Cada año, la misma canción. No importa quién gobierne ni quién sea el ministro del tesoro; el presupuesto crece para volver a hacer lo mismo del año anterior: nada de lo necesario, pero sí pagar favores. El ministro Julio Héctor Estrada presentó un presupuesto para 2018 por Q87.9 millardos; es decir, Q10.6 millardos más que el vigente, ante un país devastado por la inoperancia a la que se llevó la administración pública.

En los últimos diez años, el porcentaje dedicado a la inversión bajó del 29.5% de 2009 al 17.7 previsto para 2018, en tanto el porcentaje para funcionamiento, es decir la planilla (salarios, prestaciones, bonos, dietas, gastos de representación y otros), subió del 56.8% en 2006 al 64% previsto para 2018, lo que evidencia que al Estado no interesa invertir, sino satisfacer compromisos.

Para que las cuentas le cuadren, el ministro asume que los ingresos tributarios serán de Q63 millardos, ajustados con Q13.5 millardos provenientes de bonos, y el resto, con préstamos que los ciudadanos habremos de pagar de aquí a la eternidad. Los préstamos crecerán en el camino, pues este año el ingreso por impuestos apenas será de unos Q54 millardos.

Un país así no puede ser tomado en serio. Menos aún, si no es capaz de planificar su propio desarrollo, del que debiera derivarse el presupuesto. Es obvio que se le apuesta al hecho de que la tarea de hacer fracasar al Estado en su función ejecutiva, tanto de planificación como de ejecución de obra, dio resultado. El Ministerio de Comunicaciones es un chasco y es, junto al Ejército, al que más dinero se le provee para despilfarrar, como vimos esta semana, en bonos de riesgo para el presidente y altos mandos del Ejército.

Las carreteras se mantienen en total deterioro sin visos de reparación. Cada ministro fracasa en la ejecución de obra, no así en el consumo de lo presupuestado, lo que lleva a la conclusión de que lo mejor será privatizar la obra pública, desde su planificación, construcción y mantenimiento. Entonces, como por arte de magia, volveremos a tener carreteras en buen estado, por lo que habremos de quedar agradecidos de por vida con los empresarios que se sacrificarán por nuestro bienestar.

A las carreteras seguirá el aeropuerto, al que también llevaron a tocar fondo. Los baños no funcionan, como tampoco el aire acondicionado; las alfombras y pisos son un asco, imagen que la iniciativa privada sabrá recuperar y llevar a cotas del primer mundo para nuestro orgullo, de la mano del Instituto de Turismo.

El ministro de Finanzas sigue apoyando el Centro Administrativo del Estado (CAE), que cuando fue director de Anadie propuso construir en los terrenos de Fegua, contiguo al Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. Proyecto que beneficiará a empresarios, a costas de la tierra del Estado y de los préstamos que los contribuyentes pagaremos. Esa misma agencia, sustentada en una estructura espuria, pero legal, denominada Pronacom, con otra hipoteca del BID, de US$1.5 millones, pretende hacer planes de ordenamiento para los municipios incluidos en la Ley para la Protección de La Antigua Guatemala, cuya motivación provoca dudas. Su valor no llega a la décima parte de lo previsto, además del hecho de que buena parte de esos estudios ya existen y el Concejo lo sabe.

Así que, señores político-funcionarios pagados por el Estado, pero al servicio de intereses particulares, no quieran verle cara de tonto al pueblo. Están jugando con fuego; peor aún, con el hambre. Como pueblo ya nos cansamos, y no estamos dispuestos a seguirles el juego para que hagan chinche nuestros recursos.

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