Esta semana se reunirán en Miami los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, y el vicepresidente de Estados Unidos. La cita servirá para relanzar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), iniciativa surgida ante la crisis migratoria provocada por los más de cincuenta mil niños, niñas y adolescentes que en 2014 salieron hacia Estados Unidos sin compañía de un adulto y que fueron detenidos en sus fronteras.

La migración es producto de la pobreza, la desigualdad y la impunidad. El 80 por ciento de los pobres centroamericanos —16 millones de personas— sobreviven en el Triángulo Norte, en donde el 20 por ciento de población más rica concentra más de la mitad del ingreso nacional. Intentar llegar a Estados Unidos constituye una oportunidad para alejarse de la violencia impune y la falta de bienes y servicios públicos básicos como educación y salud. La reunificación familiar es el otro factor que motiva la migración. En 2013 vivían en Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas oficiales, 2.7 millones de personas que partieron alguna vez del Triángulo Norte.

La violencia persigue a los desterrados en su camino hacia Estados Unidos. De acuerdo con Médicos sin Fronteras, 7 de cada 10 migrantes atendidos entre 2015 y 2016 relataron haber sido víctimas de vejámenes en México: robos, violencia física y abusos sexuales perpetrados por miembros de organizaciones criminales y agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Infortunadamente, el PAPTN no es la solución porque la definición de su contenido ha estado marcada más por la agenda de algunos sectores empresariales cercanos al poder que por objetivos de desarrollo nacional. Esto ha provocado que las discusiones sobre lo estructural —inversiones públicas sociales, reforma fiscal y acceso a trabajo decente con remuneraciones justas— queden disminuidas. De los USD16,660 millones que costará el plan, entre 2016 y 2020, según rubros identificados por los gobiernos del Triángulo Norte, el 65 por ciento está destinado al estímulo del sector productivo —alianzas público privadas para infraestructura, diversificar matriz energética, mejorar corredores de logística y el ambiente de negocios, principalmente—, 30 por ciento para desarrollo de capital humano y 5 por ciento para mejorar la seguridad y justicia. Por cierto, las remesas familiares hacia estos países sumaron en 2016 cerca de USD15,700 millones.

Tan lejano de los ciudadanos está este plan como los gobiernos del Triángulo Norte. En El Salvador, incluso, se ha reducido en los últimos años el gasto social. En Honduras se ha ampliado el presupuesto para defensa y seguridad, al tiempo que aumentan los recursos para programas de asistencia social que son utilizados para la campaña electoral del actual presidente. En Guatemala, el intento de reforma tributaria del Gobierno, basado en un impuesto a los combustibles, era una obtusa apuesta por más pobreza e ingobernabilidad. En concreto, nada fiscal a favor del bienestar social. Por el contrario, en los tres países se han aprobado amnistías y privilegios fiscales que destruyen la moral ciudadana y refuerzan la idea de que lo público está cooptado por el poder privado.

Finalmente puede que el plan para la prosperidad lo sea para algunos, pero falta un plan que haga prosperar a todos: que fije metas, acciones y compromisos compartidos para un crecimiento económico sostenible, un piso mínimo de protección social universal y una administración pública con fuerza fiscal, inteligencia y legitimidad para marcar un nuevo norte.

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