sus atribuciones y límites, y de las propias de los organismos del Estado”.

Me llaman la atención dos eventos: 1) resolución del caso Oxec —hidroeléctrica en Alta Verapaz— y 2) Caso empresas en el campo de la minería —La Puya, Guatemala y San Rafael, Jalapa— que en ambos casos excede un año en la CC y aún no resuelven. Muy interesante que en los dos casos de minería es la cuestionada ONG Calas —tiene demandas entre la Directiva y el exdirector legal— la que solicita a la CC detener las operaciones.

Oxec es de inversionistas guatemaltecos con licencias y permisos otorgados por el poder local y el Ejecutivo. Las dos empresas mineras, ambas de inversionistas extranjeros, recibieron los permisos que la ley requiere de las instituciones de Estado. Tanto la hidroeléctrica como las empresas mineras son inversiones muy grandes que por el actuar de la CC espantan a la inversión nacional y a la extranjera, que son tan necesarias para la generación de empleo y la generación de impuestos.

¿Quién le hace contrapeso a la CC en una república donde los pesos y contrapesos políticos son fundamentales? Guatemala necesita certeza jurídica para poderse desarrollar sostenidamente.

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