La oración es “la acción de pedir o rogar algo, dirigirse mentalmente o hacer un Estado laico, por tanto, “independiente de una organización o confesión religiosa”. Ateo es alguien no creyente en Dios, pero esa cualidad o la de ser una entidad laica no significa estar en contra de la creencia, ni tampoco hacer un juicio de valor al respecto. Los creyentes, como parte de las condiciones de serlo, deberían orar todos los días, y como los diputados tienen a bien calificarse a sí mismos como buenas personas, integrales y, por tanto, no necesitan preocuparse porque haya en Guatemala un día de la oración, sobre todo si para asegurarse de su cumplimiento pondrán al Ejército a ser garante de esa nueva ocurrencia del Congreso de la República, pozo de donde emanan las peores muestras de trágico humor negro reinante en el país.

Es decir: el Ejército, institución laica de un país laico, tendrá entre sus labores enviar un mensaje subliminal de castigo para quienes con ciega locura, como dice el himno, osen no rezar en público. Se cumple de nuevo aquel temor ciudadano de vivir en un país donde nunca termina la capacidad de asombro o de indignación. Fernando Linares Beltranena, el ponente y entusiasta apoyador de esta loquera, tiene ahora la tarea de retractarse, como ya lo hizo una vez junto con quienes aprobaron una ley para beneficiar a criminales, cuando querían beneficiarse ellos, los diputados. Tales actitudes dentro del parlamento causan el rechazo popular no a esta clica, sino a ese poder del Estado, y es un problema serio para las migas de democracia en el país.

Constituye un ejemplo de grotesco oportunismo político. Debido al aumento de los movimientos religiosos en Guatemala, se trata de una acción dirigida exprofesamente a obtener simpatías para convertirlas en votos favorables electorales. Es burdo, porque demuestra una vez más el convencimiento en el Congreso de la escasa cantidad de materia gris de los electores. Por ello no es aventurado pedir a los representantes de todos los grupos religiosos del país pronunciarse a favor del Estado laico, por sus beneficios, y el derecho de los creyentes a rezar dentro de sus hogares o en sitios al aire libre, sí así lo deciden. Los derechos no pueden ser impuestos, porque deben implicar la posibilidad de no aprovecharlos. Es una sugerencia llamada a fracasar por la laicidad del Estado.

En un gobierno como el actual, cuyos principales integrantes tienen la costumbre de invocar a Dios en vano —como lo prohíben las escrituras bíblicas, tan manoseadas—, la sugerencia hoy comentada tiene la mancha del oportunismo político y de la posibilidad de engañar a la ciudadanía haciéndola creer en la mentira de confundir los conceptos de laicidad con los de ateísmo, pero peor aun, de un ateísmo convertido en eliminador de los creyentes. Debe ser rechazada, tarea muy difícil, porque la mayoría de los integrantes del Congreso están dispuestos a todo con tal de caerle bien a los ciudadanos, ante la esperada derrota oficialista en las elecciones siguientes, como ha ocurrido en todos los comicios de la era democrática electoral iniciada en 1984.

Tengo claros y arraigados mis conceptos respecto a la religión. No estoy en contra del derecho ciudadano a adorar a su Dios conforme a sus creencias. Pero de eso a poner soldados en las calles a vigilar cuando la gente está rezando el rosario o aplaudiendo, hay una distancia enorme. Estoy convencido del error de mezclar religión con política, porque se trata de un verdadero coctel Molotov al mezclar dos elementos comunes en su aspecto de reacción emocional, no necesariamente serena ni reflexiva, aunque estos dos elementos pueden estar presentes. En resumen, la acción en el Congreso es una nueva prueba del delicado rumbo por el cual los diputados llevan al país, con plena conciencia: a la intromisión de una dictadura con base religiosa. Terrible…