La desvergüenza de los diputados parece no tener límites, o en todo caso se creen lo suficientemente impunes como para continuar sus intentos por prolongar su infame modelo de manoseo, distorsión e irrespeto a las instituciones, comenzando por el propio papel de un congresista, puesto que persisten en la búsqueda de mecanismos para aprobar leyes cuyo único objetivo es perpetuar el amañado sistema politiquero.

Los periodistas Jody García y Javier Estrada dieron a conocer por internet, hace dos días, una reunión secreta de la Comisión de Asuntos Electorales, la cual se efectuó en el fondo de un hotel para tratar de pasar inadvertidos, y se discutió una segunda serie de reformas a la Ley Electoral y del Partidos Políticos, por medio de la que cada agrupación con cierta cantidad de representantes tendría el derecho de designar a un magistrado al Tribunal Supremo Electoral. Toda una aberración al mejor estilo del tiranuelo Nicolás Maduro, propia de leguleyos y negociantes de influencias.

El propósito de tal maniobra sería someter a la máxima instancia reguladora de los procesos políticos y electorales del país a la voluntad de las agrupaciones partidarias, a fin de despojarla de la posibilidad de sancionar los abusos y castigar las violaciones electorales graves con la cancelación de aquellos partidos políticos que incumplen con transparentar sus finanzas o tratan de ocultar los nombres de quienes les entregan dadivosos e interesados aportes.

De hecho, al TSE le siguen faltando dientes para demostrar que es una institución digna de respeto, pero que con las herramientas legales actuales bien podría sentar un precedente serio. No obstante, aún está por demostrarse si los magistrados son tibios sirvientes o dignos portadores de la ley, puesto que están bajo revisión las sanciones contra los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Frente Nacional de Convergencia (FCN-Nación), que incumplieron con entregar el detalle de sus reportes financieros pero por ello recibieron a cambio una multa risible.

El pleno de los magistrados tiene ante sí una de las decisiones que marcará el futuro del actual período, pues si bien la presidenta del TSE anunció que esos casos se revisarían, no basta con cumplir con el requisito, sino llevar a fondo tal verificación, puesto que la podredumbre de la clase política necesita correctivos serios y precedentes memorables para evitar que las reformas a escondidas y los manipuleos legales terminen por hundir cualquier posibilidad de avance para el país.

Dos de las caras más visibles en este nuevo intento de entorpecimiento de las instituciones son Mario Taracena y Fernando Linares Beltranena. El primero, por el aspaviento de recorte de personal cuando presidió el Congreso, lo cual quedó desvirtuado con la denuncia reciente que hiciera la Contraloría General de Cuentas; el segundo, por su oficiosa oposición a las reformas a la justicia.

A ese adefesio de modificación política se suma ahora la preocupación de una nueva intentona de los diputados de cocinar cambios a la reforma de justicia o en todo caso relegar su discusión a través de estériles mesas técnicas que únicamente sirven a los oscuros intereses de quienes se oponen al avance de la transparencia en el país.