La indefensión por parte de acusados es proverbial. Casi nunca se defienden, mucho menos intervienen sus amigos o familiares. La situación de Juan Arturo Jegelhener es ilustrativa para romper esa tendencia. Cuando se le interroga sobre la apertura de cuentas como testaferro del exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, acepta su desliz y se somete a la ley. Más consideraciones no corresponden, pues se trata de un caso subjudice, donde amerita esperar, antes de comentar.

En otros casos los encausados se limitan a denunciar que sufren un ataque político, pero ofrecen la tonta declaración de que confían en la administración de justicia. Al ser condenados se quejan de haber sido linchados. La desconexión del teléfono, la negativa de entrevistas a los medios de prensa acreditados o hasta evitar expresarse en los medios electrónicos de chismes son una constante.

Cuando el líder del grupo Semilla, Juan Alberto Fuentes Knight, supuesto precandidato presidencial, fue aprehendido, no hubo quién recordara que la Ley contra la Corrupción que modificó el Código Penal no era aplicable, debido al principio de irretroactividad; y por lo tanto, había prescrito el delito por el que se le persigue. Además, su actuación estuvo enmarcada en ley, no cometió ningún acto irregular o ilegal, al ejercer sus funciones como ministro de Finanzas. El delito se produjo después, cuando se distribuyeron comisiones con movimientos financieros curiosamente sin esclarecer. Los autores están plenamente identificados y no han sido arrestados.

Los semillistas, aparte de un comunicado sin contenido, brillan por su ausencia. Ahora no recuerdan participar en las reuniones donde se arrimaban al joven líder que presidía la confederación de más de 20 oenegés que dicen actuar contra la desigualdad. Sus camaradas utilizan el típico: defiéndete con tus abogados y repiten la resobada confianza en la imparcialidad de los perseguidores.

Cuando la imagen de los detenidos engrilletados se difunde extensamente, no se contrarresta la infamia. Al contrario, se alaba a quienes consignaron a funcionarios periféricos, en lugar de los verdaderos autores. En la vida social, todos cometen errores, nadie está por encima de intereses y ninguno es infalible.

La Cicig y el MP no necesitan de turiferarios agitando incensarios, sino de ciudadanos críticos que separen el cascajo de la semilla. Toda persecución es un acto selectivo y político. Se puede estar de acuerdo o no. La confianza debería estar dada en los jueces mientras el caso se resuelve. En la actuación jurisdiccional no debe haber ni selectividad ni política, sino se espera que reine la imparcialidad. Una vez pronunciada la sentencia cabe inconformarse o no, pero sin romper el régimen de legalidad. El debate ilustra el criterio para futuros casos.

Se habla de respeto a la dignidad de los presos, mientras los fuertes militares convertidos en cárceles son antros de corrupción. Todo se alquila y se cobra. Tiene precio, la alimentación, los enseres elementales, sillas, mesas y toldos. Para no mencionar las prebendas de los encarcelados consentidos.

El caos permite pregonar la omnipresencia de la persecución penal como si fuera posible terminar con el delito, con la maldad humana. De la misma manera, en lugar de observar los argumentos judiciales, se pide la aplicación de esos razonamientos a otros casos, se tergiversan distintas situaciones de conocimiento legal por unas pocas coincidencias.

Existe una virtud cívica, la lealtad entre camaradas. El desconcierto considera vergüenza llamarse entre sí, de tal manera.

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