Revertir las pérdidas forestales: Una ruta para aprovechar la biodiversidad única de Guatemala

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Empiezo con una aseveración que nadie duda: Guatemala es muy rica en diversidad natural y cultural. Por donde se vea, es evidente que posee muchísimos valores y activos en su naturaleza y en su gente. Lo he podido apreciar a diario desde que vivo en el país.

Veamos ahora algunos datos sobre esa riqueza natural de Guatemala,  considerada una de las naciones más megadiversas del mundo. Tiene siete biomas distintos; es decir, zonas geográficas caracterizadas por compartir flora, fauna y clima. El país tiene además el porcentaje más alto (13%) de especies propias de una región, o endémicas, en América Central.

Alrededor de 3.7 millones de hectáreas —más de un tercio del territorio— están cubiertas por ecosistemas forestales, incluidos bosques tropicales de coníferas y latifoliadas, bosques mixtos de tierras altas, bosques secos y manglares.

Los bosques proporcionan múltiples bienes y servicios para los ecosistemas, incluida la regulación del agua, reducción de la vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos, mejora de la resiliencia de la infraestructura, generación de oportunidades económicas y mejora de la integridad y la productividad de la tierra. Para muchos pueblos indígenas de Guatemala también representan sus medios de vida, acogen sitios culturales y sagrados y forman parte de su patrimonio cultural. Para miles de hogares, en especial los muy pobres, los bosques son fuente de tierra para la agricultura de subsistencia y proveedores de plantas medicinales, semillas y agua limpia, entre otros.

Estos bosques, no obstante, están bajo severa amenaza de deforestación y degradación. Entre 2001 y 2016 Guatemala perdió zonas boscosas a una tasa promedio anual de 34,500 hectáreas —1% del total de  bosques, equivalente a más de 64 mil campos de fútbol—.

Existen varios impulsores y condiciones detrás de esta pérdida. Por ejemplo, limitadas oportunidades de empleo en zonas rurales impulsan a la larga que zonas boscosas sean convertidas en tierras para agricultura o pastoreo de manera no sostenible. La deforestación también sucede por expansión urbana desordenada, incendios forestales y prácticas de tala ilegal. Otro factor es que un tercio de la población depende de la leña como principal fuente de energía. Finalmente, las invasiones de tierras comunales, debido a la falta de titulación y tenencia segura de tierras, también contribuyen a la deforestación y la degradación.

Estas pérdidas forestales, junto a prácticas agrícolas poco sostenibles, reducen los múltiples bienes y servicios de las zonas boscosas. Por ejemplo, reducen significativamente la calidad de los recursos hídricos y aumentan la vulnerabilidad ante los eventos climáticos extremos, que se prevé sigan siendo más frecuentes e intensos. Con esto, se reduce la resiliencia y perdemos todos.

Defensa crucial

Una noticia positiva es que Guatemala cuenta con una defensa muy importante para grandes extensiones de áreas boscosas. En la actualidad, los pueblos indígenas y las comunidades locales contribuyen a la conservación forestal sostenible de 1.58 millones de hectáreas de tierras comunales, un área equivalente a la extensión territorial combinada de Quiché y Huehuetenango.

Esta área representa un 42.7% del total de las zonas boscosas en el país e incluye más de 500 mil hectáreas gestionadas por comunidades; 300 mil hectáreas de bosques municipales comunales; 400 mil hectáreas de concesiones forestales comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya, y terrenos más pequeños que incluyen propiedades de cooperativas, sitios sagrados y tierras públicas con derechos de acceso local.

Esa gestión se ha traducido en una efectiva protección ante la amenaza de la deforestación. En Petén, el manejo de concesiones forestales por parte de pueblos indígenas y comunidades ha mostrado reducciones prometedoras: 0.4% anual de deforestación frente a 5% anual en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya.

