La libertad de expresión siempre está entre las primeras víctimas de todo régimen autoritario y por ello es que los cuerpos represivos buscan acallar cualquier plataforma de periodismo independiente. El acoso a los medios que denuncian los abusos y las extralimitaciones de los sátrapas de turno es toda respuesta de cualquier tiranía, como ahora ocurre en Nicaragua.

El pasado jueves, la Policía nicaragüense allanó las oficinas del diario El Confidencial y horas antes había irrumpido de manera ilegal en las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Fundación Río y Popol Na. También fuerzas de seguridad irrumpieron en los medios de comunicación Esta Noche y Semana.

El director del diario El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, responsabilizó al presidente Daniel Ortega de ejecutar un “ataque brutal y frontal contra la prensa crítica”, cuyos episodios de represión se han agravado en los últimos días, como una respuesta torpe al endurecimiento de las recientes sanciones decretadas por el mandatario Donald Trump y del Congreso de Estados Unidos, que promulgó una ley específica para castigar a los gobernantes de Nicaragua y a sus colaboradores.

Es claro que la tiranía nicaragüense ha perdido cualquier vestigio de razón y que a partir de ahora el uso de la fuerza se endurecerá contra quienes desafían al régimen.

Uno de los más lamentables episodios de lo que ocurre en Nicaragua es que, salvo Costa Rica, el resto de los países guardan un silencio cómplice hacia los abusos que comete el régimen, uno de ellos Guatemala, cuyo gobierno incluso se ha abstenido de votar a favor de resoluciones que intentan obligar a la pareja gobernante a esclarecer las numerosas víctimas de la represión.

Lo ocurrido en los medios de comunicación es grave porque la Policía incurrió en actos vandálicos, como los calificó Chamorro, pues los agentes saquearon la Redacción luego de haber detenido de manera ilegal a los guardias de seguridad y forzado de manera violenta las cerraduras de las oficinas. Este nuevo atropello de la cúpula sandinista atenta contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa y la libre empresa.

Como suele ocurrir, los tiranuelos nicaragüenses niegan la responsabilidad de las numerosas víctimas de la represión y además dicen que es un intento de golpe de Estado, un argumento que ha sido utilizado por todos los gobernantes incapaces de asumir la responsabilidad de sus abusos y de la mala conducción de la cosa pública.

Como bien lo dijo la exguerrillera sandinista Mónica Balodano: hoy “el crimen organizado en Nicaragua es la Policía”, en referencia a los desatinos en los que ha incurrido el Gobierno durante esta semana, que con un derroche de fuerza pretende amedrentar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.

Lo que ocurre en Nicaragua debe parar, porque la brutalidad policial está llegando demasiado lejos y se están poniendo en riesgo muchas otras vidas con el único propósito de proteger a una pareja de desquiciados gobernantes y a una cohorte de sinvergüenzas.