Es evidente que las cortes juegan un rol sumamente relevante en el desarrollo en sociedad y económico de cualquier país, ya que cumplen con la función de brindar seguridad jurídica a la población, así como con la esencial tarea de hacer valer la ley. Actualmente Guatemala ocupa el vergonzoso puesto 96 de 126 países en el índice de estado de Derecho, índice elaborado por World Justice Project (WJP). Entre los datos más preocupantes está que en el 54% de los casos en Guatemala hay presencia de corrupción en la aplicación de la justicia, y en el 60% de los casos no se respeta el debido proceso. La atención y cambios que necesita el Sistema Judicial del país se hacen cada vez más evidentes. Sin embargo, la Justicia en Guatemala ha sido la cenicienta de los poderes del Estado, con muy poca atención ciudadana y política para la solución de sus problemas.

Además del defectuoso funcionamiento del sistema judicial, actualmente aún contamos con magistrados en el cargo de forma extraordinaria; cinco meses después de la fecha en que los nuevos magistrados debieron asumir su cargo. Esto, debido a las múltiples suspensiones y repeticiones que han existido en el proceso de elección de magistrados del Organismo Judicial que dio inicio el año pasado y aún no culmina, ni hay fecha cierta de su finalización.

Actualmente, uno de los poderes del Estado está atravesando una crisis seria, que para muchos no termina de ser evidente, mientras otros están conscientes de ello y pretenden utilizar la crisis para su fines particulares. La falta de elección de nuevos magistrados, con la prolongación de función de los actuales, la suspensión indefinida sin certeza del proceso de elección y el deficiente funcionamiento de justicia debe ser razón suficiente para que los distintos sectores sociales y políticos lleguen a acuerdos mínimos para trazar una solución basada en la institucionalidad e independencia judicial.

De esta crisis puede derivar una oportunidad para mejorar o un lamentable empeoramiento. Un punto de partida importante debería ser el acuerdo en que la prolongación de funciones que estamos viviendo en el Organismo Judicial es contrario a un sistema republicano y que debemos solucionarlo de forma inmediata, y no aceptar que dicho precedente se repita en otra ocasión ni en otro poder del Estado. El otro problema que debe ser atendido de forma seria es la falta de independencia y eficiencia del Organismo Judicial; a través de las correspondientes reformas que distintos actores y sectores han señalado.

Guatemala necesita con urgencia fortalecer las instituciones para realmente consolidar el sistema democrático y republicano que aspiramos a ser en nuestra constitución. Una de las funciones esenciales de cualquier constitución es regular adecuadamente el poder público, para que los funcionarios que ostenten el poder lo realicen de una forma limitada, ordenada y predecible. Las soluciones a la situación que atraviesa el Organismo Judicial deben estar basadas en principios republicanos de independencia y poder limitado.

Las condiciones actuales son favorables para que como país logremos mejorar el Organismo Judicial. Sin embargo, no perdamos de vista que hay pescadores de río revuelto que intentarán aprovechar la situación actual para lograr sus fines particulares, corruptos e ideológicos, acaparando y menoscabando la justicia del país. Es necesario trazar una hoja de ruta seria que vele por una ordenada elección del Organismo Judicial, el fortalecimiento institucional, la limitación del poder público, la independencia del Organismo Judicial y la construcción de una verdadera república.

Nos encontramos en un pulso entre el fortalecimiento institucional y las mafias que buscan controlar la justicia para sus fines particulares.