Las comunidades en Petén que tienen concesiones forestales producen, además, madera de manera sostenible, y con certificaciones y mejoras en sus procesos exportan madera directamente a grandes mercados internacionales. Otro caso exitoso es la preservación de usos culturales del bosque de forma colectiva por parte de la Junta de Bienes Comunales y Recursos Naturales de los 48 Cantones de Totonicapán, que maneja más de 22 mil hectáreas, incluyendo el Parque Regional Los Altos San Miguel de Totonicapán.

Mayor certeza y apoyo

Un aspecto que ha limitado la expansión de modelos de forestería comunitaria a otras áreas del país ha sido la falta de reconocimiento formal sobre tierras comunales. Por ejemplo, los pueblos indígenas y comunidades locales han asegurado tenencia de la tierra en solo el 12% de los bosques que manejan y protegen. Se necesita, además, un mayor reconocimiento de los modelos de manejo forestal colectivo y usos culturales del bosque para fomentar dicha expansión.

Un nuevo proyecto —con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial— busca empoderar a pueblos indígenas y comunidades locales en Guatemala para que, además, aumenten los beneficios que obtienen de su gestión sostenible de bosques y recursos naturales. El proyecto es parte del Mecanismo Dedicado Específico (MDE) para pueblos indígenas y comunidades locales, una iniciativa global que apoya su participación en el esfuerzo internacional por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+).

El MDE  apoya a comunidades forestales en Perú, Burkina Faso, México, Brasil e Indonesia, entre otros países, para la titulación de tierras indígenas, el desarrollo de medios alternativos de vida e ingresos, la recuperación y conservación de recursos naturales, la consolidación de la educación ambiental y el fomento de oportunidades económicas y empoderamiento de mujeres indígenas.

En Guatemala, el MDE complementará a la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Deforestación y Degradación de Bosques en Guatemala y otros financiamientos del Fondo de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) para promover el reconocimiento de los modelos tradicionales y colectivos de manejo forestal en el país. Para ello, el proyecto propone recuperar las formas tradicionales de manejo sostenible de los territorios que habitan los pueblos indígenas y comunidades locales, implementar un mecanismo piloto de pago por servicios ecosistémicos que reconozca dichas formas de conservación, y fortalecer la gobernanza de autoridades tradicionales en su participación en espacios de diálogo local, nacional e internacional relevantes para FIP, REDD+ y cambio climático.

Se espera que el proyecto beneficie directamente a aproximadamente 17 mil miembros de pueblos indígenas y comunidades locales. Además, 100 mil personas se beneficiarán indirectamente gracias a las mejores condiciones para el manejo sostenible de bosques y recursos naturales.

Otra iniciativa aprobada en 2021 también apoyará a quienes protegen los bosques en el país. Guatemala firmó un acuerdo de pago por reducción de emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF,  en inglés) del Banco Mundial. Este acuerdo permite al país tener acceso a hasta US$52.5 millones para recompensar esfuerzos para reducir 10.5 millones de toneladas de emisiones de carbono, en el marco del mecanismo REDD+.

Estos fondos financiarán el programa guatemalteco de reducción de emisiones y beneficiarán directamente a comunidades, asociaciones, actores privados, cooperativas e individuos que protegen, recuperan y preservan los bosques. Esto asegura que todos los participantes sean reconocidos y recompensados de manera justa por su importante rol en la reducción de emisiones.

Se trata de dos iniciativas en Guatemala que traerán beneficios directos para quienes ya cuidan y viven de los bosques. Estos esfuerzos serán fundamentales para ayudar a proteger miles de hectáreas boscosas, contribuyendo además a preservar la riqueza natural del país y sus múltiples bienes y servicios ecológicos. Estas iniciativas también ayudarán a que los beneficios económicos de los bosques sigan contribuyendo al crecimiento de la economía guatemalteca y que generen más oportunidades productivas para más personas. Todo esto abonará a que el crecimiento económico sea cada vez más verde, pero también más inclusivo y resiliente.