Cuando Óscar Chinchilla tomó posesión de la presidencia del Congreso, el pasado 14 de enero, manifestó su compromiso por lograr la aprobación de la reforma del sector justicia porque, dijo, ese organismo no debe dejar pasar “la oportunidad de construir una Guatemala diferente y que los diputados puedan escribir su nombre en el lado correcto de la historia”. Dos meses después no se ve por ningún lado ese compromiso y el Legislativo atraviesa por un período de ingobernabilidad, debido a la falta de liderazgo de su presidente y de las acciones de los sectores que buscan mantener la impunidad. Chinchilla, de Creo, llegó a ese puesto gracias a una alianza articulada por el oficialista FCN que quiso convertirse en la fuerza dirigente del Congreso, pero sin tener una agenda definida, lo cual se refleja en el caos en que se encuentra el parlamento.

La inercia en que mantiene Chinchilla al Congreso ha permitido que la reforma al sector justicia sea desplazada de la agenda, pese a que ya no existirían elementos que entorpezcan su aprobación. A principios de este mes, las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas retiraron la propuesta de modificar el artículo 203 constitucional que buscaba el reconocimiento del derecho consuetudinario y que era adversado por el sector empresarial. Pese a ese gesto digno, no hubo ningún cambio en el Congreso, con lo que se evidenció la falta de interés de los diputados de impulsar las reformas al sector justicia, una medida de gran trascendencia histórica. Al contrario, pareciera que existe una estrategia dirigida a echar por tierra los esfuerzos por mejorar la justicia, como una forma de resistencia contra las acciones anticorrupción del MP y la Cicig.

Es indudable que un alto porcentaje de diputados teme que de un momento a otro sus nombres aparezcan en listas de perseguidos por la justicia. Aún está pendiente el caso Odebrecht, en el que estarían involucrados varios legisladores que habrían aceptado sobornos de esa empresa brasileña. Esta situación ha determinado que una forma de arremeter contra las investigaciones penales es estancar las reformas al sector justicia y buscar iniciativas que les permitan evitar la persecución penal. Entonces estamos ante un organismo en el que, con contadas excepciones, se ha desplazado de la discusión y aprobación los temas de carácter estratégico para el país, para dar paso a iniciativas oscuras.

Una de esas acciones sin sentido es la interpelación a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, impulsada por la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana. Esta acción estaría encaminada a tratar de sacar a la funcionaria de ese ministerio debido a la lucha contra la corrupción que impulsa y que afecta intereses de legisladores y sindicalistas. Paradójicamente, diputados oficialistas estarían detrás de esta medida arbitraria que afecta en forma directa al presidente Jimmy Morales al que deberían de acuerpar.

El Congreso ha dejado de ser la representación del pueblo para convertirse en una instancia en que los diputados buscan dar el salto cuántico a una vida de opulencia a través del saqueo de los recursos del Estado. Ahora le agregan el componente de la resistencia a las acciones contra la corrupción con el bloqueo de iniciativas de alto impacto como las reformas al sector justicia. Con mucha razón, las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas han desconocido al Legislativo por su falta de legitimidad y su sometimiento a los poderes fácticos del país. Es de suma trascendencia la convocatoria maya a impulsar un proceso de depuración de los órganos del Estado porque constituye una iniciativa que busca unificar a todas las fuerzas favorables al combate de la corrupción y la profundización de la democracia.