Hace pocos días, un amigo conocedor de cuestiones geopolíticas y geoestratégicas lanzó en redes la expresión “el diablo está en los detalles”, refiriéndose a las recientes elecciones intermedias en EE. UU. Particularmente, aludía al sistema de pesos y contrapesos que se dará a partir de ahora para la administración Trump, con un Senado Republicano y una Cámara Demócrata. Aunque pensemos que la política de EE. UU. es una, independientemente del partido que gobierne, cuando se hila más fino queda claro que hay ciertos detalles que cambiarán a partir de ahora.

Se esperaba una mayor ola azul —Blue Wave— que permitiera el restablecimiento del control demócrata en ambos espacios, pero lo que se logró no fue poco: una Cámara mayoritariamente demócrata, que frenará nuevas iniciativas legislativas esenciales para Trump, quien además podría ser ahora más investigado que nunca. Así, la agenda interna podría verse afectada, aunque su política internacional variara poco. Su propuesta de modelo económico —capitalismo productivo— y su mirada blanca, anglosajona y protestante (WASP), podrían mantenerse inmutables e incluso profundizarse. Habrá que ver la reconfiguración de las distintas circunscripciones electorales, hasta llegar al 2020, cuando se darán nuevas elecciones en cada Estado. Por ahora, y según diversas estadísticas, este cambio en el sistema bicameral de EE. UU. se debió a millones de mujeres opuestas a la administración Trump, así como a la juventud, los blancos con mayor educación y las minorías étnicas.

Sirva de pretexto este marco de elecciones en EE. UU., con las repercusiones que tendrán en nuestro territorio, para hablar de la presencia del diablo en los detalles del presupuesto nacional que el Ejecutivo presentó al Congreso guatemalteco para el 2019, por cierto un año electoral. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al hacer un análisis del presupuesto, aporta las consecuencias: “dejar fuera a más de nueve mil niñas y niños, y dejar de entregar casi 630 mil libros de texto; reducir en 28% el presupuesto del Programa de prevención de mortalidad materna y neonatal; malversar los presupuestos del ministerios de Salud y Desarrollo Social, reduciendo las actividades y programas sustantivos, creando un bolsón etiquetado de servicios de apoyo, vulnerable al abuso y la corrupción en año electoral; recorte del 10% al presupuesto del programa de prevención de transmisión sexual, VIH y Sida. Además, en contraste a esos recortes en rubros importantes del gasto social, el Ejecutivo propuso un aumento injustificado al Ministerio de la Defensa Nacional de Q288 millones respecto al presupuesto vigente de 2018. Este aumento se sumaría a los Q175 millones que le ha aumentado en lo que va del 2018, con lo cual el aumento para el Ejército propuesto por el Ejecutivo respecto al presupuesto de arranque de 2018 asciende a Q463 millones. Todo esto con normas de transparencia sin plazos ni mecanismos para la verificación de su cumplimiento”. (Ricardo Barrientos, gazeta.gt)

¿Qué hizo con esa propuesta presupuestaria la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República (CFPM), asesorada por el Ministerio de Finanzas? Ignorar las recomendaciones del Icefi y modificar en un peor sentido la propuesta inicial, ya de por sí deficiente. Aumentó a más de Q331 millones lo destinado para un Ejército que ha dado suficientes evidencias de corrupción y opacidad. Por otra parte, le quitó al Ministerio Público Q588 millones, sumando así un recorte de Q700 millones desde este año. Recortó Q668 millones al Organismo Judicial y Q341 millones a la Universidad de San Carlos de Guatemala, esto último contraviniendo una norma constitucional. Justicia, educación y gasto social desprotegidos. Ejército corrupto premiado. Y vuelvo a preguntar ¿en qué detalles se nota la presencia del diablo?

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