Los cinco magistrados titulares de la próxima Corte de Constitucionalidad (CC) ocuparan por un año la presidencia del tribunal, según lo establece la propia Constitución en su artículo 271, que también explica que comenzarán con el magistrado de mayor edad y continuarán de forma descendente.

Le podría interesar

Sociedad civil pronostica una nueva Corte de Constitucionalidad conservadora

Esto nos permite saber que la primera presidencia estará ocupada por Roberto Molina Barreto, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); le seguirá Dina Ochoa, designada por el Congreso y posterior a ella le corresponde a Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario.

La presidencia es seguida por Nester Vásquez Pimentel, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y por último la presidencia constitucional estará en manos de Leyla Lemus, designada por el presidente Alejandro Giammattei.

El magistrado presidente además de cumplir con una coordinación administrativa también se encarga de direccionar el tipo de procesos que conocerá en ese año el máximo tribunal, ya que es el encargado de convocar a sesiones y manejar la agenda de temas.

Expertos consultados coinciden que solo un magistrado no puede tomar decisiones porque necesita el respaldo de la mayoría, pero el tipo de casos que estén por conocer si dependerá del criterio legal que tenga el presidente.

“Yo lo que esperaría es que los fallos sean ajustados a la Constitución, podemos discrepar en la interpretación que tengan pero que nunca sean fallos que sean un contrasentido, una Corte que viole la Carta Magna en vez que la proteja, ese sería el llamado número uno, independientemente de quiénes son los magistrados”, señaló Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Casos abiertos y corriente internacional

Dos constitucionalistas opinan que el abanico de prioridades que pueda dar la CC en estos cinco años es bastante amplia, pero creen que entre esos casos podrían estar algunos que deja pendientes la Corte saliente.

“Dependiente de cual sea la inclinación jurídica de su interés, el magistrado presidente de la CC es quien establece la agenda y quien asigna cuáles son las tareas que se van a conocer (…) hay muchos amparos provisionales, dictados por la CC que está terminando, que aún deben resolverse en definitiva para cerrar esos casos, luego, la Corte debe de acelerar los procesos en general para tener una justicia pronta”, comentó el abogado constitucionalista Alfredo Siekavizza.

Entre estos casos abiertos está el expediente que frenó al Congreso continuar con la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional y la entrada en vigencia de la ley de Oenegés, entre otros.

Pero el abogado Gabriel Orellana  estima que otro punto clave a analizar es la forma en que la nueva Corte aborde los casos nuevos, muchos que incluso pueden ingresar a territorio guatemalteco por la fuerza, por ciertos temas sociales que están circulando en Latinoamérica.

“El problema en este momento no es qué casos va a conocer la CC, sino qué casos va a producir el Presidente, el Legislativo y la CSJ, entre otros muchos; luego tenemos casos álgidos que se vienen, como la propiedad de las comunidades indígenas; otros temas que en el mundo están de moda y que pueden venir a Guatemala, como la eutanasia y el aborto”, refirió.

Fiscalización

Para las organizaciones que integran Alianza por las Reformas la nueva CC tendrá una tendencia hacia el oficialismo, lo que consideran podría atentar con el sistema de pesos y contrapesos, haciendo que a la tríada de los poderes del Estado se le sume el aval del pleno constitucional.

Álvaro Montenegro, representante del movimiento, estima que ahora es necesaria la unión social para fiscalizar el rol de la nueva magistratura y vigilar así la forma en que abordan temas de relevancia nacional.

“Una CC bastante alineada a redes de impunidad y actores que quieren debilitar la lucha anticorrupción, posiblemente criminalizar a actores importantes como Juan Francisco Sandoval, Ericka Aifán o miembros de la sociedad civil; me parece que las elecciones de CSJ y las generales son temas importantes porque la CC tiene gran influencia, también hay cuestiones pendientes a la ley de Oenegés y por los casos de corrupción”, finalizó.

Los presidentes de la CC 2021 – 2026

1. Roberto Molina Barreto – Designado por la CSJ – del 14 de abril de 2021 al 14 de abril de 2022

• Proceso de renovación de autoridades en el MP, PGN y PDH.
• Acompañar el cumplimiento de la resolución de CC para la elección de la CSJ y Salas de Apelación.

2. Dina Ochoa – Designada por el Congreso de la República – del 14 de abril de 2022 al 14 de abril de 2023

• Año preelectoral para la renovación del Ejecutivo, Legislativo y corporaciones municipales.
• Inscripción de candidatos para los comicios del 2023

3. Gloria Porras – Desinada por el Consejo Superior Universitario – del 14 de abril de 2023 al 14 de abril de 2024

• En funciones para el evento de elecciones generales del 2023.
• Conocer posibles impugnaciones por los comicios generales.

