Dicen que el acuerdo final de paz se firmó el 29 de diciembre porque si no se hacía todavía ese año (1996), ya no se iba a firmar y el conflicto se hubiera prolongado por saber cuánto tiempo más. No soy quién para sustentar o invalidar tal afirmación, mas no puedo evitar pensar que la decisión de sellar un proceso —que tomó más de 10 años de negociaciones— con un acto que se realizó justo en medio del jolgorio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ese año, no fue solo para evitar dicha posibilidad —de reactivación del conflicto—, sino para que tan significativo hito histórico quedara grabado difusamente en la mentalidad de la gente y prosiguiera anualmente como un rito más, vacío de contenido, como tantos otros que tenemos en Guatemala.

A la mejor los 29 de diciembre serían diferentes si la paz firmada hubiera sido un acta de rendición por parte del “enemigo”, como se acostumbra en otros lados. Su conmemoración anual sería entonces una remembranza de la victoria de un bando sobre el otro; una honra pomposa al más favorito de los pasatiempos del ser humano: “yo gano”- “tu pierdes”.

Pero como nunca se trató de eso, la paz guatemalteca quedó asfixiada por el humo de los cohetes, ahogada en el ponche con piquete y ninguneada por la proximidad de la parranda de la Noche Vieja. Está allí, presente en el calendario anual, pero arrugada y apuñuscada, en alguna esquina de nuestro imaginario colectivo, igual a como queda el papel de regalo luego de cumplir su cometido navideño. Un rito de paso inscrito en medio de otro rito de paso.

A la mejor pensaron en ese entonces que era un mal mensaje afianzar en la memoria colectiva que la firma de la paz era un hecho con contenidos sustantivos y que en ese sentido era una paz salida del canon; una paz para el desarrollo, donde todos ganábamos si todos los bandos y grupos de interés cedían un poco. Pero no. ¡No fuera a ser que se anclara en serio en el imaginario de la gente que, de ahora en adelante, el Estado debía trabajar a favor del bien común y no del particular! No se fueran a creer que de verdad había que remover las causas de fondo que llevaron al conflicto armado en primera instancia, y que eso significara que tarde o temprano se iban a tocar intereses que no se tenía ningún interés de que fueran a ser tocados.

Como bien se sabe, lo simbólico y lo objetivo suelen ir de la mano. Uno afianza al otro y viceversa. Tanto así que el gobierno firmante del Acuerdo Final de Paz Firme y Duradera fue el mismo que selló el proceso de desmantelamiento y debilitamiento de la institucionalidad del Estado. No solo no quedó institucionalidad capaz de cumplir con los acuerdos de paz, sino que allí se abrió la puerta a toda una nueva era de modalidades de enriquecimiento a costillas del erario público. Práctica que luego, cada gobierno posterior, se hizo cargo de aderezar con su color y estilo propio, hasta traernos a la caótica situación actual. A este túnel aún sin luz al final.

Hace 20 años no se logró establecer una nueva correlación de fuerzas en la sociedad que favoreciera la equidad, la inclusión y el desarrollo. Todo se quedó en el papel. Ahora, esperamos que el MP y la Cicig libren la batalla por nosotros. Su actuar es necesario, indispensable, mas no suficiente: sin una ciudadanía activa, politizada y preocupada por participar en los asuntos públicos, bien se puede escribir una nueva constitución, nuevos acuerdos, nueva agenda de desarrollo, lo que quieran; pero la historia se repetirá una y otra vez hasta que no quede más que odio y devastación alrededor. Y no, este texto no es una broma. Lo digo muy en serio.