Casi sin darnos cuenta, a lo largo de las últimas décadas, los chapines asistimos como mudos observadores al proceso de deterioro de nuestro país. No me refiero a daños causados por terremotos, tormentas tropicales, huracanes u otros fenómenos naturales sobre los que el hombre no tiene control. Hablo de cómo permitimos el deterioro de las instituciones del Estado y junto a ese, el de la sociedad, perdiendo la oportunidad de mejorar la calidad de vida a la que todo conglomerado aspira, para que cada generación supere a la precedente.

Cierto, arrastramos malformaciones provenientes del esquema explotador heredado de la colonia. Sin embargo, la independencia promovida por españoles y criollos no implicó cambio sustancial alguno. Dejaron de tributar a la Corona española, quedándose con el control de la productividad establecida a costas de la encomienda y el esquema explotador instalado.

En términos deportivos solo fue pase de estafeta. Para la población todo siguió igual, incluyendo la sumisión; solo cambió el “patrón”. La creación de la República consolidó el diseño, aunque sumándose al concierto de las naciones derivado de la Revolución francesa (1789-1799) que marcó el inicio de la Edad Contemporánea, sentando las bases de la democracia moderna y abriendo nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular. Bellos postulados que permitieron organizar el Estado de Guatemala, según el esquema republicano, en el que la soberanía quedó definida así: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.” Esa definición no ha cambiado desde entonces (1871), hasta el día de hoy, según el artículo 141 de la Constitución Política de 1985.

¡Ajá! Entonces, cabe preguntarse ¿Por qué las cosas no funcionan así?

Desde su fundación, la República quedó en manos de los independentistas y sus herederos, acompañados de quienes fueran útiles para mantener el poder, cosa que no ha cambiado. La diferencia está en que ya no son individuos quienes dan la cara, sino estructuras gremiales que a su conveniencia e interés, pone y quita autoridades, algunas electas por el pueblo, que cree que así cumple con la ley y valores democráticos del régimen republicano.

Detrás de esa desgracia hay al menos tres taras humanas: 1. Racismo. Según el diccionario de la Real Academia Española es un sentimiento exacerbado del «sentido racial» de un grupo étnico, que causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. 2. Aporofobia. Referida al miedo hacia la pobreza y hacia los pobres. Es la repugnancia y hostilidad ante las personas pobres, sin recursos o desamparadas. Concepto acuñado en los años noventa por la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia para diferenciar esa actitud de la xenofobia, que solo se refiere al rechazo al extranjero y del racismo. 3. Kakistocracia. Referido al gobierno de los peores. El filósofo político Michelangelo Bovero utilizó el término para describir el régimen político italiano de finales del milenio: “Un tipo de gobierno plutocrático-demagógico-autoritario. Basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales”.

Puestas así las cosas, queda claro que quienes tiene el poder y manejan la política en Guatemala en el siglo XXI han hecho acopio de esas taras, sabiéndolas potencializar y llevarlas a niveles de récord mundial.

¿Hasta cuándo? Según el artículo 141 de la Constitución, eso depende del pueblo, sobre quien radica la soberanía. ¿Entonces?

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