¿Qué es la Carta Democrática Interamericana y por qué Guatemala recurre a la OEA?

La Carta Democrática Interamericana permite a la OEA actuar frente a amenazas a la democracia. Guatemala vuelve a invocarla ante una crisis institucional.

Glenda Burrión

27 de octubre de 2025

|

13:03h

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Misión de observación de la OEA en Guatemala durante 2023, reunida con el entonces presidente Alejandro Giammattei (izquierda). A la derecha, el presidente Bernardo Arévalo en 2025 junto a funcionarios, solicitando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana el 26 de octubre. (Foto, Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

El domingo 26 de octubre de 2025, el presidente Bernardo Arévalo solicitó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para exponer ante el continente las graves amenazas a la Constitución y a la democracia en Guatemala.

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento político, asegura la OEA, que refuerza el compromiso de los Estados miembros con la defensa de la institucionalidad democrática.

Aunque no constituye un tratado formal, tiene relevancia política e institucional, ya que reconoce que los países de las Américas asumen una responsabilidad colectiva de vigilancia y respaldo al sistema democrático regional.

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Antecedentes en Guatemala de la Carta Democrática 

Guatemala ha activado el mecanismo en no menos de diez ocasiones, según los registros oficiales de la OEA que documentan hasta el 2016. A esa cifra deben sumarse otras dos solicitudes recientes.

En el 2023, cuando las autoridades ancestrales, el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y los embajadores ante la OEA de Antigua y Barbuda, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos apelaron al artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana.

En esa ocasión, denunciaron el “intento arbitrario e ilegal” del Ministerio Público (MP) de judicializar el proceso electoral, y reiteraron su llamado a las autoridades guatemaltecas para respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

En respuesta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una misión especial a Guatemala para observar el proceso de transición de gobierno, confirmando la disposición del organismo de acompañar el fortalecimiento democrático.

Ahora, el presidente Arévalo ha solicitado nuevamente la intervención de la OEA, esta vez al amparo del artículo 20 de la Carta Democrática, tras las acciones promovidas por el juez Fredy Orellana, a solicitud del MP, el pasado 24 de octubre, las cuales —según expertos “buscan distorsionar los resultados de las elecciones de 2023”. 

De acuerdo con información obtenida por Prensa Libre, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá el 30 de octubre de 2025 para discutir la situación democrática en Guatemala, tras la solicitud del presidente Bernardo Arévalo.

Propósito de la Carta Democrática Interamericana 

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 por los Estados Miembros de la OEA durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General en Lima, Perú, tras el compromiso asumido en la Declaración de Québec durante la III Cumbre de las Américas.

Su propósito es fortalecer y preservar las instituciones democráticas en el continente americano, definir los elementos esenciales de la democracia, su vínculo con el desarrollo integral y el combate a la pobreza, y establecer mecanismos de defensa ante amenazas al orden constitucional.

El documento también promueve la educación cívica, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la labor de las misiones de observación electoral, pilares que garantizan elecciones libres, periódicas y justas.

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Estructura de la Carta Democrática Interamericana 

La Carta se compone de seis capítulos, cada uno dedicado a un eje fundamental para el funcionamiento y preservación de la democracia en las Américas:

• Capítulo I: La democracia y el sistema interamericano.
  Establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

• Capítulo II: La democracia y los derechos humanos.
  Destaca la importancia del respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción como condiciones esenciales para una sociedad democrática.

• Capítulo III: Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza.
  Señala que la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano son requisitos para consolidar una democracia efectiva y participativa.

• Capítulo IV: Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
  Define los procedimientos de intervención de la OEA cuando el orden democrático de un país miembro está en riesgo. En casos extremos, puede incluso suspender al Estado afectado de su participación en el organismo.

• Capítulo V: La democracia y las misiones de observación electoral.
  Reconoce las misiones electorales como herramientas esenciales para asegurar la transparencia y legitimidad de los comicios.

• Capítulo VI: Promoción de la cultura democrática.
  Promueve la cooperación entre Estados, sociedad civil y partidos políticos para fomentar una cultura democrática más allá del acto electoral. 

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El papel de la OEA en la crisis guatemalteca 

La solicitud del presidente Arévalo marca un nuevo capítulo en la relación entre Guatemala y la OEA. El artículo 20, dentro del Capítulo IV, de la Carta Democrática permite al Consejo Permanente actuar cuando se produce una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el ejercicio legítimo del poder.

En ese contexto, la OEA podría enviar misiones de observación política, emitir resoluciones de respaldo a la democracia guatemalteca y convocar a la Asamblea General si la crisis se agrava, tal y como ha sucedido en otras ocasiones que otros países han convocado la carta.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Guatemala busca, por tanto, preservar el orden institucional, proteger la voluntad popular expresada en las urnas y evitar una ruptura democrática.

