La Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, para poner de manifiesto la importancia de su respeto y protección por parte de los Estados y sociedades. Este año también celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 define la libertad de opinión y de expresión como el derecho a adquirir, recibir y compartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación, sin consideración de fronteras.

Es pertinente, necesario y urgente, por tanto, seguir reafirmando que la libertad de prensa es esencial para la existencia de sociedades democráticas, libres y participativas. Del mismo modo, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades estatales, son pilares fundamentales quienes la ejercen de primera mano: periodistas, comunicadoras y comunicadores y medios de comunicación en su conjunto.

A pesar de avances significativos en las últimas décadas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa a nivel global, la diversificación de medios gracias a la esfera digital y por tanto el incremento de medios independientes, las y los periodistas todavía siguen bajo amenazas y su protección se ha vuelto aún más importante.

OACNUDH, en su Informe de 2022 sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, señaló un deterioro de las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; así mismo, documentó el aumento de intimidación y hostigamiento contra periodistas, incluso criminalización (es decir, el uso indebido del Derecho Penal), además de actos contra su integridad física o difamaciones en redes sociales. Dichos actos se produjeron, por ejemplo, tras la publicación de investigaciones sobre casos donde denunciaban posibles hechos de corrupción.

Este aumento en la magnitud y el número de actos perpetrados contra profesionales de los medios de comunicación, incluyendo quienes trabajan en ellos con otras funciones, tanto en la esfera física como en la digital, debilitan el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, así como la libertad y pluralidad de los medios de comunicación.

Estas libertades juegan un papel esencial para la protección de los derechos de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad y en la lucha contra la discriminación; en el ejercicio del derecho de asociación y de reunión pacífica; en el derecho de todas las personas a defender los derechos humanos; o en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como en el derecho al disfrute de un medio ambiente sano. Por supuesto, también son fundamentales para garantizar el derecho de participación, y con mayor relevancia si cabe en un contexto electoral como el de Guatemala.

Es importante que los Estados cumplan con su rol de garantes para la promoción, protección y garantía del libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa, para así asegurar también una pluralidad e independencia de medios de comunicación y la transparencia de las autoridades públicas. Con ese objetivo, y para prevenir actos en contra de periodistas y comunicadores, resulta esencial la elaboración e implementación de políticas públicas y mecanismos integrales de protección que tengan en cuenta las especificidades de sus diferentes perfiles y que incluyan su participación activa en el diseño e implementación.

Como dijo en su momento Marisa Ressa, Premio Nobel de la Paz 2021, “Sin hechos no hay verdad. Sin verdad, no hay confianza. Sin confianza, no tenemos realidad compartida, ni democracia, y se hace imposible abordar los problemas existenciales de nuestro mundo”.