La carrera contrarreloj comenzó para países como Guatemala, que aún no cuenta con las vacunas contra el covid-19 ni con la certeza de cómo quedará el acceso para la población económicamente activa (PEA) a la medicina.

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Ante ese vacío regulatorio se consultó a los abogados laboralistas: Luis Fernández y Augusto Valenzuela, el especialista en capital humano Egor Espinosa, Guido Ricci, director laboral de Cacif; y Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport.

El Ministerio de Trabajo respondió a la solicitud de información fuera de tiempo, y afirmó que no es obligación del patrono desarrollar el esquema de vacunación, pero debe cumplir con la prevención y control del virus en los lugares de trabajo.

Recientemente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que tiene la lista  de los derecho-habientes, que pueden tener acceso a la vacuna, con una capacidad de ocho mil dosis diarias, pero las empresas deben coordinar con la institución las jornadas.

1. ¿Pueden las empresas obligar a los empleados a vacunarse contra el covid-19?

El Plan de Emergencia Nacional para la Vacunación contra el Covid-19 contempla que quien desee optar a la vacuna debe firmar un consentimiento informado antes, pero eso no quiere decir que sea obligatorio.

Tampoco se puede obviar el artículo 63 del Código de Trabajo, que establece entre las obligaciones de los trabajadores esta: “Someterse a reconocimiento médico, ya sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este, para comprobar que no padece  alguna enfermedad profesional contagiosa”, citó Fernández.

Ricci: No se puede obligar constitucionalmente a alguien, y no existe un parámetro legal que obligue a un trabajador a vacunarse. En ese contexto también es importante observar la reglamentación del Seguro Social.

Ministerio de Trabajo: De conformidad con la normativa laboral vigente, no es una obligación directa del empleador desarrollar el esquema de vacunación y obligación respecto a este tema, sin embargo, deben cumplirse las normas establecidas en el Acuerdo Gubernativo 79-2020 respecto a las Normas Complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para la prevención y control de brotes SARS COV-2 en los centros de trabajo. 

2. ¿Quién asume el costo de la vacuna?

Es incierto, la información que brindó el IGSS  es que  se comunicará con las clínicas de las empresas para coordinar la jornada de vacunación, además, el lugar donde esta se aplique debe reunir las condiciones necesarias para atender cualquier reacción. Además, los equipos de vacunación serán de tres personas, dijo De Estrada.

Otra opción, en  caso la empresa no llene los requisitos para  la jornada de vacunación, deberá, en su momento,  otorgar permiso a los trabajadores para que acudan a los centros de salud correspondientes, siempre y cuando estén contemplados dentro del grupo de la población  que debe recibir la dosis.

3. ¿Pueden despedir a un empleado por no vacunarse?

La empresa sí puede despedir a un trabajador, porque se está protegiendo la salud y vida de los demás. En caso de que alguien se niegue a   vacunarse, puede ser destituido con causa justificada de no acatar disposiciones de salud, pero debería ser indemnizado.

Aunque no es causal de despido que un trabajador no quiera vacunarse, está obligado a acatar las instrucciones del empleador; en este caso, cumplir todas las disposiciones para resguardar la salud, por lo que cualquier contravención es susceptible de sanción y a la aplicación del procedimiento disciplinario.

Ministerio de Trabajo: Este tema no es considerado como una causal o motivo de despido según el Artículo 77 del Código de Trabajo.

Espinosa: una cosa es obligar en hacer cumplir a un empleado una medida interna de la empresa que sea justificada inicialmente en un plan de acción o política interna, que despedir a un empleado por no querer vacunarse, este último depende de muchos factores legales inicialmente para poder lograrse, ya que el concepto es muy amplio para tomarlo solo así como despido justificado.

4. ¿Se puede excluir a un candidato por no estar vacunado?

En Guatemala, tanto la Constitución Política de la República como los convenios internacionales regulan la no discriminación y la igualdad. Asimismo, derivado de la pandemia, las disposiciones en materia de salud y seguridad ocupacional que se han emitido también señalan en específico la concientización para reducir el estigma social y prevenir la discriminación, la violencia y el acoso a los trabajadores y familiares que hayan sido contagiados de covid-19.

Valenzuela: contar con vacuna contra el covid-19 tampoco puede ser un requisito en una oferta laboral, porque se puede interpretar como discriminación.

Ministerio de Trabajo: La legislación laboral vigente no contempla este tema como una disposición para acceder al trabajo, debe considerarse como una limitación al derecho del trabajo, Articulo 6 del Código de Trabajo.

5. ¿Es legal preguntar en una entrevista de trabajo si se está vacunado?