En una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Everson Hull, las más de 20 agrupaciones disidentes, tanto dentro del país como en el exilio, pidieron “convocar a una sesión extraordinaria a mayor brevedad para abordar el tema de Nicaragua y emprender finalmente hacia la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.

Agregaron que, “en vista de que la OEA no reconoció los comicios de noviembre de 2021, solicitamos que tampoco reconozca la acreditación de otro embajador, como representante del Estado de Nicaragua”.

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Los opositores hicieron la solicitud luego de que el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció ante el organismo que en el país hay una “dictadura”, tras lo cual fue separado del cargo, para ser sustituido por el embajador nicaragüense ante Estados Unidos, Francisco Obadiah Campbell Hooker.

El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua inició en enero de 2019, sin embargo, hasta ahora los Estados que la integran no han dado el paso definitivo.

“Si quedaban dudas en algunos Estados miembros de la sistemática violación a los derechos humanos, la ruptura al orden constitucional y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sandinista, esperamos que después de la denuncia del señor embajador, finalmente queden sepultadas”, indicó la oposición nicaragüense.

En su denuncia, McFields contradijo al Gobierno del presidente Daniel Ortega, al afirmar que en Nicaragua hay una “dictadura”, que tiene en prisión a “más de 177 presos políticos” y que en las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en 2018 murieron “más de 350 personas”.

La disidencia también demandó a la OEA “utilizar todas las medidas necesarias tanto diplomáticas como económicas, para lograr la liberación de los presos políticos; muchos delicados de salud sobre todo nuestros compatriotas de la tercera edad, a consecuencia de las torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos”.

Asimismo, pidió continuar “las acciones con los mecanismos establecidos en el sistema Interamericano para restablecer el orden democrático y constitucional y el Estado de derecho en Nicaragua”.

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En noviembre pasado el Gobierno de Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, en respuesta a la decisión del organismo, de desconocer las elecciones en la que líder sandinista fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus siete principales adversarios en prisión.

Si la OEA concluye el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, el país quedaría suspendido del organismo cuando lo decidan los Estados miembros. Si el proceso de retiro unilateral es agotado, este se haría efectivo a finales de 2023.

Hasta ahora solamente dos países han sido suspendidos de la OEA, Cuba, en 1962, y Honduras, tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.

La Carta define los “elementos esenciales”  de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.

Pero desde su aprobación, sus elementos más polémicos han sido los referidos a los mecanismos que el documento establece para fortalecer la democracia, o más allá, para revertir casos de alteraciones o rupturas del orden constitucional en los países.

Alteración y ruptura

La Carta prevé varias vías que permiten invocarla.

Según el artículo 17, un gobierno de un país integrante puede recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de “riesgo” a la democracia o su ejercicio en el poder.

Este caso ocurrió en Ecuador en el 2005, cuando el presidente interino Alfredo Palacios solicitó la intervención de la OEA luego del derrocamiento del mandatario Lucio Gutiérrez.

De otro modo  (artículo 18) , la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el Secretario General para, con el consentimiento del gobierno afectado, realizar gestiones diplomáticas en ese país.

A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua hacia el final del período de gobierno del presidente Enrique Bolaños  (2002-2007).

Pero la Carta también prevé escenarios de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”  o de “ruptura del orden democrático”  (artículo 19) , en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado.

Consulte aquí el documento completo de la Carta Democrática Interamericana.

El caso más reciente de “ruptura”  democrática fue Honduras luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009.

Una Asamblea General extraordinaria del organismo hemisférico convocada poco después suspendió al país centroamericano por casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la Carta.

Papel del Secretario General

Pero en caso de grave “alteración”  de la democracia, el artículo 20 faculta al Secretario General o cualquier país integrante a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.

Carta de la AN #Venezuela donde me solicitan la invocación de Carta Democrática @OEA_oficial https://t.co/6iFuurycis pic.twitter.com/VJkQlCGsJN

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 19, 2016

Esta vía, sin precedentes en los tres lustros de la CDI, es la que solicitó la oposición venezolana al secretario general, Luis Almagro.

Consulte aquí el documento completo de la Carta Democrática Interamericana.

La cabeza de la OEA debería tomar una decisión en las próximas semanas, dijo su portavoz Sergio Jellinek, de llevar o no a un debate en la OEA el estado de la democracia venezolana.

De llegarse a esa etapa, el Consejo Permanente podrá decidir, con la aprobación de la mayoría de los 34 países integrantes, la realización de gestiones diplomáticas para promover la “normalización de la institucionalidad democrática”  en Venezuela.

Si esas gestiones fracasaran, el Consejo Permanente convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus integrantes, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres del continente, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.

