Comenzamos el segundo mes del 2019, un año importante, por ser electoral, para verificar qué tan comprometida esta la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y la impunidad, sobre todo, cuando vemos que las más altas autoridades del país están dedicadas a consolidar la dinámica de la corrupción, a provocar confrontación y división en la sociedad, a torpedear nuestra frágil democracia, y a cometer delitos en abierta desobediencia a la Corte de Constitucionalidad.

Los tres altos organismos del Estado: Ejecutivo-Legislativo-Judicial conspiran para causar un clima social tenso, una crisis institucional y política peligrosa para la paz y la prosperidad de los guatemaltecos, para provocar confrontación con la comunidad internacional y las organizaciones sociales críticas del sistema.
Los presidentes de estos organismos decepcionan al emprender acciones contra la Corte de Constitucionalidad, en una clara muestra de que están pactando con los corruptos.

El mandatario de la República encabeza esta lucha al arremeter contra tres magistrados de la CC, además de no acatar sus resoluciones; el presidente del Legislativo, por su parte, ha despotricado contra la CC, calificándola de un “cuarto poder” y hablando irresponsablemente de la “dictadura de los jueces”, cuando lo único que han hecho es corregirles la plana cuando abusan del cargo que el pueblo les confió; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue uno de los 10 magistrados que votó para darle trámite al antejuicio en contra de los tres magistrados de las CC, en un acto vergonzoso hecho con el fin de congraciarse con los diputados de los partidos Líder y Patriota, ya cancelados, que los ubicaron en esos cargos.

De más de 7 millones y medio de votantes depende que los 107 diputados, del Pacto de Corruptos, sean reelectos. Estos son los que en septiembre del 2017 aprobaron aquellos decretos que contenían las reformas al delito de financiamiento electoral y sobre la conmutación de penas, dejando más de 400 delitos exentos de cárcel.

De la ciudadanía depende que estos diputados busquen inmunidad en alguna de las 340 alcaldías o en el Parlacen, lo cual sería nefasto. Estos diputados, que se jactan de ser los representantes del pueblo, le dieron una puñalada al mismo pueblo al poner en riesgo el orden democrático y jurídico de la nación.

Ni ellos, ni los tránsfugas, es decir, los que cambian de partido; ni aquellos que atacaron falsa y vilmente a la Cicig deben ser reelectos. Tampoco los que protegieron al presidente para no levantarle el derecho de antejuicio. Ellos son el rostro concreto de la mala política que está al servicio de los corruptos, lo demostraron esta semana al atacar, cual jauría de mastines, al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien ha hecho una defensa de la institucionalidad del país y de la encomiable labor de la Cicig.

Les dijo con firmeza: “La corrupción socava la democracia y el estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos y menoscaba la calidad de vida teniendo un impacto negativo en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tal y como reconoce la convención de la ONU contra la corrupción”. Su informe provocó alaridos en el hemiciclo. Durante estos tres años la mayoría de los diputados nos han mostrado que carecen de capacidad, idoneidad y honradez. (Art. 113, Constitución de la República).

Esto también lo decimos de la mayoría de alcaldes y sus feudos, donde reina la corrupción y la impunidad, donde se mantienen vínculos con los narcotraficantes y se muestran aliados de aquellos partidos responsables de la mala política que mantienen en el subdesarrollo y en el empobrecimiento a los pueblos.