Podemos imaginar cómo están de podridas las instituciones gubernamentales que se ocupan de lo ambiental, a raíz de los nuevos descubrimientos Cicig-MP. ¿Qué pasaría si la Cicig pudiera investigar casos paradigmáticos de corrupción institucional en la administración y el manejo de nuestros bienes naturales? Alucinaríamos si supiéramos lo que pasó con Fonpetrol, cuando el gobierno de la UNE se atrevió incluso a violar normas constitucionales para ampliar ilegalmente la concesión de Perenco en la Laguna del Tigre, área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, bajo un esquema (i)legal urdido por Manuel Baldizón, con la ayuda del diputado Manuel Barquín y el apoyo incondicional de muchos alcaldes peteneros. ¡Hasta la Corte de Constitucionalidad participó en ese lamentable caso!

La corrupción se arraigó en el Ministerio de Ambiente, con ayuda de mineras, petroleras, palmícolas, et al. Prácticamente todas las evaluaciones de impacto ambiental que aprobó el ministerio de marras para proyectos de minería metálica fueron calificadas como pésimas e inaceptables por expertos internacionales; sin embargo, aquí jamás se había logrado detener un solo proyecto minero por evaluaciones de impacto ambiental (EIA) deficientes. Peor aún, en muchos casos fueron las más altas autoridades ambientales las que facilitaron los trámites.

Rossana Sobenes constituye un ejemplo perfecto: una funcionaria pública que hace favores, mueve influencias y aprovecha su posición dentro del esquema gubernamental para hacer negocios. Sugirió personalmente la estrategia de fraccionar las EIA, lo cual es perverso e inaceptable; instaló una ventanilla express para acelerar la aprobación de proyectos peligrosos para el ambiente; y favoreció a su empresa Siga con contratos para realizar consultorías y estudios de impacto ambiental. Hay otros casos de funcionarios públicos que se aprovechan de sus puestos, como el del tráfico de guacamayas peteneras que ordenó Roxana Baldetti o el viaje de “capacitación” de Gudy Rivera, sobre transgénicos (da risa), en Colombia. Y casos más recientes, como el de Jaguar Energy —que le daría energía barata a las mineras a punta de contaminar el aire y los ríos guatemaltecos y de corromper a más funcionarios— “descubierto” gracias a la Cicig y al MP; o la inexistencia de instrumentos de control ambiental en los casos de Amatitlán y de Repsa.

Hoy tenemos una excelente noticia que denota un cambio de actitud, tal vez al tenor de los recientes “descubrimientos”: el Juzgado Tercero del Ramo Civil ordenó suspender los trabajos de construcción del proyecto minero Progreso VII Derivada. ¡Felicitaciones a la Resistencia Pacífica de La Puya! Un paso en la dirección correcta del sistema de justicia, que ojalá se mantenga.

Los que sí no entienden nada son nuestros congresistas, cínicos y sordos, ante la exigencia de la población guatemalteca para que aprueben ¡ya! la LEPP. Punto. ¿O se sienten nerviositos? ¡Nos vemos el sábado en la manifestación!