Si alguien albergaba duda sobre las convicciones de la política exterior de Estados Unidos para combatir la corrupción y la impunidad en el Triángulo Norte, la más reciente decisión emanada del Departamento de Estado debería terminar de convencerlos sobre la conveniencia de cambiar de objetivos, dejar de tirar dinero a la basura y mucho menos dividir a los guatemaltecos.

Para ratificar que ese es el ineludible rumbo a seguir, el pasado miércoles en Washington se dio a conocer la designación de Todd Robinson como consejero para asuntos de América Central, un cargo que solo tiene un antecedente de creación y fue cuando la crisis de los niños migrantes tocó a las puertas de Estados Unidos, lo que implica que es una figura especial utilizada por la diplomacia estadounidense cuando necesita redoblar su atención sobre asuntos específicos.

Al día siguiente de su designación, quien fuera el embajador de Estados Unidos en Guatemala y encargado de negocios en Venezuela ofreció una conferencia para ratificar que para su país la lucha contra la corrupción y la impunidad es un camino sobre el que no hay marcha atrás, y los gobernantes y autoridades de estos países, junto al Ministerio Público y la comunidad internacional, deben unir esfuerzos para sacar adelante esa tarea.

El segundo punto sobre el cual el diplomático puso especial énfasis fue que para Washington el apoyo a la Cicig y el financiamiento de sus operaciones es algo garantizado y sobre lo cual tampoco debe perderse tiempo en intentar de socavar su funcionamiento.

La lectura más obvia que surge de esta especial designación es que Washington no se siente conforme con los logros alcanzados por el desfile de funcionarios del más alto rango a la región y que tanto la migración irregular, como descomunales expresiones criminales, entre ellas la corrupción, han pasado a ocupar un renglón de mucha relevancia entre las prioridades de esa potencia.

Es tan acuciante la percepción de preocupación de lo que aquí ocurre, que incluso en las últimas semanas en nuestro país y en México se han celebrado reuniones al más alto nivel para patentizarle a los gobernantes la preocupación sobre el estado de cosas prevalecientes en estas democracias que se resisten a emprender con responsabilidad la ruta del desarrollo.

Washington también busca lidiar con sus propias preocupaciones internas, como el intento del congresista republicano Marco Rubio de congelar los fondos para la Cicig o la bizarra intención de otro legislador de pretender vincular a la comisión con el gobierno ruso para conspirar contra una familia acusada de obtener documentación fraudulenta, a lo que suman gestiones de funcionarios guatemaltecos en alianza con personajes de otros países en su afán por influir en la Casa Blanca para socavar la lucha antimafias.

Es muy probable que a pesar de los poderosos mensajes que emanan de Washington, aquí persista la obstinación por recrudecer los ataques contra la Comisión y contra quienes respaldan esos esfuerzos, mediante un absurdo esfuerzo de la clase política y de quienes financian de manera ilusa campañas de desprestigio y de ataques infames contra los mensajeros.