4. Nester Vásquez – Elector por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) – del 14 de abril de 2024 al 14 de abril de 2025

• Presidirá la CC cuando la actual administración de Alejandro Giammattei finalice su periodo constitucional.

5. Leyla Lemus – designada por el Presidente y Consejo de Ministros – del 14 de abril de 2025 al 14 de abril de 2026

• Coincide con una nueva renovación para el MP y PGN.
• Entregará la CC a las nuevas autoridades constitucionales.

La prueba de fuego para la próxima magistratura constitucional durará cinco años, pero desde el día uno debe garantizar que será una corte ajena a las presiones políticas y mediáticas para sustentar sus resoluciones con argumentos que busquen el respeto de las leyes. Así lo ven distintos sectores que fueron convocados ayer a un foro de la Cámara de Industria de Guatemala.

Le podría interesar

Designación del Ejecutivo debe juzgarse por desempeño de los magistrados, opinan sectores

Que sea una corte libre de presiones políticas y apegada al Derecho es lo que espera el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de la nueva CC.

“En esto los mensajes han sido muy claros y ya se han dicho aquí: no queremos una corte de corrupción ni de clientelismo, y yo añadiría que no queremos una corte ideologizada. Hemos aprendido de la manera más dura en los últimos cinco años lo que significa tener una CC que ha sido muy cuestionada en ese aspecto”, comentó Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif.

Cumplir con la ley

Los magistrados deben velar por que se respeten sus resoluciones, pero ellos también deben respetar la Carta Magna, cumpliendo con los límites que claramente les dicta, expuso José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

“Que haga lo que la ley le faculta y lo que la Constitución les dicta hacer, y no más. Puede ser un problema muy grande que se haga un cuarto poder sin frenos y contrapesos. Los magistrados sí están sujetos a la ley, se puede evaluar cómo actúan y se puede ir delimitando para los próximos años cuál es verdaderamente el rol de la CC, y no como un jugador político que tiene la última palabra y que ya nadie puede cuestionar”, afirmó.

Debe guardar distancia

La Asociación en Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) apunta que, además de evaluar el proceso de designación, se debe entrar a valorar los resultados, ya que es imprescindible que la nueva CC haga que se respeten sus resoluciones, demostrando un fundamento netamente jurídico.

“Las decisiones de la Corte siempre van a ser políticas, porque su principal herramienta de trabajo es la Constitución Política de la República de Guatemala, y debe velar por el orden político, pero lo debe tomar con procesos jurídicos, no al revés, tomando decisiones políticas para después ponerle el tacuche jurídico”, agregó Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes.

Designaciones dudosas

“Una Corte de Constitucionalidad independiente no es imposible, pero en último proceso hay dudas sobre algunas designaciones”, señaló Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).

“Es un proceso viciado, con muchos actores de por medio, muchos intereses que reflejan esa captura del Estado. Si vamos a ver quiénes son los órganos electores, tenemos una Corte Suprema de Justicia que lleva más de un año de forma ilegal, un Congreso cuya cuarta parte está vinculada con el crimen organizado y sabemos qué tipo de magistrados quieren; un Consejo Superior Universitario con dos electores con orden de captura, un Colegio de Abogados donde hay candidatos señalados, y el presidente, que ha hecho totalmente opaco el proceso de selección. Creo que estamos enfrentando un proceso bien oscuro”, dijo De León.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el Movimiento Cívico Nacional (MCN), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) se reunioneron en un conversatorio la mañana de este miércoles 10 de marzo, convocados por la Cámara de Industria de Guatemala y desde esta tribuna analizaron la reciente designación del Ejecutivo.

La independencia es clave para la próxima CC, coincidieron los representantes de los distintos sectores,  ya que, explicaron, esto garantiza resoluciones ajenas a presiones, favores e intereses políticos.

Le podría interesar

Ejecutivo designa a Leyla Lemus como magistrada titular ante la CC en medio de choque entre Giammattei y Castillo

Sin embargo, el actual proceso de designación de la nueva CC se encuentra envuelto en una serie de dudas por los procesos de designación de los órganos electores que han motivado una docena de impugnaciones y otras que, advierten, podrían llegar en las siguientes semanas, previo a la toma de posesión de la nueva corte, el 14 de abril.

En cuanto al trabajo que podría llegar a hacer Lemus a la CC, las opiniones están divididas. Mientras hay quienes señalan que será una labor oficialista, otros opinan que hay que esperar y juzgar a partir del desempeño de la, hasta ahora, secretaria general de la Presidencia.

