Uno de los retos constantes con los que me topo cuando comparto perspectivas sobre guatemaltecos que viven en EE. UU. es que el público comprenda a estos migrantes como una población, y no como una comunidad. Así sea en foros sociales, periodísticos, en asesorías empresariales o, ahora, frente al reto de la votación presidencial para residentes en el extranjero, la gente falla en apreciar esta diferencia crucial. El resultado de creer que los migrantes viven en una comunidad, compacta, y de alguna forma homogénea, es un error —a mi parecer— que con frecuencia deriva en pobres resultados. Por ejemplo, he visto empresarios necios que, atraídos por la suma que representan las remesas familiares, invierten en ese segmento. Pero lo hacen sin obedecer luces de alerta que debieran despertar los retos que una población tan amplia representa. Digamos, con los US$9 mil millones que ingresan de remesas al año en mente, buscan proveedores o guías que únicamente tienen contacto con ciertos nichos en el mercado de esa enorme geografía, pero no con todos. Y se diezman así los resultados esperados, generando la frustración por las pérdidas. He visto cómo esto ha sucedido en industrias como la banca, los cerveceros; y a otros comerciantes que siguen topándose con ese obstáculo para conquistar ese codiciado pero extenso mercado. Triste para ellos. Pero más triste es que lo mismo le suceda ahora al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, con nuestros impuestos, va en dirección hacia un bochornoso fracaso con el voto migrante.

Desde que el Congreso modificó la Ley Electoral para habilitar el voto presidencial en el extranjero, el TSE quedó conminado a hacer un primer ejercicio en las venideras generales de 2019; pero ha insistido por inclinarse en llevar a cabo esa elección de manera electrónica, y no de forma presencial. Eso significa que en lugar de acudir a sedes consulares como lo hacen otros países —tal como Costa Rica—, los potenciales votantes guatemaltecos tendrían que utilizar dispositivos electrónicos –teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras-; primero para enrolarse como votantes en el extranjero y luego para ejercer el sufragio. Esto es una decisión absurda, tomando en consideración las características de esa población —y no comunidad— migrante, que en una buena tajada provienen de las aldeas y caseríos con mayor falta de educación, no solo del país, sino de todo el continente. La única explicación posible que encuentro a que los magistrados hayan creído que esa era una opción viable es el contacto que tuvieron durante el proceso con algunos grupos organizados de migrantes, que les entusiasmaron con que ellos son un vehículo que les conduce a la población migrante general.

Recientemente el TSE compartió los primeros resultados de su voto electrónico. De los millones convocados para enlistarse como residentes en el extranjero, únicamente 71 parecen haber obedecido. 71. Menos que una centena. Hay ventas de garaje en condominios que convocan a más gente. Ahora los magistrados anuncian llamamientos para que más se enlisten, e incluso presentaron una iniciativa para evadir el necesario registro. Pero mantienen su yerro principal, que es hacer la elección final electrónica y creer que pueden llegar a la población general a través de sus contactos, como si esta fuera una sola comunidad. El TSE ha manifestado que una elección presencial es demasiado cara. Pero hacer así un primer ejercicio en ciertas sedes consulares seguramente sería realizable, y en especial evitaría la compra millonaria de tecnología que nunca será apta para la población guatemalteca. Además, ahorraría a los magistrados y al país el bochorno de un proceso electoral que convoque a menos personas que las que viven en mi cuadra.

@pepsol