Cuando pregunté a un amigo ¿qué pasará el miércoles?, su respuesta, acertadísima, fue: “Pasará que no pasará nada”. Yo pensé: porque de este Congreso muy poco, o nada, se puede esperar. Con seguridad, a mi juicio, la sesión será terminada por falta de quórum o cualquier otra causa, incluyendo el partido de futbol entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid… Pero también a un temor porque las propuestas lleven a un verdadero funcionamiento del sistema de justicia, el cual, por otra parte, para ser efectivo no necesita de textos, sino de personas probas y sobre todo con responsabilidad ante la historia y con el suficiente orgullo y vanidad personales necesarios para hacer lo posible de no pasar a sus páginas en la manera infamante como tantos otros.

Las reformas constitucionales al sector justicia han recibido apoyos y rechazos sorprendentes. Entre los primeros se encuentran los de un autodenominado grupo de liberacionistas, quienes las aprueban al no encontrar rastros o vestigios de marxismo. Los segundos incluyen a un grupo del gremio de abogados desde cuando se reunieron en noviembre pasado para discutir acerca del tema. Pero lo más lamentable lo constituye haberse convertido en una nueva fuente, dolorosa e innecesaria, de un sector poblacional minoritario de una élite intelectual, mientras la mayoría no se interesa por estar convencida de su inoperancia, y además porque transitan por campos de pensamiento ajenos a aquellos por los cuales se debe pensar en cómo obtener el sustento diario.

Durante todas las semanas de alegatos, a mi juicio quienes tomaron una actitud razonable fueron los grupos indígenas del país, cuyas autoridades ancestrales demostraron la sabiduría de los ancianos, cuando ellos señalaron el camino de sacar de la discusión el artículo 203, de la “pluralidad jurídica”, a causa de todas las justificadas dudas provocadas por su aplicación sin una previa explicación total y extensiva de sus alcances. No me sorprendió para nada la terquedad en el rechazo de ciertos políticos y de sus “clicas elegantes” vociferantes en las redes sociales. Y me sorprendieron las inesperadas reacciones de comentaristas notorios por su serenidad, porque recurrieron al insulto y a la descalificación de quienes no apoyan las reformas.

No resulta extraño, entonces, observar que la principal oposición provenga de un alto porcentaje tanto de políticos de este congreso y de otros, como de representantes y beneficiarios del actual estado de cosas. Ciertamente, quedarían desprotegidos aunque sus “transas” y “movidas” —hablando en buen chapín— hayan sido cometidas hace muchos años con la “piñatización” de los bienes del Estado, tema de por sí complicado. Evidentemente, según algunas doctrinas legales el tiempo no borra las responsabilidades, aunque la memoria colectiva de los guatemaltecos sea famosa por su fragilidad, talvez porque deben cada día absorber nuevos y mayores escándalos, peores, y así para debilitar aún más la buena imagen del país tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Al final del día, lo más doloroso para quienes vemos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad como una vergüenza necesaria a la cual los países importantes para Guatemala se han visto obligados a crear —o imponer— lo constituye la comprobación de cómo funcionan las cosas en este país. Todo esto es el resultado de la criminalización del aparato público, de la cooptación de las entidades de justicia, de la desvergüenza total de demasiados funcionarios, de la irresponsabilidad de todos los grupos organizados: sindicatos, cámaras, gremiales, entidades religiosas, universitarios, y así un larguísimo etcétera. Es duro leerlo, muy duro escribirlo y sobre todo muy duro en sí porque, parafraseando a un poeta cubano, es triste porque es cierto, y por ser tan cierto, es triste.