Las imprudencias del presidente Jimmy Morales y buena parte de su gabinete están pasando de lo chocarrero a una preocupante conducción temeraria del Ejecutivo, lo cual conlleva riesgos insospechados para el andamiaje institucional, porque es notoria la inmadurez y la falta de conocimiento cuando la complejidad de la problemática demanda seriedad.

La difusión de un video por parte del mandatario, durante un allanamiento a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) en el 2016, ha sido tratada de manera burda, al extremo de haberlo manipulado para presentarlo como un alto riesgo para la seguridad de muchas personas y como una presunta violación a la soberanía nacional por parte de delegados de la Cicig, participantes en las pesquisas.

Este ha sido el origen de una nueva e innecesaria fuente de desprestigio para el presidente, porque tanto él como su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, evidencian una enfermiza animadversión hacia quienes encabezan la lucha contra la corrupción, fuente del desasosiego de políticos y gobernantes guatemaltecos.

El Ejecutivo se obstina en buscar argumentos para solicitar una revisión del acuerdo con la Cicig, con el pretexto de que se habría violado la soberanía, mientras son incapaces de explicar las amenazas a la seguridad nacional, simplemente porque no lo entienden y por eso se escudan en el hermetismo cuando deben explicarlo.

Quizá lo más grave y poco meditado en la difusión de grabaciones que buscan descalificar a la Cicig es que queda muy mal parada la oficina gubernamental, porque el video de la discordia fue difundido primero por un tuitero, obviamente filtrado desde sectores oficiales, sin reparar en que eso es a la vez una evidencia de la fragilidad en la custodia de información privilegiada, supuestamente bajo resguardo oficial.

Resulta patética la porosidad de esa oficina, cuyos máximos responsables también deberán explicar los niveles de seguridad prevalecientes en instalaciones que facilitaron el flujo de material supuestamente vinculado con la seguridad nacional y por qué terminó en manos de particulares, por ser esa información que supuestamente sirve al Gobierno para argumentar intervencionismo.

El prestigio del mandatario pasa por su peor momento como para emprender una nueva cruzada anti Cicig y seguramente está motivada por malos consejos de quienes temen los avances logrados en contra de las mafias incrustadas en el Estado. Resulta inverosímil que el presidente Morales pretenda a estas alturas de su mandato hacernos creer que es el máximo defensor de la soberanía nacional, cuando sus principales aliados en el Congreso y en las cortes son la peor vergüenza, porque sus mayores esfuerzos son para beneficiar a los corruptos.

Morales está empezando el recorrido de una ruta en la que lleva las de perder, porque para los guatemaltecos no existe la menor duda de quiénes son los que cuentan con el aprecio popular. Pero, además, va a comprometer el prestigio y la lealtad de muchos de sus colaboradores, que seguramente deberán evaluar la permanencia en un proyecto fallido.