Esperan para evaluarla

La única forma de medir la independencia de un magistrado será revisando su ejercicio como tal, según José Echeverría, presidente del MCN, quien estima que cualquier impugnación que se presente no tendrá futuro si el nombramiento se llevó a cabo respetando los principios legales.

“El tema va a ser ese rol que ella (Leyla Lemus), como magistrada pueda hacer, un rol independiente de quien la nombró y que pueda hacer su función de magistratura junto a los otros designados que van a integrar la Corte ceñida específicamente al rol que tiene la CC, que nunca sean superiores a la ley y que tampoco sean completamente irresponsables ante la ley con su actuar”, refirió.

Roberto Ardón, Director Ejecutivo del Cacif, señaló que la designación de Lemus no es sorpresa, ya que su nombre ha venido sonando desde hace mucho tiempo, y coincide con Echeverría en que la única forma de medir su independencia será viendo su rol como magistrada.

“Siempre hay una enorme sospecha, no de ahora sino cada cinco años de la designación del presidente, que está haciendo llegar a su abogado, gente de su círculo de confianza, la discusión va a venir siempre alrededor de eso y de si hay independencia o no. Es muy importante, ya ha pasado en otras magistraturas, que las personas han probado en algunos casos ser independientes de sus designaciones, tocará ver cuál será el ejercicio de las dos personas designadas”, precisó.

Junto a Lemus fue nombrado como suplente Juan José Samayoa Villatoro. Los cuatro expertos participaron en un foro virtual para evaluar el proceso de renovación de la CC desarrollado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Guatemala Visible, Guate Integra y el MCN.

Dudan de su autonomía

Carmen Rosa de León, directora del Iepades, no se mostró satisfecha con la decisión que tomó la presidencia y aseguró que se perdió una oportunidad de oro para demostrar que se quiere una CC ajena a presiones.

“Es una elección donde diferentes fuerzas buscan poner operadores políticos para comprar, no sé, ¿si impunidad? y lo voy a decir, para el futuro de las acciones que se puedan hacer a nivel de la Presidencia de la República.  Yo sí lamento que se haya perdido esa oportunidad por parte del presidente de hacer un proceso abierto y de haber escogido a una persona que no sea de su círculo más cercano, con lo cual la independencia está en entre dicho”, señaló De León.

Por su parte Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de Asíes, opinó alrededor de este nombramiento que las dudas que puedan surgir no van a fortalecer la imagen del nuevo tribunal, algo que es necesario para que la población confié en sus futuras resoluciones.

“Vamos a seguir viviendo el proceso de integración de la CC dentro de un ámbito de impugnaciones, amparos, cuestionamientos; no es positivo para la propia Corte, sobre todo, en el supuesto que se va a dar en donde los magistrados reelectos (Dina Ochoa y Gloria Porras) estén conociendo y resolviendo de quienes van a sustituir a los demás, esos creo que no son elementos favorables para el fortalecimiento de la institucionalidad”, comentó.

Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) permanecerán en el cargo por los próximos cinco años, pero sus decisiones pueden afectar, para bien o para mal a Guatemala durante las siguientes décadas.

Le podría interesar

Vicepresidente hace llamado al Consejo de Ministros para que designación de magistrados ante la CC sea pública y da una propuesta

Aunque la percepción general que se tiene sobre este tribunal es que la mayoría de sus resoluciones competen a procesos penales y disputas políticas la realidad es otra. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) en el 2019 los casos “polémicos” abarcaron apenas un 5% del total de sus resoluciones.

Muy diferente al hablar de fallos en materia económica, cuya mayoría  pueden pasar inadvertidas, donde la CC abarcó el 60% de sus sentencias; entre ellas se incluyen demandas laborales, asignaciones presupuestarias y hasta disputas de mayor envergadura que tienen relación con transnacionales y la extracción de recursos.

Este último tema relacionado directamente con proyectos mineros e hidroeléctricos, que a criterio de empresarios están afectando seriamente la imagen de la nación por transmitir una sensación de incertidumbre legal que termina ahuyentando a posibles inversionistas.

Pero analistas aseguran que tampoco se pueden dejar a un lado los procesos relativos a la corrupción, ya que aunque representen la menor cantidad de expedientes en la CC esas resoluciones demuestran si hay avances o no en el sistema judicial.

Indicios que añaden son vitales para nuevos inversionistas, ya que nadie estaría interesado en apostar su capital en un país en donde además de pagar impuestos y trámites administrativos  también tendrían que tener fondos pensados para el pago de sobornos.

