El 2015 abrió la posibilidad de transformar un sistema corrupto hasta la médula. Las investigaciones del MP y la Cicig develaron cómo estructuras criminales tomaron por asalto al Estado y lo convirtieron en un botín, utilizando el sistema electoral y político. Quedó demostrado que el Partido Patriota era en realidad una red criminal que se propuso la cooptación de las instituciones para enriquecerse ilícitamente.

A juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, no hubo ámbito que quedara fuera de la voracidad de la estructura liderada por Pérez y Baldetti. Arrasaron con la salud pública, el Seguro Social, las aduanas y la institucionalidad tributaria. Hasta la limpieza del Lago de Amatitlán fue objeto de una negociación millonaria. No les importó que el cambio de un proveedor —producto de un proceso de licitación amañado— cobrara la vida de enfermos renales, ni tampoco el drama de la desnutrición crónica, lucraron incluso con la repartición de granos básicos para las familias en extrema pobreza.

Pelotas de fútbol, mochilas, carreteras, medicinas, fertilizantes, cámaras de vigilancia, concesiones portuarias y de frecuencias televisivas… nada escapó del accionar de esta red político-económica ilícita que institucionalizó la corrupción a través de la cooptación de la estructura estatal.

La Línea fue solamente la punta del iceberg. A partir de ahí empezaron a salir a la luz las corruptelas en el Congreso que tienen a varios expresidentes del Legislativo y a un sinnúmero de diputados enfrentando procesos penales. Tampoco se salvó el sistema de justicia, varios jueces e incluso magistrados están siendo señalados y guardan prisión por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Las mafias integradas por profesionales del Derecho también fueron puestas al descubierto, el llamado caso Bufete de la Impunidad demostró cómo operan las redes de abogados y operadores de justicia para procurar impunidad y favores judiciales. La condena del exdiputado Gudy Rivera confirmó cómo el proceso de elección de las altas cortes del país ha sido cooptado para garantizar justicia a la medida.

Además de los políticos y los funcionarios públicos, empresarios y banqueros (emergentes y tradicionales) forman parte de las redes criminales señaladas de defraudación tributaria, cohecho y financiamiento ilícito. Hasta dueños de medios de comunicación están implicados en estos casos. Son muchos y poderosos, y no van a escatimar esfuerzos ni recursos para lograr que las cosas vuelvan al estado anterior de abril de 2015.

Pero las investigaciones por sí solas no eran suficientes. Fue la fuerza de la ciudadanía que salió masivamente a las calles la que permitió ganar el primer round en esta lucha contra la impunidad, y la que puso contra las cuerdas a diputados y magistrados que no tuvieron otra opción que aprobar una serie de leyes y dar trámite a los procesos de antejuicio.

Como bien dijo Iván Velásquez, siempre existe el peligro de la regresión. Pasada la efervescencia ciudadana y habiendo ganado nuevamente el control del Congreso, el Ejecutivo y la CSJ, la “fuerza de tarea” Mariscal Zavala y sus aliados arreciaron la ofensiva y ven en la aprobación o no de las reformas constitucionales en materia de justicia el segundo round, que no están dispuestos a perder.

Parafraseando a Velásquez, estamos en una encrucijada, en la que Guatemala tiene que decidir entre la profundización de la lucha contra la impunidad, o la restauración del status quo histórico. La ciudadanía es crucial para definirla.

@MarielosMonzon