Concluye la segunda fase de la comisión postuladora para elegir a los seis aspirantes a dirigir el Ministerio Público, sobre los cuales el presidente Jimmy Morales tendrá la última decisión. No es una tarea ajena a críticas, comentarios y presiones de diversos sectores, desde quienes consideran que se le debe dar continuidad a la lucha contra la corrupción hasta quienes creen que el escarnio ha sido suficiente.

En la lista de quienes ayer terminaron con el proceso de entregar sus expedientes como potenciales candidatos hay un abanico de posibilidades, algunos con algún área que podría ser cuestionable y otros con claras muestras de haber estado a favor de la justicia, aunque en la actual coyuntura tampoco es garantía para estar entre los perfiles favorecidos.

Al terminar el plazo para presentar la documentación necesaria para quienes aspiran a sustituir a Thelma Aldana empezará una doble labor. Por el lado de los integrantes de la comisión postuladora empieza el examen a fondo de los expedientes para detectar irregularidades, pero también desde varios sectores habrá pronunciamientos sobre la idoneidad de algunos candidatos.

Esa será una tarea ardua, porque a raíz de los acontecimientos ocurridos desde el 2015, queda claro que todos los esfuerzos deben estar orientados a llevar a ese cargo tan importante a alguien que ofrezca suficientes posibilidades de continuar con el combate de la corrupción.

Es claro que desde la sociedad civil y por parte de algunas organizaciones habrá una profusa búsqueda de tachas para depurar esa lista, en una acción que no solo debe ser convincente, sino también debe estar fundamentada, primero con los mismos integrantes de la postuladora y luego a los guatemaltecos en general, para evitar el afloramiento de otro tipo de discrepancias.

Tampoco se deben descartar las presiones menos visibles o mediáticas, y son las que no solo le darán seguimiento a las labores de la Postuladora, sino que irán mucho más allá y se concentrarán en el mandatario, quien tendrá una vez más la posibilidad de demostrar su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que ha sido eje de su discurso últimamente.

Es indudable que desde el sector diplomático se acrecentarán esas presiones, principalmente por lo expuesto por Estados Unidos y sus máximos representantes, de apuntalar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Esto es una batalla crucial no solo para la seguridad regional, sino porque también la desgobernanza se ha traducido en falta de oportunidades y en una de las mayores causas en los últimos años de la migración hacia aquel país, sobre todo de menores no acompañados.

Quizá el mensaje firme del sector privado aglutinado en el Cacif coadyuve en las trascendentales decisiones que se avecinan en las próximas semanas, lo cual en dos platos se reduce a no retroceder en la dura lucha contra la corrupción y encarar el desmantelamiento de todo tipo de estructuras criminales. Ello desemboca en una de las más determinantes decisiones que deberá tomar el presidente Morales, para lo cual también deberá pensar no solamente sobre su paso por la historia, sino en el futuro de Guatemala.