Las insinuaciones malintencionadas sobre una actuación que podría ser cuestionable de parte de la Fiscal General Thelma Aldana en el caso identificado como Aguamiel se desvanece poco a poco. El caso salió a luz pública luego de que se filtró a la prensa una declaración de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El polémico colaborador eficaz dijo haberse reunido con la jefa del Ministerio Público hace un par de años para inquirir sobre investigaciones en torno al contrabando de alimentos cometido aparentemente con conocimiento de la ex vicemandataria.

El miércoles pasado y después de haberse mantenido en silencio, Baldetti Elías pidió la palabra durante la audiencia del caso Cooptación y ratificó ante el juez que ella pidió a la fiscal Aldana una cita para atender urgentemente a Monzón. La versión hecha circular señala que el polémico ex secretario privado había solicitado colaboración del Ministerio Público para que el caso quedara abandonado porque, al parecer, su esposa estaba al frente de la operación.

Inicialmente, la Fiscal General descalificó la filtración, diciendo que era una trampa, pero con el paso de los días la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala informó que había investigado el asunto y que no se había encontrado evidencia alguna de demora, falta de interés o abandono del caso, el cual sigue su curso normal y podría dar resultados muy pronto.

La intervención de la Cicig al investigar la actuación del MP deja en claro algo: si se hubiera producido la reunión con la fiscal en los términos que se le pretenden atribuir a lo dicho por Monzón, el MP no se plegó a la petición de evitar una investigación profesional. Lejos de eso, el proceso sigue un curso normal, sin cortapisa ni manipulación alguna por parte de la Fiscal General.

La mejor defensa de la jefa del MP ha sido la comprobación de que esa declaración del polémico testigo protegido no tuvo el efecto que algunos deseaban. Esa es la forma correcta de evacuar las acusaciones, porque queda en evidencia que los fiscales hacen su trabajo de manera correcta y que el tráfico de influencias torpemente escondido tras estas revelaciones tampoco tuvo efecto.

Este pasaje de la lucha contra la corrupción no debe pasar inadvertido. Es previsible que aparezcan más intentos por descalificar el trabajo de Aldana y del mismo Velásquez, particularmente ahora que se avanza en temas cada vez más complejos y cuyo efecto es la denuncia contra estructuras de corrupción dentro del Estado y la iniciativa privada. Está demostrado que las investigaciones del MP y la Cicig aportan cada vez más pruebas y los encausados están optando por buscar cómo salvarse de la persecución.

Hay que entender que los fiscales quieren demostrar la culpabilidad de los acusados, y estos querrán descalificar esas acusaciones. Será una parte muy intensa, desde el punto de vista judicial, en un ambiente en que los ciudadanos sufren los efectos de medios informativos que sirven a intereses oscuros, comparada con la tarea profesional de los medios independientes.