El gobierno de Donald Trump está sudando. Le quedan cuatro días para reunir a todos los niños y menores que separó de sus padres con su plan migratorio llamado Tolerancia Cero, y así cumplir con el plazo impuesto por el juez federal Dana Sabraw, el 26 de junio pasado. En esa resolución, a Trump se le ordenó reunir a los menores de cinco años, antes del 10 de julio. Y al resto de menores, antes del 26 de julio. Es decir, que para este jueves próximo, se esperaría que todos los menores sean reunificados con sus padres. Este escenario ideal, difícilmente llegará a suceder en la realidad, y hay riesgo de que el gobierno estadounidense recurra a datos inexactos, para evadir futuros dictámenes desfavorables, por parte de la judicatura. Como contraparte principal del gobierno federal, actúa la American Civil Liberties Union (ACLU), que pone empeño en defender la causa de las familias migrantes en aquel país; pero que tendrá limitaciones a la hora de presentar argumentos sobre el espectro que proviene del otro lado de la frontera; desde Guatemala, Honduras y El Salvador, los principales países expulsores. ¿Quién desde aquí se ha acercado a proveer información al juez Sabraw? ¿O a la ACLU, para colaborar? No sé si alguien; ya sea de gobierno, o desde lo no gubernamental.

Encontrar familias migrantes no es tarea fácil. Estas últimas tres semanas, Guatemala fue centro de interés de las principales agencias de noticias, y de medios internacionales de primera línea. Entre otros, corresponsales de AP, Reuters, EFE, así como medios como el Washington Post, Newsweek, y el New York Times, invadieron nuestro campo, buscando historias relacionadas con la migración guatemalteca hacia Estados Unidos. El interés inmediato: ubicar a esas mamás y papás que hubieran perdido a sus hijos en la frontera. Y aunque algunos de estos profesionales de la investigación periodística lograron su objetivo, trascendió la dificultad de lograr vínculos con las comunidades de origen remotas, a donde los padres se fueron a refundir, tras haber sido deportados desde Estados Unidos, sin ningún registro en la institucionalidad pública.

Preocupa que para evitar responsabilidad, los funcionarios desvíen el interés público, estigmatizando la migración. Sabemos que los gobiernos reconocen que son cientos los menores guatemaltecos afectados. Y siendo tantos los casos, es de lógica comprensión que no todos entran dentro de una sola categoría. Ciertamente, algunos de ellos iban acompañados de adultos que no son sus padres. Y algunos ellos, eran traficantes de migrantes. En algunos otros casos, los adultos que acompañaban, tenían historiales delictivos, o que sugieren poca aptitud para el cuidado de un menor. Pero últimamente, los altos funcionarios de ambos países, han adoptado una narrativa enfocada en estos casos delictivos –que podrían ser la excepción-, y no en los cientos de legítimos padres que emigraron con sus hijos para proveer un mejor futuro, y que podrían ser la regla general.

Conozco personalmente a varios padres y madres que fueron deportados a Guatemala sin sus hijos. Hombres y mujeres de buena voluntad, ninguno de ellos tiene ahora acceso a un procedimiento para recuperarlos. Con una de estas madres, incluso, se nos recibió hace dos semanas en el despacho de Cancillería, después de que solicité una cita con la canciller Jovel para exponer su caso. Pero ni siquiera ella, recibe hoy acompañamiento por parte de los gobiernos involucrados. En cuatro días vence el plazo impuesto judicialmente para reunificar a las familias. Pero sin protocolos ni registros oficiales, es inminente que será imposible lograr cumplir el objetivo. ¿Qué sucederá entonces? Queda esperar por que el juez Sabraw esté bien informado, para dictar su próxima resolución.

@pepsol