Antes de que se leyera la sentencia, el exjefe del Comando Seis de la Policía Nacional se había declarado inocente de haber ordenado la quema de la sede diplomática, donde  perdieron la vida 37 personas, entre activistas, campesinos y diplomáticos, tanto de España como de Guatemala. Este hecho  estremeció a los guatemaltecos y a la comunidad internacional. Hoy, a 35 años de la tragedia y a casi cuatro meses del inicio del juicio, se hace justicia en otro  caso que también  dividió al país.

Lo cierto es que la quema de la Embajada fue uno de los sucesos más reveladores de la dimensión que había cobrado el conflicto y que convirtió  la década de 1980 y  la precedente en una confrontación de  proporciones inconcebibles, donde los distintos bandos en pugna eran recelosos de cualquier sector. Fue una época en la que las fuerzas de seguridad habían incurrido en enormes  abusos, y la cúpula policial fue constantemente denunciada por los excesos contra la población.

 Uno de los máximos dirigentes de aquel gobierno era Donaldo Álvarez Ruiz,  ministro de Gobernación, quien huyó del país y  hasta ahora  su paradero sigue en el misterio. De hecho se fue tras el derrocamiento del general Romeo Lucas García, quien  escapó a Venezuela, donde murió.
Similar suerte corrió quien en ese régimen ocupó la dirección de la Policía Nacional, German Chupina Barahona, quien murió a los 83 años, en febrero del 2008, sin que pudiera ser llevado ante la justicia, pese a que existía una orden de captura internacional en su contra.

Esta es hasta ahora la única condena por aquella tragedia, e indudablemente volverá a dividir opiniones, porque debido a la edad del acusado y a la condena que ya cumple, cualquier suma de años es una cadena  perpetua dictada por otro tribunal que se agrega a la que le fue impuesta por la desaparición de un estudiante en 1981.

Sin embargo, debe reconocerse que es otro paso contra la impunidad, una batalla sobre la que en nuestro país constantemente se recuerdan los rezagos que existen. En la época en que personajes como García Arredondo integraban las fuerzas de seguridad, la historia nacional registra jornadas de terror y abuso de las fuerzas de seguridad del Estado.

La sentencia pudo ser mayor, si el castigo  se hubiera impuesto por  cada una de las víctimas, pero en todo caso es un respiro para el mismo Estado, que necesita evidenciar que hay esperanzas para el combate de la impunidad. También es un mensaje para afianzar la institucionalidad, sobre todo  del sector justicia, que tan maltrecho se encuentra debido a la reciente elección de magistrados.