Lo primero que no parece entender el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, es que no es la persona idónea ni capaz para determinar cuántos agentes de la Policía Nacional Civil debe tener la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como lo declaró ayer a los medios de comunicación. Tomar medidas unilaterales solo es una muestra de tozudez.

No se trata de si tiene razón o lo hace bajo criterios hepáticos, pues lo más importante es que comprenda que él no está sobre la ley ni sobre ningún acuerdo de Estado como para asumir actitudes autoritarias al frente de una de las carteras más importantes para el combate de la criminalidad. Con esto solo abona en el desprestigio del deteriorado gobierno de Jimmy Morales, a quien boicotea, pues sus decisiones deben estar fundamentadas en discusiones con las partes involucradas.

Lo que hasta ahora ha hecho Degenhart es generar en varios sectores una profunda animadversión a su gestión, pues sus medidas adquieren un tinte de hostilidad hacia quienes el presidente Morales también ha mostrado rechazo. Es una situación parecida a la de los reiterados y tercos ataques contra la prensa independiente.

La situación por la que atraviesa el Gobierno es una de las más precarias de las últimas décadas, y sobre todo la imagen del presidente está muy erosionada por escándalos de corrupción y, ahora, por denuncias sobre supuestas conductas deshonestas con varias mujeres que trabajan para el Estado.

En tal sentido, Degenhart solo está complicando más el panorama, porque aquí de lo que se trata es de dar muestras convincentes de que no se busca proteger a estructuras mafiosas dentro del Estado, como lo repitió ayer el presidente Morales, al decir que su gobierno combate la corrupción, aunque cada vez hay más hechos que evidencian lo contrario, empezando por las actitudes prepotentes de funcionarios que le fueron impuestos.

Hasta ahora la mayor parte de los allegados al mandatario no han dado muestras de querer romper con el oprobioso pasado reciente. De las anteriores administraciones existe un inconcebible número de funcionarios y dignatarios tras las rejas. Por el contrario, continúa el latrocinio, la sobrevaloración de compras y adquisiciones, tráfico de influencias o interferencias de diputados para beneficiar a empresas de parientes y compinches.

Sobre las abundantes denuncias, ni el presidente ni nadie de sus funcionarios se pronuncia, por lo menos para condenar y frenar esa conducta. Más bien tratan de descalificar a los críticos y medios de comunicación que denuncian y presentan evidencias sobre las claras muestras de corrupción que continúan con este gobierno, a pesar de haber sido el eslogan para llegar a la presidencia del actual mandatario.

Eso es lo que no parece entender gente como Degenhart, ni mucho menos el concepto de gobernanza que debería prevalecer en un modelo de democracia, más aún cuando pretende asumir una actitud autoritaria que lo coloca al borde de la ilegalidad, al tomar decisiones sobre las cuales también el presidente debe asumir la responsabilidad, salvo que no tenga la menor idea de lo que hacen sus funcionarios.