Arrecian las acciones orientadas a descalificar y desacreditar la labor que hacen el MP y la Cicig contra la impunidad y la corrupción. Se siembra zozobra, se recrudece la violencia contra ciudadanos y ciudadanas inocentes; se instiga al miedo, al odio; se provoca la duda y se desinforma; se ataca con más virulencia a quien está proclive a la lucha contra la corrupción y la impunidad que lideran estas instancias. La única innovación en estas prácticas propias de la guerra es el uso masivo de las tecnologías de información y de las redes sociales para lograr esos fines.

Con estas acciones fabrican en la mente de quien les pone atención una perversa simbiosis entre los miedos ancestrales y contemporáneos de muchos guatemaltecos; no se percatan de que plantear que luchar contra la impunidad y la corrupción nos conduce al desastre no solo es absurdo, sino que es una manera de admitir explícitamente que el sistema económico y político del país tiene estas prácticas como inherentes y que solo funciona cuando estos mecanismos están operando. Por absurdo que suene, lo que se persigue con este tipo de argumentos, en realidad, es minar la confianza que hemos depositado en estas dos entidades —MP y Cicig— y especialmente en las personas que la dirigen. Y conste que no es una confianza dada a ciegas, sino es el resultado de las acciones concretas que han hecho y que, por primera vez en la historia, han puesto en jaque al sistema corrupto de privilegios.

No es poco lo que estas gentes, y a quienes ellas sirven, tienen en juego; poder, posición social, riquezas y, sobre todo, el libre uso de las herramientas de la impunidad y la corrupción para su propio beneficio. Con sus acciones defienden su modo de vida y también una manera de entender el país que les ha traído enormes ventajas por muchísimo tiempo. Por ello no escatiman en destruir el esfuerzo del MP y la Cicig, ahora que ven que sus acciones los pueden tocar también. Era bonito, cuando el afectado era el funcionario visto de menos, el político desprestigiado o al rival en la pugna por la cooptación del Estado; ahora saben que el brazo de la justicia podría llegar también hasta ellos. Entonces, atacan.

Mi apreciación es que estamos llegando a un punto de quiebre en esta situación. Que pronto veremos inflexiones significativas que, ojalá, darán un salto cualitativo al proceso de depuración del Estado que está en marcha. El apoyo internacional a la lucha contra la impunidad en Guatemala es claro y contundente; no así el apoyo interno. Los organismos del Estado, protegiendo jueces y magistradas, tolerando retrasos maliciosos de los procesos; el Congreso, impulsando medidas que solo debilitarán más al Estado; y el Organismo Ejecutivo, con su irresoluble inoperancia e incapacidad para hacer su parte. No digamos el propio presidente, quien, en su calidad de jefe de Estado, ha dejado mucho que desear con su postura pública frente a las agresiones que está viviendo la acción del MP y de la Cicig.

¿Y el apoyo ciudadano? Fraccionado. No todas las personas están conscientes de que forman parte inevitable de esta lucha, sea por acción o por omisión. En algunos casos hemos tomado posición razonada a favor. En otros, manifiestamente en contra. La mayoría de la ciudadanía está silenciosa; pareciera estar al margen o bien, se ve arrastrada, a veces sin darse cuenta, a reaccionar en contra. Los medios de comunicación y las redes sociales son parte del campo de guerra y uno debe estar, por lo menos, consciente de ello y ser críticos con todo lo que se lee y recibe en los medios y en sus dispositivos de comunicación.