Para ello se requiere igualmente una votación de dos tercios de los países.

Consulte aquí el documento completo de la Carta Democrática Interamericana.

Se entra en una “evaluación del tipo político”, dijo el secretario de asuntos jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

Según el artículo 19 de la Carta Democrática, una alteración grave de la democracia, “mientras persista, es considerada un ” obstáculo insuperable” para la participación del gobierno en los órganos de la OEA.

“En ponencia conjunta de todos sus magistrados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó la constitucionalidad del Decreto N 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional”, indicó un comunicado del TSJ.

En la sentencia, divulgada la noche del jueves, la Corte considera que el estado de Excepción se justifica por la necesidad de “proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”.

El Parlamento venezolano, dominado por la oposición, rechazó el martes el decreto de Maduro de estado de Excepción, alegando que constituye “una concentración de poderes”.

Los diputados consideraron que el decreto “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela”, y además “representa un franco abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República”.

No obstante el Tribunal Supremo, al que los opositores acusan de estar al servicio del gobierno chavista, decidió en su sentencia del jueves que la Asamblea Nacional actuó de forma “inconstitucional e írrita”  en su acuerdo de rechazo al decreto, dictado el 13 de mayo y con vigencia de 60 días.

El líder de la oposición, Henrique Capriles, llamó a los venezolanos a desacatar el estado de Excepción, y planteó a los militares a que decidan “si están” con la Constitución o con Maduro.

Entre las justificaciones del decreto, el Gobierno indicó que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos”  y promueve la “interrupción del período”  de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

El miércoles la oposición, retando la orden presidencial, marchó en las calles de casi todos los estados del país exigiendo que se avance en el revocatorio, con encontronazos entre la policía y los manifestantes en cinco de las protestas, y que dejaron al menos treinta personas detenidas.

“Carta Democrática”

El opositor Parlamento venezolano solicitó formalmente el jueves al Secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocar la Carta Democrática Interamericana, llamando al abordaje regional de la crisis en ese país “antes de que sea demasiado tarde”.

“Urgimos su actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, antes de que sea demasiado tarde”, señaló la directiva de la Asamblea Nacional venezolana -todos miembros de la coalición opositora MUD- a Almagro en una carta dirigida a la cabeza de la Organización de Estados Americanos (OEA) .

Según la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la “vulneración”  en Venezuela de “los elementos esenciales”  de la democracia y el agotamiento de iniciativas internas de dialogo justifican invocar la Carta Democrática, un mecanismo que puede activar la OEA en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados integrantes.

La “situación en Venezuela es de un deterioro sin precedentes y de tal gravedad que en los últimos meses ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna de la seria situación que padecemos”, indicó el Parlamento en la misiva de tres páginas.

Venezuela atraviesa una profunda crisis: choque institucional entre gobierno y oposición, mientras en la calle los ciudadanos viven con escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y cortes recurrentes de agua y electricidad.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido, se reunió en Washington con Almagro, a quien le entregó la misiva y un “extenso” informe sobre la situación venezolana que el secretario general de la OEA había solicitado a una comisión parlamentaria que lo visitó hace tres semanas.

“Si no se le abre a Venezuela una válvula de escape a la grave crisis, evidentemente pueden ocurrir situaciones que nadie desea ni espera”, dijo Florido luego del encuentro a periodistas en la sede de la OEA, en la capital estadounidense.

“Los países están cambiando”

Almagro deberá expresar su decisión “entre días y semanas” en un informe que presentará al Consejo Permanente, dijo su portavoz, Sergio Jellinek.

Según el artículo 20 de la Carta Democrática, el Secretario General puede convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación en un país en caso de una grave “alteración”  del orden constitucional y democrático de un país miembro.

Pero Venezuela ya ha adelantado que se opone.

Rodríguez acusó a Almagro de estar al servicio de la oposición y del gobierno de Estados Unidos, negando que la Carta Democrática pueda invocarse sin la aprobación de Caracas.

En caso de invocarse la Carta, los países podrían entonces decidir, con la aprobación de la mayoría de los 34 países integrantes, la realización de gestiones diplomáticas para buscar soluciones a la crisis.

Florido no quiso decir qué tipo de apoyos esperan obtener en la OEA, pero especuló sobre una erosión de las alianzas del gobierno venezolano en el principal foro regional.

“El sistema interamericano está cambiando, los países están cambiando, conocen de la crisis venezolana (…) Esperamos su respuesta”, apuntó.

Incluso no se descarta que Almagro eleve la situación de la democracia venezolana al debate regional, aún sin garantías de tener el apoyo de los países.

“Independientemente de los votos a favor o en contra, si (Almagro) está convencido, va a ir al Consejo Permanente”, dijo Jellinek.