Pape Yalibat (Cobán, Alta Verapaz, 17 de marzo de 1950) ha alcanzado sus grados académicos en importantes instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala o la Kennedy School of Government, de la Universidad de Harvard.
Su connotada hoja de vida le ha permitido colaborar en organismos como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Hoy es miembro suplente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Es férreo defensor de la Revolución de Octubre de 1944, conocida como la primavera democrática. “Hubo muchas reformas, las cuales no cuajaron entre el pequeño pero poderoso sector oligárquico del país”, indica.
De forma reciente, Pape Yalibat publicó un estudio en la Revista Análisis de la Realidad Nacional, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, en el cual se refiere a la crisis tributaria, así como de sus antecedentes y efectos actuales. “De nada sirvieron los muertos ni los acuerdos de paz, ni los pactos fiscales, ni los múltiples esfuerzos de mesas técnicas, porque los dinosaurios —las élites— no cambian, están aquí al acecho, dispuestos a devorar el florecimiento social y aniquilar cualquier intento de reforma tributaria, por leve que esta sea”, escribe.
En esta entrevista, el experto habla sobre los logros alcanzados durante los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Árbenz, así como de tributación y sobre la influencia que ha tenido la oligarquía en los ámbitos políticos y sociales de Guatemala.
¿Qué logros económicos se alcanzaron durante la primavera democrática?
Hubo reformas monetarias y bancarias y se crearon el Código de Trabajo y la Ley de Seguro Social. En materia tributaria se fijó una visión de largo plazo, pero no se logró establecer debido a la barbarie de los dinosaurios, como le llamo a la oposición de las élites.
¿Por qué se resistían?
Simplemente porque no querían financiar al Estado mediante el pago de tributos. La oligarquía, por ejemplo, declaraba sus propiedades por debajo del valor del mercado para pagar menos impuestos. Precisamente por eso se opusieron a que el Gobierno revisara la matrícula fiscal —base del impuesto sobre los bienes inmuebles—. De hecho, la Asociación de propietarios urbanos y constructores —hoy Cámara de Construcción—, logró detener tal acción.
¿Persisten las mismas élites?
Sí, son las tradicionales y algunos grupos nuevos, pero ambos tienen en común lo que llamo “rentismo empresarial”, que quieren todo fácil; lucrar rápido. Los primeros —la vieja oligarquía—, son los más “carnívoros”, duros, conservadores y autoritarios. Lo que hacen es aprovecharse del territorio y de los recursos naturales en alianza con empresas globales, como las mineras.
¿Operan en contubernio con los políticos?
Es correcto. Tales élites cogobiernan y no necesitan hacer lobby. Ellos son los que en realidad ponen a los políticos que les convienen y los que dictan las leyes. En cambio, las nuevas élites, a las que llamo “vegetarianas”, tratan de digerir las cosas; entre estos se incluyen los banqueros, las operadoras telefónicas, los constructores y las industrias nuevas. Todos, tanto los “carnívoros” como los “vegetarianos”, son los que tienen el poder político.
Esas élites son las que menciona María Elena Casaús Arzú en su estudio Linaje y racismo?
Sí, algunas de ellas. De hecho, son varios los trabajos sociológicos los que se refieren a ello. El de Casaús Arzú es uno de los más importantes.
¿Considera que las élites se oponen a un sistema tributario justo?
Sí. Creo que existe una continua conspiración contra el poder tributario. Recientemente me referí a ese tema en un estudio de título Crisis tributaria: 70 años después de la Revolución de Octubre, y el dinosaurio sigue “aquí”.
Supongo que por “dinosaurio” se refiere a la oligarquía.
Por supuesto. Esas élites, con el apoyo de ciertos políticos y algunos jueces son los responsables de la degradación tributaria del país.
¿Cómo evalúa el papel de los congresistas en cuanto a la creación de leyes tributarias?
La actual legislatura es un problema porque no sabe de economía o de tributación. No hacen más que levantar la mano, dócilmente y sin reflexión. Esa es su posición más conveniente, pues así esconden el cheque debajo de la mesa, favoreciendo a las mismas élites.
¿Cree que los impuestos son equitativos?
No. Fíjese que el 70 por ciento de los impuestos se cargan a las espaldas del trabajador, del consumidor desprotegido. Por eso insisto en que se deberían efectuar reformas a la administración tributaria, ya que es ineficiente. El problema es que hay que hacerle frente a esa oposición sistémica de la oligarquía.
¿Cómo es que los gobiernos de la primavera democrática lograron tantas cosas con pocos recursos económicos, según su estudio?
Cuando una administración pública tiene el apoyo popular, los recursos abundan. En ese entonces creo que había eficiencia colectiva y estaba abanderada por un equipo de gobierno nacionalista y comprometido con las causas justas del país.
Para avanzar se debería luchar contra la corrupción privada y estatal. ¿Lo cree así?
Hay que combatir la corrupción sistémica, ya que ese es el peor enemigo de un contribuyente.
¿Por qué?
Porque se decepciona. Imagínese, si la población ve que hay corrupción en el Estado, entonces pensará “¿para qué voy a pagar?”. Eso, sin embargo, también constituye una falacia. Una cosa es que yo, como ciudadano, denuncie a un funcionario por sus malos hábitos, y otra que deje de cumplir con una obligación constitucional.
Entonces, ¿cómo se puede desarrollar una cultura tributaria en un Estado corrupto?
Todo empieza con cultura ciudadana. En el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se llevan a cabo programas en los que se promueve el cumplimiento voluntario de la tributación. Ahora bien, la gente también debe exigir a los congresistas para que legislen de buena forma.
El año pasado la SAT estuvo involucrada en una polémica por pretender contratar a una empresa privada para mejorar la recaudación de impuestos. ¿Cuál es su postura?
No hay que delegar en una empresa privada algo que constitucionalmente le corresponde al Estado. Los contribuyentes no tienen por qué pagarle utilidades a una compañía de esa naturaleza. Al final, el directorio de la SAT jugó un papel relevante al exigirle al Congreso que no pasara esa ley.
¿Cree que Guatemala no sale de la pobreza por la debilidad estatal?
Exacto. Este Estado es débil, insolvente e incapaz de cohesionar a la sociedad. Tampoco aplica programas que satisfagan las necesidades básicas de la gente; con cascaritas de huevo no vamos a salir de pobres. Al contrario, necesitamos una administración pública respetada, que sea guía y con recursos —especialmente generados mediante la tributación—.
¿Es posible un plan de reordenamiento fiscal?
Claro, y es importante. En la actualidad han evasión al fisco, y eso hay que enmendarlo.
¿Cuál es su pronóstico para la economía de Guatemala en el corto plazo?
Mire, por ahí circulan documentos con indicadores económicos que parecen bonitos, pero que a mi juicio es maquillaje. No sirven de nada esos números cuando, a la vuelta, uno ve que no hay servicios hospitalarios, que no hay medicinas o que hay inseguridad. Las cosas se están derrumbando en Guatemala; vamos para atrás.
¿Se necesita otra revolución, como la de 1944?
Sí, en términos de política económica.
¿Le interesa participar en política?
No en estos momentos. Con esta Ley Electoral y de Partidos Políticos no vale la pena participar.
