Durante 68 minutos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad escucharon los argumentos de los representantes de la Fundación Myrna Mack, del Consejo de la Carrera Judicial y el Ministerio Público, durante la audiencia programada para discutir la apelación del fallo del juez décimo cuarto civil, del 15 de noviembre pasado, en el que consideró que no había materia para amparar a la Fundación y que el proceso de postulación podía continuar sin evaluar a los postulantes a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la Corte de Apelaciones (CA).

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El abogado Rotman Pérez, en representación de Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, comentó que la aprobación de la ley de la carrera judicial garantiza el proceso de evaluación y trazó una ruta importante que incluye plazos perentorios para el sistema de justicia.

“La resolución del 15 de noviembre, del juzgado 14 del ramo civil, considera que se debe aplicar por igual la norma a los litigantes y a los que tienen cargo en el OJ. Sin embargo, a los jueces se les aplica un régimen específico, pues la ley del OJ los considera parte de la carrera judicial”, explicó Rotman.

El abogado concretó que las peticiones que hacen para que la CC resuelva se centran en que se revoque el fallo del juez, quien confunde algunos de los procesos de evaluación del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y de las comisiones de postulación y al de los litigantes y de los jueces, para que se continúe con la evaluación, pide que se provea el reglamento para ese proceso y que la se pronuncie para ordenar el procedimiento, “porque las comisiones no pueden hacerlo por sí solas”.

Luego de citar sentencias anteriores de la CC, Rotman dijo que “suprimir la evaluación del desempeño atentaría contra el deber de rendición de cuentas de los funcionarios judiciales tienen hacia la población guatemalteca”.

Rotman recordó que la nómina de candidatos a CSJ y de Apelaciones debe ser integrada con personas idóneas,

Siguió el turno del presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, quien expuso que el consejo es un órgano técnico, rector de la carrera judicial, pero no cuenta con independencia financiera para actuar.

Guerra explicó que la unidad de la evaluación del desempeño debe evaluar a 286 jueces y magistrados que han manifestado interés en postularse a una magistratura y para ello requiere por lo menos de 90 personas. “No se puede solo contratar personal ni dotar de recursos, eso lo hace la CSJ, de cuya voluntad depende el Consejo”, expresó.

A pesar de lo anterior, el presidente dijo que están en la fase de contratar expertos externos que evalúen las sentencias de los magistrados y otros aspectos.

En cuanto al reglamento de la ley, Guerra señaló que el Consejo acató la resolución de la CC y estableció el acuerdo 1-2019 (disposición por única vez para evaluar a jueces y magistrados), pero fue rechazado por la CSJ e impugnada por un amparo.

“La obligación del Consejo de evaluar jueces y magistrados está condicionada a elementos que la ley establece: reglamentación, elementos técnicos, certificación de instrumentos de evaluación y dotación de recursos humanos, técnicos y financieros para que la unidad específica haga su trabajo. Ninguna de estas cosas depende del Consejo, por ello es que no es procedente decir que hay negligencia o incumplimiento de deberes, omisión o abuso de autoridad por la no implementación aún de la evaluación; existen otras circunstancias que agravan la problemática”, manifestó Guerra.

Al final de la audiencia, la fiscal Hilda Toledo Barrios, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y Exhibición Personal del Ministerio Público, expresó que no comparte el criterio del juzgado que decidió denegar el amparo a la Fundación Myrna Mack y exhorta al Consejo a la emisión del reglamento de la carrera judicial.

Dijo que en un fallo anterior, “la Corte de Constitucionalidad se pronunció y señaló que en 48 horas se debía requerir al Consejo que, inmediatamente, es decir, sin tardanza, cumpla el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial. Para cumplir con esto, indicó, el Consejo debe acatar la evaluación de jueces y magistrados, y evaluación del desempeño, acorde a estándares nacionales e internacionales, tomando en cuenta disciplina, ética, gestión, aspectos académicos, evaluación interna y externa”.

Toledo Barrios exhortó a los magistrados a agilizar el proceso de evaluación de candidatos a magistrados. “La Fiscalía considera que en 30 días se deberían entregar los expedientes de las evaluaciones efectuadas  a las postuladoras, por lo que el Ministerio Público pide que se otorgue el amparo y se revoque el fallo del juez”.

La CC aún debe resolver la apelación de la Fundacion Myrna Mack y con este fallo podría determinar el futuro del proceso de postulación de magistrados y, posiblemente, desentramparlo.

Alternabilidad

Luego de la audiencia, Prensa Libre consultó a algunos expertos del tema para que analizaran el impasse en el que se mantiene la elección de magistrados de CSJ y Apelaciones.

