Sin embargo, en ese mismo período, el número de deudores en ese segmento tuvo un incremento interanual de 3.6% (1 mil 294 deudores) y llegó a 36 mil 610 créditos.
Este comportamiento, según la SIB, fue influenciado principalmente por operaciones de hasta Q500 mil, mientras que las operaciones en montos mayores a Q500 mil se redujeron.
Debido a una baja en la actividad económica, los sectores más afectados según el Banco de Guatemala fueron las actividades de alojamiento y de servicios de comida; transporte y almacenamiento; y, otras actividades de servicios por lo que dicho comportamiento se reflejó en la actividad crediticia, principalmente en el segmento de deudores empresariales menores.
“Para 2021 se espera que la recuperación económica observada en los socios comerciales de Guatemala podrá aumentar la demanda agregada del país, lo cual apoyará la demanda de crédito y la reactivación económica”, refirió la SIB.
Créditos para capital de trabajo
Edwin Matul, exgerente del Banguat, comentó que se infiere que se están demandando más créditos de menor cuantía por la fácil adaptación que tienen los segmentos bajos de la pirámide y que les permite cambiar de actividades fácilmente, lo que les da una mayor resiliencia para enfrentar situaciones negativas como la de la pandemia.
Además, indicó que la demanda de créditos puede estar más sesgada hacia recurso de capital de trabajo y no tanto de inversión —los créditos de inversión son siempre más altos que los de capital de trabajo— y por aparte, por el lado de los bancos, hay una menor tolerancia al riesgo, por lo que el análisis se ha hecho un poco más riguroso y este va en correlación con el monto de los créditos.
Para Fernando Spross, analista de Fundesa, un mayor número de pequeñas y medianas (pymes) han demandado más préstamos, pero por montos menores, lo que podría indicar que pudieran estar solicitando préstamos para cumplir obligaciones de corto plazo. Añadió que muchas pymes han reducido su escala de operaciones, por la pandemia.
Microcréditos para saneamiento de cartera
El crédito del sector bancario al segmento de microcrédito tiene un comportamiento contrario al empresarial menor.
A marzo de 2021, representó Q3 mil 773 millones, un crecimiento de 22.2% interanual (que representa Q683 millones). Dicho crecimiento fue superior al 12% observado en marzo del año anterior.
Sin embargo, en el número de créditos bajó, ya que se registran 135 mil 509 financiamientos al microcrédito, con una reducción interanual del -2.4%.
Según la SIB este comportamiento fue influenciado principalmente por saneamientos de cartera en montos menores a Q50 mil.
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Al respecto, Matul explica que los microcréditos han encontrado nuevos nichos de mercado y que “los buenos clientes se han mantenido y han logrado acceder a un mayor monto de crédito; pero, paralelamente, aquellos que son poco rentables y con mayor riesgo han estado saliendo, disminuyendo el número de usuarios”.
La decisión de la Junta Monetaria de permitir a la microempresa acceder a créditos de mayor cuantía por encima de Q250 mil (en lugar de Q160 mil) también explica este comportamiento.
Spross también analizó las cifras del comportamiento de la cartera a ese segmento e indicó que el resultado implica que menos microempresarios han requerido préstamos por montos mayores que, en promedio, suman Q5 mil 600 por cada crédito (valor promedio adicional por crédito solicitado).
Sin embargo, expuso que puede deberse a que algunos microempresarios han tenido que cerrar operaciones o pasarse a la informalidad debido a las repercusiones causadas por la pandemia del covid-19.
“Hubo una reducción de 3,340 créditos a marzo de este año en comparación con el año anterior. Recordemos que el acceso a crédito para microempresarios tiene que ver con variables como la formalidad, la antigüedad del negocio, el valor de los activos fijos, el tamaño de la empresa, y la gestión de los procesos internos”, comentó el analista.
Fondos de garantía, ¿la respuesta?
