Conforme avanza el tiempo, el gobierno de Jimmy Morales se asemeja más al del Partido Patriota y a todos los anteriores, cuya secuela es de ingrata memoria, pero ahora con el agravante de dar pasos hacia atrás, en un intento por desbaratar la institucionalidad, frenar la lucha contra la corrupción y conformar un gobierno cada vez más impresentable.

Los últimos cambios en el Gabinete arrastran ese tufo a vieja política, a un escarceo por atrincherarse en el poder de manera sospechosa y buscar por todos los medios copar entidades importantes con gente cuestionada, desprestigiada o en conflicto con la ley, por lo que algunos de esos relevos huelen a protección, a apuntalar la impunidad y a cubrir a colaboradores estratégicos.

Desde finales del año se rumoró sobre la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que ayer dio a conocer este funcionario, al asegurar que era una decisión que le había comunicado el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, titular del Directorio, quien trasluce con ello una deplorable anticipación a los acontecimientos y a cualquier discusión sobre la viabilidad de esa medida.

Esto, de hecho, desvirtúa sus declaraciones de que el presidente no tiene nada que ver en esa destitución, pues debió esperar a la reunión del Directorio y escuchar las opiniones de quienes impulsan el cambio, pero también los argumentos de descargo, pues este ha sido uno de los superintendentes que más han luchado contra estructuras mafiosas.

Ningún argumento leguleyo puede tener validez en este caso, porque es la primera vez que la meta de recaudación fiscal llega a niveles cercanos al objetivo, pero en todo caso también es la primera ocasión en que se conocen las justificaciones que explican ese incumplimiento, entre las cuales está la caída del crecimiento económico, situación de la cual sí se puede responsabilizar al presidente Jimmy Morales.

De hecho, una de las calificadoras de riesgo fue bastante enfática en uno de sus informes de finales del año anterior, en el cual se establecía que los esfuerzos gubernamentales por desbaratar la lucha contra la corrupción contribuyeron a la inestabilidad y a la pérdida de credibilidad en el funcionamiento económico del país. Además se advertía que eso podría empeorar si no se enderezaba el rumbo.

Hay otras decisiones igualmente lamentables, como la destitución del intelectual Max Araujo del Viceministerio de Cultura, una clara muestra de estulticia y quebrantamiento de los más altos valores de la intelectualidad guatemalteca, y en un claro vuelco hacia una conducta que recuerda a los regímenes militares, caracterizados por su escaso respeto al humanismo.

Queda claro que este gobierno cava cada vez más hondo el agujero en el que enterrará cualquier posibilidad de avance o de mejora, lo que a la vez debe traducirse como una profundización en un modelo dominado por la corrupción, inmoralidad e irrespeto a elementales principios de gobernanza y convivencia en democracia y como un franco y casi increíble retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo cual puede ser el inicio de un mayor deterioro de la institucionalidad.