El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina, indicó que el puesto de magistrado en esa institución es codiciado y eso se demuestra con la postulación de más de mil 500 juristas, aunque solo hay 13 puestos.

Según el experto esto haría que haya falta de interés de los magistrados para que se avance con la nueva elección. “Estar ahí les da una posición y el ingreso es bueno, además de tener la posibilidad de hacer cambios. Una muestra de ese interés por llegar a la Corte Suprema de Justicia es que durante la elección hay presiones de grupos de interés”, dijo.

Fernández Molina reitera que los magistrados siguen en su puesto y esto es legal porque así lo dijo la Corte de Constitucionalidad, pero no es correcto, por lo que se deberían hacer todos los esfuerzos por corregir los errores que se presentan.

El exmagistrado dijo que las evaluaciones a los candidatos podrían tardar hasta dos años, por lo que el periodo de los electos sería de dos años y medio y si no se modifican las leyes que tienen entrampado el proceso pasaría lo mismo en la siguiente elección.

Además, dice Fernández Molina, la CC está llamada a desentrampar el proceso pues su función es la defensa del orden constitucional ya que todos los días este se corre y el sistema judicial pierde la confianza de lo guatemaltecos.

“Para los magistrados de la CSJ el papel de víctimas ya pasó y si no toman una actitud proactiva, pasarán al papel de aprovechados”, manifestó.

El retraso en la elección dela CSJ se debe a la falta de voluntad política de parte de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial y de los magistrados, afirma Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

La activista dice que el consejo no puede alegar falta de capacidad y de personal, pues tuvo dos años para implementar la evaluación; en cambio, se queja de eso ahora que se debe dar la elección. “Ya deben haber negociaciones y acuerdos para que esta corte continúe por tiempo indefinido y eso no puede ser”, asegura.

Muralles dice que a la población le afecta que no haya una renovación de un organismo tan importante y que, aunque la CC dijo que legalmente pueden permanecer en el cargo, los actuales magistrados no pueden “eternizarse por dos o cinco años más”.

Además, la activista dice que la actual CSJ ha tenido un “papel pésimo”, la mayoría “ha cometido prevaricato y es urgente que se cambie”.

Proceso detenido

Las comisiones de postulación de magistrados para CSJ y CA suspendieron sus labores hace un mes ante la falta de certeza y por los fallos y apelaciones pendientes de resolver como el de la Fundación Myrna Mack. Mientras tanto, los actuales magistrados han extendido su mandato por 47 días, pues el 13 de octubre pasado debieron asumir los nuevos funcionarios.

El trabajo de las postuladoras estaba en la fase de calificación de expedientes con las tablas de gradación que cada comisión aprobó, pero ese proceso se anuló luego de que la CC ordenó que se repitieran algunas designaciones de comisionados, por irregularidades en la forma en que se hicieron estas, y que el proceso de la postuladora de CSJ empezara de nuevo desde cero.

De esa cuenta, las nóminas no se integraron y no llegaron al Congreso de la República para la elección respectiva. Será la nueva legislatura la encarga de seleccionar a los más altos funcionarios judiciales, luego de que se desentrampe el proceso de postulación y pueda avanzar.

Los procesos de postulación de magistrados para CSJ y CA ha sido accidentados en los últimos 10 años, tiempo durante el cual han habido diversas impugnaciones y acciones que han frenado, anulado y ordenado que se repitan, e incluso, ya electos, algunos magistrados no asumieron los cargos, por supuestas denuncias en su contra.

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La Fiscalía de Derechos Humanos solicitó imponer las penas de prisión a los cuatro exdetectives durante la continuación del debate.

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Los acusados son Martín Alejandro García Mejía, quien fue jefe de detectives, y sus subalternos Alberto Encarnación Barrios Rabanales, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva.

Los cuatro acusados de haber participado en la muerte a balazos del detective de la extinta Policía Nacional (PN) son José Miguel Mérida Escobar, quien había iniciado las pesquisas por el asesinato de la activista Myrna Mack, el 11 de septiembre de 1990.

Por la muerte de Mérida Escobar, que sucedió el 5 de agosto de 1991, cuando salió de la antigua sede de la PN, ahora Ministerio de Gobernación, la Fiscalía pidió imponer las penas mínimas por asesinato.

Para García Mejía, López Aguilar y González Grijalva la pena solicitada fue de 25 años de prisión por asesinato y 40 años de cárcel por deberes contra la humanidad -20 años de cárcel por el agravio a Alfredo de Jesús Guerra y 20 años de prisión por José Galindo Cifuentes Estrada-. En total, 65 años de prisión para cada uno.

