No pudo ser más estulta y desafortunada, aunque muy reveladora, la repentina presencia del alcalde Álvaro Arzú en plena conferencia de prensa en el Ministerio Público, cuando la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, presentaban los argumentos para respaldar una solicitud de antejuicio en contra del jefe edil capitalino.

La presencia del funcionario municipal constituye un total desatino porque no se habían terminado de presentar los argumentos cuando irrumpió. Esto evidenciaba un probable conocimiento de lo que ocurría y se plantearía, pero también porque el díscolo alcalde dio muestras de su característica intolerancia y prepotencia cuando intentó con su presencia intimidar a quienes brindaban detalles sobre una nueva estructura de corrupción, en la cual podría estar involucrado.

Los cargos planteados en este nuevo caso, conocido con el sui géneris nombre de Caja de Pandora, apuntan a que será una de las más duras pruebas para el sistema de justicia porque los señalamientos son graves: haber utilizado los ilegales fideicomisos de la Municipalidad para financiar su modelo político.

Guatemala enfrenta una de las más sordas batallas contra la corrupción y es cuando menos se justifican actitudes impertinentes, las cuales inevitablemente deben relacionarse con el entorpecimiento de la justicia, como ha sido la tónica de Arzú, quien ya dio muestras de prepotencia al luchar por todos los medios para evitar rendir testimonio en un juzgado, lo cual perjudica su imagen.

También fueron desafortunadas sus declaraciones a la prensa, cuando fracasó al querer tomar el micrófono y afirmar que era una factura que el MP y la Cicig le estaban cobrando por haber salvado al presidente Jimmy Morales de un golpe de Estado. Esto solo puede existir en su desequilibrado criterio, porque solo los sectores opuestos a las investigaciones contra la criminalidad esparcen esos rumores, lo cual ya había denunciado el mandatario, cuando no se había desbordado la crisis, pero tampoco tuvo eco.

Actitudes y alegatos como estos solo entorpecen los esfuerzos por contrarrestar la inmoralidad en el sector público, de lo cual son responsables quienes han vivido de un modelo insostenible, y es evidente el divorcio total entre quienes aspiran a vivir con un mínimo de decencia, para lo cual es indispensable que cesen el abuso y las prácticas, que justifican la indignación generalizada.

El proceso iniciado contra Arzú constituye el mayor reto para el sistema de justicia guatemalteco, que podría incluso decidir el fortalecimiento del estado de Derecho o, por el contrario, marcar su derrumbe, lo cual requiere, por eso mismo, la rigurosidad en la presentación de pruebas y un proceso independiente.

Lamentablemente, en nada le ayuda al jefe edil un discurso coincidente con aquellos que invierten enormes cantidades y esfuerzos en desprestigiar y atacar a quienes encabezan la batalla anticorrupción, una tarea en la que no debería existir mayor diferencia entre guatemaltecos. Si estamos claros en el repudio unánime a la rapiña, este debería ser un punto de inicio para emprender el saneamiento de un sistema obstinado en mantener las prácticas de la vieja política.