No es legal, pues si se pregunta a una persona si está vacunada se puede considerar como un acto de discriminación. Sin embargo, en el proceso de reclutamiento y selección se puede incluir la pregunta, pero como un requisito incluido cuando el solicitante se someta a exámenes de salud ocupacional de ingreso, que por lo general los practica un médico, quien puede  determinar  si el candidato debe  estar vacunado para seguir en el proceso de selección de personal.

De Estrada: no es ético plantear esa pregunta a no ser que se establezca alguna nueva disposición por parte del Ministerio de Salud o Ministerio de Trabajo como requisito para trabajos específicos como la manipulación de alimentos, personal de cuidado de salud, entre otros.

6. ¿Puede el empleador o trabajador usar la cobertura del IGSS o una privada para vacunarse?

Para este proceso de inmunización/vacunación, es crucial la coordinación con el sistema de salud pública. Es importante la coordinación de las empresas con los sistemas del Ministerio de Salud y el IGSS, dado que   son quienes lideran la estrategia país.

Las empresas están interesadas en terminar con los riesgos a los que está expuesto su personal y apoyarán los programas y los requisitos que se establezcan. La empresa será facilitadora para que la estrategia se lleve a cabo según dispongan las autoridades.

7. ¿Puede ser la vacuna un requisito a la hora de acceder a un empleo?

No debería ser un requisito, y únicamente debería aplicar a puestos cuya actividad lo amerite, especialmente en manipulación de alimentos.

Es importante recordar que buena parte de la población económicamente activa no está incluida entre los grupos que inicialmente recibirán la vacuna.

Ricci: lo que sí es pertinente es que la empresa tome en el ambiente de trabajo las previsiones y medidas de higiene y seguridad necesarias, igual que los trabajadores y sus familias, a fin de evitar la propagación del virus.

Ministerio de Trabajo: de conformidad con la normativa laboral vigente, no es una obligación directa del empleador desarrollar el esquema de vacunación respecto a este tema, sin embargo, deben cumplirse las normas establecidas en el Acuerdo Gubernativo 79-2020 respecto a la Prevención de Brotes SARS COV-2  en los Centros de Trabajo.

Ciento cincuenta cinco días después de restricciones por la emergencia del coronavirus, decenas de personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para manifestar en contra del Gobierno, por la forma en que ha manejado la emergencia por la pandemia, y también para exigir la elección de magistrados a las cortes.

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En la protesta hubo personas con pancartas que pedían transparencia para ejecución de los fondos  asignados para atender la emergencia del nuevo coronavirus.

“Dónde está el dinero para las pruebas”, fue uno de los reclamos que expuso en un cartel Gerardo Argueta.

La demanda de Argueta se refería a los diagnósticos de coronavirus. A la fecha ya se han efectuado 200 mil pruebas, un promedio de dos mil 290 al día; sin embargo, para un país de 17 millones de habitantes, se consideran insuficientes.

En el piso de la Plaza un grupo de jóvenes dibujó y pintó la leyenda: “¿Dónde está el dinero?”, con la cual cuestionaron públicamente al Gobierno por la ejecución de los Q25 mil millones aprobados para atender la emergencia.

La plaza volvió a ser el punto de encuentro de los manifestantes, quienes rememoraron jornadas sabatinas del 2015, cuando demostraron el músculo ciudadano hasta la caída del exmandatario Otto Pérez Molina (2012-2015), señalado en diversos procesos de corrupción.

Este sábado varias personas manifiestan frente al Palacio Nacional de la Cultura para pedir elecciones de cortes nacionales y ejecución transparente de recursos en la emergencia por Covid-19. pic.twitter.com/Jz5IbtMYRD

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 15, 2020

También el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) fue criticado en estas marchas y protestas, en especial durante el 2017; cuando, con una serie de acciones, emprendió lo que grupos inconformes consideran una cruzada en contra de la lucha anticorrupción.

Ahora, tras ocho meses de Gobierno de Alejandro Giammattei, la plaza se vistió de nuevo de consignas que preguntaban “¿Dónde está el dinero?” y “Si no hay Estado de derecho, ¿democracia para quién?”.

La protesta tuvo lugar en un contexto político en el que se ha acrecentado la pugna por las cortes del país y en el cual destaca la deficiente ejecución presupuestaria para combatir a el covid-19.

Algunos de los manifestantes pidieron la salida del presidente e incluso la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, satirizada en la Plaza con carteles que decían “Consuelo de corruptos”.

El diputado Aldo Dávila, integrante de la bancada del Movimiento Winaq, partido que fundó la Nobel de la paz Rigoberta Menchú, acudió a la manifestación.

“Es lamentable que – Giammattei- diga que depende de nosotros -cuidarse en contra del coronavirus-, porque es su responsabilidad y no lo está haciendo. Para eso es el presidente de Guatemala”, señaló.

Con mascarillas, algunos con caretas de plástico, con banderas y tratando de guardar la distancia apropiada para minimizar el riesgo de contagios, se calcula que participaron unas 200 personas.

