Las autoridades de Gobernación tienen varias semanas de haber dado los primeros pasos en la ruta de una reforma que puede ser trascendental para el Sistema Penitenciario de Guatemala, si todo avanza de acuerdo con lo planificado y se contemplan los posibles obstáculos.

Este nuevo modelo estará basado en una reforma impulsada hace poco más de una década en República Dominicana, la cual parte de la construcción o habilitación de nuevos centros de privación de libertad.

Otro ingrediente es tratar al individuo con mayor carga de humanidad, porque el objetivo ulterior es luchar por que exista más reinserción, pero también por reducir los altos indicadores de reincidencia, como sucede en las cárceles tradicionales.

Si bien los primeros pasos ya se han dado, al implementar instalaciones para el nuevo personal que empezaría a asumir el relevo, se debe trabajar también en modelos cuyo principal objetivo sea la reducción de los índices de corrupción, demasiado elevados en nuestro medio y que han provocado lo más grave, que es la pérdida de control de los centros carcelarios.

Hasta ahora todo intento por rescatar el control de los presidios ha sido en vano, en parte porque está bajo el dominio de estructuras poderosas que se integran con privados de libertad, personal de menor rango y sobre todo de altas autoridades, y por ello es que se habla de cifras inconcebibles en torno a la economía carcelaria.

El tiempo estimado para ese cambio es de 14 años, y aquí los antecedentes tampoco están a favor de las actuales autoridades, pues, por el momento, con cada cambio de funcionarios pueden variar los enfoques, y tampoco existe una cultura nacional que destaque por el cumplimiento de los plazos establecidos.

Ese lapso también involucrará a por lo menos tres gobiernos, lo cual podría traducirse, si se mantiene la tónica de los últimos gobiernos, en la participación de unos seis ministros de Gobernación y un número más incierto de autoridades menores en el Sistema Penitenciario.

Guatemala ha dejado pasar mucho tiempo para poner en marcha un proyecto de esta naturaleza, pero más lamentable es que, siendo este un tema tan sensible, se siga ignorando el conocimiento del guatemalteco Byron Titus, quien es experto en la materia y cuenta con una brillante trayectoria en el sistema penitenciario de Massachussets, Estados Unidos, y ahora también en Colombia.

Entre sus méritos está el haber implementado planes exitosos de reinserción de privados de libertad en varias cárceles estadounidenses, al punto de que algunos de esos presidios han sido aprovechados para ser convertidos en locales empresariales.

Todo proceso de reforma, según este experto, debe ser implementado incluso de la mano con el sistema de justicia, pues la problemática carcelaria se inicia con la decisión que toman los jueces a la hora de enviar o no a alguien a prisión, lo cual parte de procesos previos de investigación para determinar el perfil de los sindicados.