El segundo fue haber cancelado el proceso de arrendamiento de cámaras para los autopatrullas de la Policía Nacional Civil, ordenado por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien debió actuar así debido a que ocurrió un “error administrativo”. Esto demuestra que están infiltradas personas que en un momento dado pueden actuar en detrimento de los intereses nacionales y echar por tierra las negociaciones y meses de labor para obtener equipos indispensables para hacer creíble el trabajo policial.

El caso del aeropuerto es un ejemplo de la manera cómo en determinadas ocasiones se realizan contratos cuya lesividad se debe a las condiciones ventajosas o precios negociados demasiado altos cuando se trata de pagos del Estado, o demasiado bajos cuando este es el recipiendario del dinero producido por arrendamientos. En este caso, el oferente pagaría Q3.92 por metro cuadrado, durante 15 años, que finalizarían en el 2029.

En el caso del arrendamiento para la Policía, la cancelación se debió a que el número original del proceso en el portal de Guatecompras fue cambiado pocas horas antes de que la junta calificadora publicara el resultado, con la consecuencia de dejar en tela de duda todo el proceso realizado desde hace varios meses. Otro factor que debe ser aclarado por las autoridades es la razón por la que solo un único oferente participó en el concurso. Resulta explicable la gran cantidad de críticas surgidas.

El Ministerio de Gobernación tiene ahora la disyuntiva de explicar todas las dudas previamente a reiniciar los trabajos necesarios para hacer realidad el proyecto, o abandonarlo. En este último caso, la ciudadanía será la afectada, porque esas cámaras son necesarias para tener registradas las acciones de los policías cuando actúan en la captura, y con ello se puede reducir o eliminar la corrupción o actitudes incorrectas o ilegales de los agentes. Todo quedaría como está hasta ahora. Lo mejor, entonces, es limpiar de inmediato los procedimientos, explicar las dudas y reiniciar ese proyecto.

La voluntad política se puede manifestar de múltiples maneras, y tiene consecuencias positivas cuando se presenta. Existe en este momento una larga serie de contratos que desde hace mucho tiempo, incluso varios años, fueron firmados por el Estado de Guatemala cuando era dirigido por grupos de distinta bandería política. Si el Gobierno quiere en realidad mejorar su imagen actual y futura, incluso cuando sea parte de la historia nacional, necesita investigar esos contratos, así como declarar lesivos los que lo sean. Lo que se debe tener claro es que la tecnología y la imposibilidad de control de los medios de comunicación actuales impiden los efectos de descuidos o de chanchullos.