Entre los movimientos que convocaron a la protesta estaba la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (pública autónoma), la organización Otra Guatemala Ya, la Batucada del Pueblo, la Asamblea Social y Popular, la Asamblea Contra el Golpe y la Coordinadora de ONG y Cooperativas, entre otras tantas.

Con información de EFE.

Los contagios por el nuevo coronavirus van en aumento y estamos en las semanas más críticas, han informado las autoridades.

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Hugo Monroy, ministro de Salud, informó que este 15 de junio los casos de coronavirus en Guatemala sumaron en total 10 mil 272 contagiados.

Los infectados en las últimas 24 horas fueron 427 pacientes, de los cuales 285 son hombres y 142 mujeres. También se reportaron 15 fallecidos, 13 hombres de entre 25 a 87 años, además de dos mujeres de 61 y 66 años. Asímismo se procesaron 1 mil 658 pruebas.

En total hay 7 mil 905 casos activos y 1 mil 966 recuperados.

Las autoridades recomendaron mantener el distanciamiento social, el lavado contínuo de manos y el uso de alcohol en gel como medidas de desinfección.

El decreto 15-2020, según el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, tiene como finalidad “proteger al usuario”, pero la reglamentación, a su criterio, es lo contrario, y por esa razón interpusieron la acción de inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Según Fernando Trabanino, defensor del consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el reglamento que aprobó Giamattei excluye a usuarios porque “no protege a a quienes no estaban al día con sus pagos cuando empezó la emergencia”.

Trabanino expuso que el decreto aprobado por el Congreso y que rechazó el veto de Giamattei establecía “que en ningún caso podría suspenderse la prestación de los servicios como agua, energía eléctrica, telefonía y otros servicios básicos durante la vigencia del estado de Calamidad”.

Según el defensor del consumidor, la reglamentación de la Ley que aprobó el presidente “establece plazos que no estaban en la norma específica en la Ley ordinaria y crea requisitos para poder acceder a los convenios de pago y evitar la suspensión del servicio de energía eléctrica”.

Agregó: “El reglamento fija máximo de consumo en agua, en energía eléctrica y en telefonía da la facultad de que puedan reducir el plan sin ningún criterio técnico, sino a discreción de las empresas aun cuando usted -el usuario- tenga un contrato pospago, vulnerando aspectos de cobro por un servicio no prestado si se reduce a un plan básico”.

Asimismo, Rodas criticó: “El presidente de la República, el doctor Giamattei, hizo uso de la facultad que le da de reglamentar el artículo 183 de la Constitución, pero lamentablemente el mismo le señala claramente que no debe contrariar el espíritu de la Ley”.

El magistrado de conciencia añadió: “El derecho nos enseña que hay una jerarquía de las layes. En este caso una ley reglamentaria está contraviniendo lo que establece el decreto 15-2020. Salen perdiendo los usuarios, salen ganando los proveedores y empresarios”.

Este domingo 31 de mayo último cobró vigencia el reglamento del decreto 15-2020, y en este el Ejecutivo delimitó a qué usuarios no se les podrán cortar servicios públicos.

El reglamento establece que no se podrá cortar el servicio durante la vigencia y aplicación de las medidas de emergencia a las personas que estén en situación de vulnerabilidad, que sean usuarios residenciales solo en el caso que no haya pagado sus facturas mensuales emitidas en dicho período y cuyo consumo no exceda de 300 kilovatios hora al mes.

Una de estas fue presentada por la Asociación Nacional de Generadores de energía (ANG). Otras por la Cámara de de Industria de Guatemala (CIG), por Deocsa y Deorsa, además de otras presentadas por abogados en forma personal.

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Los generadores de energía argumentan que el proceso de sanción de la ley fue inconstitucional porque el Congreso no cumplió con enviarla a consulta a la CC cuando decidió rechazar el veto del presidente de la República Alejandro Giammattei contra ese el decreto.

Gabriela Roca, abogada de la ANG, expuso que debido a que el mandatario argumentó inconstitucionalidades para rechazar el decreto en mención, el organismo legislativo debió enviarlo a consulta a esa Corte, pero en cambio decidió rechazar el veto y enviarlo a publicación para que cobrara vigencia.

El 15-2020 cobró vigencia a partir de este 22 de mayo.

El sector de energía se ha pronunciado en contra de este, argumentando que al no delimitar las medidas de prohibición de corte, se ponen en riesgo los ingresos por cobro del suministro y la sostenibilidad del servicio.

La ANG busca la inconstitucionalidad total del decreto, pero también accionó contra varios artículos como el 2 y el 7, referentes a la cereza y trato diferente o discriminatorio para las diferentes prestadoras de servicio público que se incluyeron en esa ley. Además, se acciona contra la retroactividad de la ley.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG explicó que la acción de inconstitucionalidad que presentó esta organización empresarial se centra en la falta de consulta del Congreso hacia la CC, al rechazar el veto presidencial al decreto. Coincide con Roca en que ese organismo debió haber consultado a esa Corte antes de rechazarlo, es decir que se omitió una parte del proceso de una ley, agregó el directivo.

