El golpe dado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a la estructura criminal incrustada en el sistema tributario es colosal y no se puede reducir a verlo como un simple revés a una banda delictiva. Es algo mucho más trascendental, que tiene un impacto que estremece la misma institucionalidad del Estado y abre el debate sobre el funcionamiento de muchas entidades, así como representa un reto para la Justicia, que tiene ante sí su primera prueba de fuego.

Por primera vez en esa larga batalla que libra el país contra la impunidad, se logra asestar un duro golpe a una mafia que, dada la jerarquía de su presunto líder, estremece al Poder Ejecutivo, pues es el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti a quien se sindica de dirigir esa red de defraudación y contrabando en las principales aduanas, señalamiento basado en intervenciones de llamadas y un intenso seguimiento, incluso con fotografías, que lo conectan con la red denominada La Línea.

De hecho, Juan Carlos Monzón Rojas ha sido fuertemente cuestionado por el enriquecimiento y acumulación de bienes en corto tiempo, lo cual podría tener ahora una explicación. En contraste, pueden citarse las grandes penurias que afronta el país, pues el Estado no solo se queda con deficiencia de recursos fiscales, sino que las figuras de autoridad se ven en entredicho al encontrarse al servicio de oscuros grupos que solo buscan beneficios mezquinos.

Era tan vergonzoso el proceder de esa estructura, como la calificó el comisionado Iván Velásquez, que había llegado al extremo de asumir actitudes dadivosas con el fisco, pues cuando calculaba que los ingresos tributarios descendían a niveles que podían evidenciar anomalías, hacía que la recaudación en las aduanas volviera a la normalidad, pero después de un tiempo persistía en hincar el diente sobre los recursos que pertenecen a todos los guatemaltecos.

Es indudable que la SAT ha sido un objetivo apetecido por el crimen, porque es la puerta por la que entran recursos económicos al país, y por ello es que durante décadas ha estado bajo el asedio de mafias que han trascendido a los gobiernos de la era democrática y a cuyo cáncer nadie le quiso hacer frente. El organismo recaudador fue convertido en una caja registradora para facinerosos, que periódicamente se reunían para repartir las ganancias.

El presidente Otto Pérez decía ayer que hace 14 meses le pidió al jefe de la Cicig que efectuara pesquisas en las aduanas, lo cual, de ser cierto, pareciera contradecirse con las recientes reticencias a prolongar el mandato de esa comisión, y contrasta aún más con los intentos de contratar a la polémica firma argentina Kolektor para supuestamente optimizar la recaudación.

Queda claro que el funcionamiento de la SAT, en sí, no era el mayor problema, sino la cooptación de las estructuras para ponerlas al servicio de La Línea, y el verdadero desafío es cómo restructurarla para que esto no se repita. También queda demostrado que el combate de la impunidad es posible y que para ello solo se requieren cero interferencias.