En el caso de Barrios Rabanales, la petición fue de 45 años de cárcel -25 años de prisión por asesinato y 20 por agravio de Guerra-. En total, 45 años de cárcel.

Durante el debate, la Fiscalía recordó que Mérida Escobar había salido de la sede de la PN y caminaba por el Parque Concordia cuando fue interceptado y baleado.

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Señalamiento

La investigación junto con las pruebas contiene el testimonio que brindó la víctima ante una judicatura en donde predijo su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor del crimen contra la antropóloga Mack Chang.

Este es el segundo debate debido a que por supuestos vicios la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó el año pasado repetir el juicio.

Durante el debate, que inició el 10 de julio pasado, declaró Helen Mack Chang, querellante y hermana de la antropóloga. “Mi hermana (Myrna) realizaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces”, inició su relato Helen Mack.

La activista, que creó la Fundación Myrna Mack, recordó el crimen contra su hermana, muerta a puñaladas el 11 de septiembre de 1990.

En su relato mencionó que el investigador Mérida Escobar fue asignado al caso y avanzó en las pesquisas hasta lograr ubicar a Beteta Álvarez como el responsable.

La activista destacó un evento en donde Mérida le dijo que iba a ser asesinado. “Había logrado identificar como principal sospechoso del crimen de mi hermana a Beteta, que estaba de alta en el Estado Mayor Presidencial, concretamente en el Departamento de Seguridad Presidencial”, dijo.

Lo que sigue

Este martes se prevé la última palabra a los acusados. Después será la deliberación de los jueces y la lectura de la sentencia por al mediodía.

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El crimen contra Mack, ocurrido el 11 de septiembre de 1990, pasó casi inadvertido el día de su publicación. De hecho, murió en una calle cualquiera, en un día cualquiera, en una hora cualquiera.

Prensa Libre publicó la noticia el 12 de septiembre. No había nada extraordinario en ésta. Acá algunas líneas de esa nota: “Una mujer, posiblemente de origen cantonés, fue asesinada anoche de doce puñaladas por delincuentes que le robaron una bolsa y dinero en efectivo, en la 12 calle, frente al 12-17 de la zona uno”.

Según la nota, Myrna tenía aproximadamente 28 años, pero ella estaba a poco más de un mes de cumplir 41 (Nació el 24 de octubre de 1949).

El día de su muerte vestía pantalón celeste, playera blanca y zapatos negros, su indumentaria característica de trabajo de campo como antropóloga.

El cuerpo presentaba cinco puñaladas en el corazón (el mismo corazón que entregó a la gente humilde con la que compartió investigación científica); tres en la cabeza (cuyas ideas marcaron para siempre el pensamiento femenino del país); dos en la espalda (en la que cargó a tantos niños rurales), y dos en los brazos (los mismos con los que luchó hasta su muerte).

Al día siguiente de su muerte también se barajó la hipótesis de que había sido un crimen pasional. Nada de eso. Myrna fue asesinada por su trabajo de investigadora social.

En la nota de Prensa Libre del 13 de septiembre de ese año, también se consignó que el segundo apellido era “Shing”. Errado. Era Mack Chang, por su ascendencia china.

Su vida y obra

Myrna nació el 24 de octubre de 1949 en Retalhuleu. Se graduó como maestra de educación primaria del Colegio Monte María en 1967. Posteriormente asistió a la Escuela de Servicio Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en donde cerró pénsum en 1971. Realizó estudios de antropología social en la Universidad de Manchester, Inglaterra; habiendo obtenido el grado de maestría en la universidad de Durham, del mismo país.

En 1982, al haber presentado su trabajo de tesis “De la organización de base a la movilización de masas en Nicaragua: El caso de Estelí” como culminación de sus estudios en la Universidad de Durham, retornó a Guatemala y se incorporó al equipo de Inforpress Centroamericana, en el cual se desempeñó por varios años como periodista, analista y redactora sobre el acontecer económico y político de la región.

Nace Avancso

Es así como conoce a un grupo de personas con quienes compartió la inquietud de crear, en Guatemala, un centro de investigación que abordara problemas urgentes de la sociedad guatemalteca. Las iniciativa respondía a la observación del vacío de conocimiento existente, sobre temas de la realidad social guatemalteca, especialmente derivado de la violencia ejercida contra sectores intelectuales en la primera mitad de la década de los 80.

