La Unidad de Protección contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) dio la voz de alerta. Entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2018 ha recrudecido la violencia contra las personas que se dedican a defender los derechos humanos.

Se registran un total de 135 agresiones, entre éstas 13 asesinatos: cinco de integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); tres del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA); dos periodistas; un integrante de la coordinadora de las comunidades afectadas por la agroindustria de la caña de azúcar; un miembro de la Comunidad Indígena Chortí Morola y una persona asesinada que integraba la Pastoral Social de la Tierra de Quetzaltenango. Además, hubo dos intentos de asesinato contra miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) y 32 agresiones contra mujeres que defienden derechos. En el caso de las defensoras, los ataques también se relacionan con su condición de mujeres.

En una entrevista radial, el coordinador general de la Udefegua, Jorge Santos, explicó que han logrado determinar un patrón coincidente en algunas de estas muertes, no solamente por la forma en que se realizan (modus operandi), sino por su vinculación con el trabajo de defensa de derechos. La mayoría de las víctimas son personas que integraban los movimientos campesinos en defensa de la tierra y del territorio.

Una de las principales preocupaciones es la inoperancia con la que está actuando el Ministerio Público (MP) en la investigación de los asesinatos y el desinterés mostrado por el personal local de la Fiscalía, que no solamente se presenta tarde a las escenas del crimen, sino que permite que se contaminen.

En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresaron que: “Los asesinatos y otros actos de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos tienen un impacto adicional sobre todas aquellas personas o comunidades para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad”.

Aunque la violencia contra las y los defensores tiene en los asesinatos su forma más extrema, una de las estrategias recurrentes es la persecución penal contra líderes e integrantes de los movimientos locales de resistencia —e incluso contra comunicadores comunitarios— que son acusados de graves delitos (que no han cometido), muchos de los cuales no tienen medida sustitutiva, lo que les deja en prisión por largo tiempo, les obliga a suspender la defensa de sus derechos y ataca el corazón de la organización comunitaria.

Aunque en la mayoría de los casos las acusaciones se desestiman y los juicios no prosperan por falta de sustento, la privación de libertad y las campañas de difamación y calumnia “mientras se investiga” causan un enorme daño a las y los defensores, a sus familias y a sus organizaciones.

El caso más reciente (29/6/18) es la captura del señor Eduardo Bin Poou, directivo de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal, quien ha denunciado la contaminación ocasionada por la empresa minera CGN. Mismo modus operandi utilizado contra el presidente de la gremial, Cristóbal Pop.

La impunidad es la mejor aliada de los grupos y sectores que están atacando a los defensores/as de DD. HH. El MP tiene una enorme responsabilidad en dejar que los autores —materiales e intelectuales— de estos asesinatos sigan libres, pero también en consentir y permitir que se utilice la persecución penal para destruir la organización comunitaria y la defensa de derechos.

@MarielosMonzon