La última semana previa a las elecciones del 2015 comienza con la tarea encomendada al Congreso de la República de decidir si se le retira el derecho de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Pocas dudas caben ahora del veredicto que, entre hoy y mañana, emitirá ese organismo del Estado: el mandatario será juzgado como un ciudadano común y corriente y deberá defenderse de los delitos que salieron a luz por las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

A pesar de la celeridad con que el Congreso está dispuesto a actuar, es claro el efecto negativo contra el aspirante presidencial Manuel Baldizón. La alianza de los partidos Patriota y Líder ya no tiene ningún motivo de mantenerse, según la lógica que la provocó. La idea era detener ese veredicto hasta después de los comicios, pero las presiones populares sin precedentes en la Plaza de la Constitución, aunadas a las efectuadas frente al Congreso, obligaron a los cuatro integrantes de la comisión pesquisidora proclives al contubernio liderista-patriotista a pasar la brasa política al pleno, luego de que fracasaron las maniobras dilatorias del presidente de ese grupo.

Falta ver los efectos de la súbita “recomendación” del candidato liderista para que sus lacayos parlamentarios actuaran como lo hicieron. La maniobra tiene el cariz del oportunismo, para cosechar con votos el rechazo al Gobierno y al mandatario. Pero puede ser contraproducente si los votantes en número suficiente deciden escoger a otro candidato. Otro problema que se avecina para Baldizón es que no pueda tener los necesarios diputados en el Congreso, a causa de que quienes sospechosamente migraron a Líder no quieran ahora mantenerse y —por razones económicas, personales o de conveniencia— se vayan a otra agrupación a partir de la instalación de una nueva legislatura.

El partido oficial, o sus cenizas, aún puede lograr curules en el Congreso a causa de que en Guatemala se vota por personas y no por partidos, que no hay, ni por planes de gobierno, también inexistentes. Pero esos diputados podrían convertirse en una piedra en el zapato para un gobierno liderista, así como una fuerza política con la que Baldizón nunca podría contar si recurre a la adquisición de voluntades.

La batalla política preelectoral será una lucha que se pelee a cada minuto y casa por casa. Pero además puede haber golpes mortales emanados desde el MP y la Cicig e incluso desde el timorato Tribunal Supremo Electoral. Por eso es casi imposible predecir qué ocurrirá el domingo en las urnas.

En las últimas horas ha aparecido un factor nuevo: instar a los ciudadanos a no votar por ninguno de los candidatos que se encuentran en los primeros tres lugares de intención de voto. De ocurrir eso, sería una victoria de la comunicación política por las redes sociales, y tendría efecto en los integrantes de la generación tecnológica.

Algo sí es claro: una cantidad de votos suficientes de estos ciudadanos podría darles un vuelco a los resultados electorales. Pero además, puede ratificarse que el precio de la democracia es la constante vigilancia.