Dentro de las acciones que son parte del proceso para eliminar el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, ayer por la tarde la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un plazo de 12 horas, que finalizan hoy al clarear el día, para que la Corte Suprema de Justicia le entregue un informe detallado de las razones por las cuales decidió dar trámite a esa acción político-jurídica.

La CC recibió ayer dos peticiones para desestimar el proceso previo al antejuicio, aprobado de manera unánime por la CSJ. Uno de los solicitantes indica que el trámite fue hecho por el máximo tribunal del país “sin un profundo y verdadero análisis jurídico” y sin razonamiento suficiente. La otra petición propone que sea frenado ese proceso. El vocero presidencial asegura que el mandatario no pidió la acción indicada y por ello procesará al abogado solicitante.

Estas primeras acciones en referencia al proceso de antejuicio solamente demuestran con claridad que es largo, complicado y especialmente delicado, porque no tiene precedentes, ocurre cuando hay agitación jurídico-política en el país, en medio de una voluntad popular clara, manifestada especialmente con la presencia de miles de ciudadanos en las plazas de la capital y los departamentos.

Por estas razones, el sistema jurídico nacional se encuentra una vez más en el banquillo de los acusados, como ocurre cada vez que hay casos de alto impacto social, entre los cuales pueden mencionarse los de la jueza Marta Sierra de Stalling, el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, la defraudación aduanera del grupo delincuencial La Línea y el IGSS, a los que se agregan los casos Siekavizza, Gerardi y muchos otros más.

La premura de la orden de la CC puede ser también motivo de extrañeza, porque está basada en el hecho de que para hoy el Congreso integre por sorteo a la comisión parlamentaria que se encargará de analizar el caso y recomendar si procede continuar con el antejuicio. Este dictamen llegará al pleno, que por mayoría calificada debe tomar la decisión final para que el presidente se vea obligado a responder ante un juez por esas acusaciones.

Debe entenderse que la decisión del Congreso será eminentemente política, aunque quienes integren la comisión lleguen a esta por consecuencia de un azar que está especificado en la Ley. Esto implica que existe la posibilidad de una mayoría de parlamentarios opositores al presidente, como también la de un grupo afín o neutral, aunque esto último es de verdad poco probable.

Otros dos factores imposibles de obviar son: uno, el proceso electoral, que se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina y que acentúa los intereses políticos, cuya principal meta es la de ganar los comicios, y otro, la presión social sin precedentes. Los diputados deben entender que cualquier decisión de ellos no los exime del reclamo popular de una depuración del Congreso, que obviamente es el siguiente paso en esta ola de exigencia popular por un cambio en la manera de hacer política y gobierno en un país tan lacerado por la corrupción.