Para este miércoles se estima que el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hagan sus designaciones, con lo que se conociera a totalidad la nueva integración de la próxima magistratura que comienza sus funciones el próximo 14 de abril.

Actualmente existen impugnaciones contra los nombramientos que hizo el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Certeza jurídica

Este aspecto es vital para el sector empresarial y es, a su criterio, una de las mayores deudas que está dejando la CC saliente. Señalan que el cierra de minas golpeó seriamente en la recaudación fiscal y en la imagen pública nacional para la atracción de inversionistas.

Nils Leporowski, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), destacó que tan solo con el cierre de Mina San Rafael se perdieron 3 mil fuentes de empleo directos y Q600 millones en concepto de impuestos.

“Estos eran proyectos que ya habían sido autorizados, que ya habían cumplido con los requerimientos de ley y por una mala interpretación que dio la CC, porque así es, sobre el convenio 169 que no es vinculante pero que ellos lo hacen vinculante y cierran varias minas del país que no solo generaban empleos, pagaban millones en impuestos al país y el mensaje que dio el país con esas resoluciones al mundo fue que en Guatemala no hay certeza jurídica para la inversión”, señaló.

Luis Miguel Castillo, presidente de la Junta Directiva de CBC, comentó recientemente en un foro digital coordinado por el Vance Center for International Justice, que la certeza jurídica es clave para el crecimiento y desarrollo social.

“Esa debilidad del estado de Derecho nos está llevando a temas complicados, Guatemala es un país pequeño pero bastante estable en los últimos 15 años porque hemos crecido alrededor del 3%, un poco por encima del promedio de América Latina, pero ese promedio no ayuda a salir adelante, necesitamos por lo menos otros 3% para aspirar a ser un país mejor en 15 o 20 años (…) pero difícilmente vamos a traer inversión si no tenemos resuelto los temas como nos ven de fuera, si vengo yo a poner una inversión de una minera o una hidroeléctrica no tengo certeza jurídica después de haber pasado por todo el proceso”, preciso.

Corrupción y elecciones 2023

Otra de las responsabilidades que tendrán los nuevos magistrados de la CC será definir el futuro de los casos por corrupción que dejó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que aún se ventilan en los tribunales nacionales.

Alianza por las Reformas incluso señala que fue por el temor a esas investigaciones y sus alcances que grupos oscuros emprendieron una campaña de desprestigio y batalla legal en contra de la entidad anti corrupción, que finalmente fue disuelta durante la administración de Jimmy Morales.

Pero Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, opina que además de tener que resolver estos expedientes penales los nuevos magistrados van a jugar un papel clave en el sistema de pesos y contrapesos, así mismo cuando se disputen las próximas elecciones generales.

“Los eventuales limites que haya que ponerle al Congreso porque ya hemos visto en el pasado con las reformas al Código Penal, ley de ONG y de Reconciliación Nacional, ya después, a largo plazo, va a ser una Corte que tenga un rol importantísimo en las próximas elecciones porque en 2019 fue la CC quien depuró el tablero electoral y esta CC va a ser quien depure el próximo”, indicó.

El desgaste de la CC

Muchos están contando los días para que la actual CC cambie a sus autoridades. Analistas de diferentes vertientes coinciden en señalar algunos momentos que fueron complejos durante la actual magistratura constitucional.

Frenar la expulsión de Iván Velázquez, ordenar al Congreso que no discuta la Ley de Reconciliación Nacional, incluso resoluciones relativas a antejuicios contra propios magistrados constitucionales.

También prolongar el tiempo de la CSJ y el fallecimiento de uno de sus magistrados titulares junto a la renuncia de otro por temas de salud que llevaron a algunos sectores sociales a decir que la CC se encontraba desintegrada, son algunos de los momentos que marcaron de forma negativa a la actual magistratura.

Pero a criterio de Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, el mayor evento perjudicial que propició la Corte fue la constante contradicción a los poderes de Estado que él llega a calificar como intromisión.

“Si la mayoría de los nuevos magistrados son independientes y respetuosos de la Constitución el mayor reto que van a enfrentar es regresar a la CC a la vía del respeto a la Carta Magna, que ya no sirva más como un instrumento político e ideológico para absolutamente nadie”, destacó.

Para Elvyn Díaz, de Alianza por las Reformas, frenar el “non grato” contra el exjefe de Cicig fue crucial, “ese es el primer asunto complicado que debió enfrentar la CC y le llevó a la línea de fuego contra los grupos que se organizaron para dar fin a la Comisión, que estuvieron encabezados por el entonces presidente pero sabemos muy bien que son personas que se vieron afectados por las investigaciones”.