Cuando no ha pasado ni una semana del inicio del actual gobierno, ya se puede observar un par de situaciones que de alguna manera causan estupor y comienzan a abrirle la puerta a la decepción. La primera es el caso de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, quien carece de idoneidad para ejercer el cargo, y la segunda es el conocimiento de los injustificables emolumentos de muchos de los trabajadores y asesores del Congreso.

El presidente Jimmy Morales está cometiendo el primer error que puede causar desmedro a su imagen y a sus promesas de campaña. No es justificable su comentario de que es a la funcionaria a quien le corresponde responder a los señalamientos de que ha estado relacionada durante varios años con empresas que son proveedoras del Estado. El problema es del mandatario, para quien esta constituye una verdadera prueba de fuego porque la ministra juramentada el jueves pasado es una persona muy cercana a quienes lo acompañaron en el esfuerzo preelectoral.

Visto desde su perspectiva, el caso constituye una traición, porque la señora Ordóñez debió haberle informado de los problemas legales que enfrenta. A ello se agrega que se evidencia una falla garrafal en el equipo que se encargó de la escogencia de los funcionarios. El presidente no tiene opción, debe retirarla del equipo de gobierno y hacerlo de inmediato, antes de que el asunto se le complique más. De lo contrario, debe prepararse para que comience la decepción popular entre quienes lo apoyan.

Por aparte, el conocimiento de la verdadera situación de quienes trabajan en el Congreso ha provocado una justificada reacción negativa entre los ciudadanos, porque los sueldos dados a conocer no guardan relación con la realidad económica del país, y también porque los asesores no solo son demasiados, sino que la mayoría carece de las cualidades necesarias para esa labor.

El anuncio hecho por el presidente del Congreso, Mario Taracena, respecto de publicar el listado de personas que trabajan en ese organismo, ciertamente es novedosa, pero no debe ser motivo de especial felicitación, habida cuenta de que está obligado a hacerlo. Sus antecesores, ya que no cumplieron con ese requisito, debieran ser investigados y castigados según lo determinen las leyes del país.

Los dos casos señalados en este editorial demuestran que los políticos tienen que recordar la intención ciudadana de ejercer su papel de fiscalizadora. Pero además, en cuanto al parlamento, se abre la puerta para que sean investigados los pactos colectivos logrados a base de negociaciones no precisamente claras.

Es urgente que las promesas se cumplan. No hacerlo implica que sea imposible hablar siquiera del beneficio de la duda. La escogencia de un mal colaborador o el apañamiento de situaciones irregulares ante la opinión pública, por ser incongruentes con la realidad y hasta posiblemente dolosas e ilegales, manchan la figura de quienes encabezan los organismos del Estado. Tanto Morales como Taracena deben actuar con mayor celeridad. El proceso de transparencia, tan anunciado y necesario, no puede esperar.