Respecto a qué políticas o estrategias se deberían impulsar en el país para el acceso a créditos a estos dos segmentos, Matul dijo que no es un tema sencillo de abordar; sin embargo, las políticas deberían pasar por buscar la manera de que estos segmentos, los de la parte baja de la pirámide, puedan ir escalando; para ello, indicó que es muy importante que se inserten en la economía formal, lo cual va a requerir cumplir con sus obligaciones tributarias y llevar una contabilidad básica, como mínimo. No obstante, su misma situación les dificulta realizar esto, ya que implican costos y contar con conocimientos básicos al respecto.
“El Estado debería de facilitarles esto mediante capacitación y tomar medidas a manera que los tributos sean fáciles de pagar. Otra medida que ayuda es la creación de fondos de garantía, lo cual permitiría acceder al crédito de una forma más barata; esto, incluso, es una mejor política que la de obligar a los bancos a dar créditos subsidiados”, explicó Matul.
Spross añade que se debe tomar en cuenta que el acceso al crédito para pequeñas empresas tiene mucho que ver con el tamaño de las mismas, y con la capacidad tecnológica con que cuentan, “más ahora con la transformación de los canales de ventas hacia plataformas virtuales y/o en línea”.
Desde el otro punto de vista, los oferentes de crédito buscan cómo tener la mejor garantía para la devolución de los préstamos, por lo que, en la medida en que las empresas ganen competitividad en los mercados, pueden asegurar la creación de flujos de caja sostenibles.
Spross explica que los bancos pueden percibir un mayor riesgo en otorgar los créditos, por la pandemia, pero que un fondo de garantía disminuiría ese riesgo y podría abrir más líneas de crédito. “Esto podría funcionar para pequeñas empresas, en sectores específicos como podría ser aquellas de la actividad turística”.
La SIB comenta como positiva la resolución de la Junta Monetaria JM-99-2020, con la que modificó el Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, con el propósito de actualizar las disposiciones normativas relacionadas con solicitantes y deudores de microcrédito, así como de solicitantes y deudores empresariales menores de créditos por un monto igual o menor a Q1 millón o su equivalente a US$130 mil, para impulsar el otorgamiento de financiamiento al sector mipyme.
“Dicha modificación considera que la información financiera mínima que deben obtener las instituciones financieras de este segmento de solicitantes o deudores será establecida en las políticas aprobadas por el Consejo de Administración de cada entidad bancaria”, agregó la entidad.
José Porras, integrante del directorio de la Cámara de Finanzas de Guatemala, opinó que derivado de la pandemia se activaron mecanismos que logran agilizar un poco la concesión de préstamos y se flexibilizaron los criterios que incluyó a los créditos empresariales menores y cada banco emite sus propias políticas.
Pero dijo que cada entidad debe poner atención, ya que, si se establecen políticas muy flexibles, la SIB le puede poner calificación a esos créditos y debido a los riesgos que pueda significar esa simplificación de requisitos, pedir que se amplíen las reservas.
Para registrar los créditos las instituciones bancarias deben apegarse a los criterios y parámetros del Código de Comercio que cataloga el tamaño de las empresas, por lo que, aunque sigan catalogándose como microempresarios tienen acceso a montos mayores de préstamos, explicó Porras.
Ampliando el tema de la estrategia necesaria para acceso al crédito, Matul expuso que el Ministerio de Economía puede jugar un papel muy importante impulsando mesas técnicas de desarrollo empresarial que incluyan incubadoras, aceleradoras y otros mecanismos que ayuden a mejorar la atención de las mypimes por parte de la banca que tenga entre sus planes atender estos nichos.
Además, el tema del fortalecimiento del estado de derecho y de la institucionalidad también es importante, ya que, sin ello, el clima de negocios se hace cuesta arriba y la mayor parte de las pequeñas y micro empresas se ven afectadas por la delincuencia. Contar con estadísticas es otro tema importante para poder generar política pública, sin embargo, el Instituto a cargo de este tema carece de autonomía y de recursos para hacerlas, agregó el experto.