“Entendemos la necesidad de los guatemaltecos ante esta emergencia, pero también es necesario que la implementación de la ley no ponga el riesgo a empresas y servicios”, añadió.

Las otras dos acciones se presentaron por Blanca Dina Urrutia Cifuentes, según el expediente 1922-2020.

Incluye una inconstitucionalidad general, contra todo el decreto, y una parcial contra los artículos 1, 2 y 4.

Violaría TLC con Estados Unidos y tratados de inversión

Aparte de que presentará un Amicus Curiae o Amigo de la Corte y busca convertirse en terceros interesados en el proceso que se llevará en la CC , Amcham analiza otros impactos que podrían conllevar demandan internacionales, expuso el presidente de dicha organización Juan Pablo Carrasco.

El decreto 15-2020 “presenta una clara vulneración a los derechos constitucionales de libertad de contratación, propiedad privada, y libertad de industria y comercio” y que “podría llevar a las empresas prestadoras de servicios básicos a la insolvencia, y a la posterior quiebra, limitando a los usuarios, de forma total al acceso a dichos servicios”, explicó.

Con eso se estaría violando el capítulo 10, referente a protección de inversiones, del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y otros tratados de inversión, explicó Carrasco.

El directivo indicó que al menos una de las empresas del sector de electricidad tiene inversionistas estadounidenses, I Squared Capital, propietaria de Energuate. Y de mantenerse en vigencia el decreto con los impactos ya advertidos, podría hacer uso de es figura.

En otros casos las empresas extranjeras han llevado al Estado a mecanismos de solución de controversias y arbitrajes internacionales con demandas millonarias.

Amcham Guatemala exhorta a la CC a tomar las acciones correspondientes y a resguardar el orden constitucional del país ante las violaciones evidentes del Decreto 15-2020, garantizando los derechos constitucionales para evitar una crisis mayor ante la situación actual, se añade en el comunicado de dicha organización.

Gran parte de la población guatemalteca trabaja en la economía informal, sin embargo el bono establecido por el Gobierno llegará solo a los que aparezcan en los listados que entregaron los alcaldes, pero hay varias anomalías.

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El fondo de apoyo para la economía informal fue anunciado por el presidente Alejandro Giammattei como uno de los 10 programas que servirán para ayudar a los guatemaltecos afectados por la crisis económica del coronavirus.

Al menos siete personas fallecidas están incluidas en el listado de beneficiarios de los Q1 mil, según confirmó el propio director del Fondo de Desarrollo Social, Martín Leal. Aunque según el diputado Carlos Barreda son ocho personas fallecidas que habrían sido favorecidos.

Los listados son certificados con declaración jurada de los alcaldes, los casos de personas muertas fueron localizados en la información que entregó la municipalidad de Guatemala, dijo Leal.

El funcionario explicó que ya se habló al banco para que se reviertan esos fondos. “Estos códigos se envían para canjearlo en un cajero y solicitamos la información si estas personas retiraron el dinero y nos dijeron que no, por lo que pedimos que se hiciera la regresión de fondos a la cuenta que tiene la distribución de los fondos”, agregó.

Varias anomalías se dieron a conocer en una citación con los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En un informe que denuncia las irregularidades, se afirma que hay personas que están cobrando dos o tres veces y que unas 8 personas que según los registros ya están muertas, también cobraron.

En este caso, el director del Fodes aseguró que verificarán la información denunciada. “Vamos a hacer las averiguaciones pertinente para presentar las denuncias porque son personas certificadas con datos ingresados por entidades ajenas a nosotros”.

El fondo tiene por objetivo llegar a 200 mil hogares con aportes de Q1 mil. Los alcaldes son los encargados de enviar los listados de personas que trabajan en la economía informal que deben estar en los registros. Hasta ahora 60 municipalidades han cumplido con entregar los listados.

Después de anunciar el programa, cientos de vendedores se acercaron a las municipalidades pero las autoridades dijeron que no debían llegar, lo que generó malestar en varios vendedores informales que no fueron inscritos.

Muni responde 

Ante los señalamientos, la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Comunicación Social, negó que hayan incluido dentro del listado de vendedores de la economía informal a personas fallecidas.

“La Municipalidad de Guatemala informa, que, en los listados entregados al Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, no obran los DPI en mención, 2390240871406, 2280320751406, 2353261781201, 1940312171202, 1683578441201, 1838440252212, 1639438772214 y 2451535271402 que se encuentran en el “listado de posibles beneficiarios fallecidos” que circula en las redes sociales”.