Nace, entonces, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO-, organización en donde Myrna pone en práctica sus conocimientos sobre antropología social y su fuerte vocación de compromiso social y humano que cultivó desde su juventud temprana.

En la década de los años ochenta Guatemala sufrió el período más agudo de guerra interna. El Estado desarrolló, en este período, una despiadada política represiva con una concepción amplia e indiscriminada de “enemigo interno” que afectó a distintos sectores de la sociedad civil, estuviese o no involucrada con el movimiento insurgente. La población más afectada por esta política de Estado fue la campesina, particularmente la indígena. Hombres y mujeres, niños y ancianos fueron, sin distinción alguna, víctimas de atrocidades nunca antes vistas en América Latina desde la conquista.

Como resultado de tal campaña de terror, la población sobreviviente se vio obligada al desplazamiento hacia zonas selváticas o montañosas.

La huída fue la continuación del martirio, en tanto que sufrieron la persecución, el hambre y las consecuencias de la vida en la intemperie que, con frecuencia, culminaba con un nuevo enfrentamiento a la muerte. Todo ello representó una inmensa carga emocional que se añadió al desgarro que significó el abandono de sus comunidades y familiares que, en ocasiones habían muerto en condiciones de extremo sufrimiento, más la incertidumbre sobre la suerte de los que quedaron vivos.

Conciencia social

Fue la conciencia de este drama humano y el contacto con sectores de la Iglesia Católica cercanas a las poblaciones desplazadas, lo que motivó a AVANCSO y, particularmente a Myrna, a involucrarse en una investigación que permitiera sacar a luz esa realidad. Se trataba de desvelar las condiciones de existencia de esa población sufriente; las determinantes que causaron la huída e impedían su retorno. El objetivo final era el de promover una política de reinserción en condiciones dignas y seguras.

Convencida de que la sustentación empírica del fenómeno contribuiría a abrir los espacios para dar a conocer el problema y a perfilar las propuestas de solución, Myrna y su equipo de trabajo realizaron múltiples viajes al interior del país, principalmente a la zona ixil y a Alta Verapaz.

Así se desarrolló una investigación, de carácter antropológico, que abordaba la problemática de las poblaciones desarraigadas y desplazadas internas, que culminó con la publicación del libro “Política institucional hacia el desplazado interno de Guatemala” en 1990.

Los insumos que le brindó todo el trabajo de campo realizado le permitió seguir abordando la problemática de los desplazados internos, desde otra perspectiva: la del riesgo del retorno de estas comunidades a condiciones económicas más deterioradas, a espacios profundamente militarizados y a comunidades gravemente desarticuladas, lo que culminaría más adelante con la publicación de su segundo esfuerzo investigativo llamado “¿Dónde está el futuro?”

Desplazados

El desarrollo del trabajo de Myrna logró su objetivo: levantar en ciertos escenarios el tema de los desplazados internos del país. Tanto es así que su trabajo fue determinante para que en la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos –CIREFCA-, celebrada en el país en mayo de 1990, se abordara el tema. En esos años, la sociedad guatemalteca no conocía la magnitud de la problemática que Myrna estaba trabajando en sus investigaciones, a pesar de que involucraba a casi un millón de personas que por el conflicto armado tuvieron que dejar todo y adentrarse en las montañas como mecanismo de supervivencia.

Para el Ejército, mantener este tema con bajo o nulo perfil en la opinión pública nacional e internacional, era una acción estratégica, ya que, si éste salía a luz en todas sus dimensiones, podría desencadenar iniciativas para el ingreso de ayuda humanitaria a país, principalmente de la Cruz Roja Internacional. Ello hubiera permitido evidenciar la magnitud y la profundidad del conflicto armado. Por lo tanto, una consecuencia derivada del trabajo de Myrna, era la de sacar a la luz la despiadada política contrainsurgente del Estado de Guatemala ejecutada por la institución militar.

Conflicto armado

Debido a los embates del conflicto armado, muchas de las familias desplazadas se habían organizado en Comunidades de Población en Resistencia –CPR- en distintas zonas del país. Sin embargo, en la adversidad y hostilidad del entorno en donde estas comunidades deambulaban era prácticamente imposible mantenerse, puesto que no existían condiciones mínimas y las personas morían de hambre.

Algunas CPR que se ubicaban en el área ixil buscaron apoyo en el gobierno para poder retornar con cierto grado de protección, pero no obtuvieron respuesta. Por tal motivo, se abocaron al obispo del Quiché, monseñor Julio Cabrera Ovalle, quien fue una ayuda para que estas comunidades salieran al claro.

Myrna mantenía cercanía y amistad con monseñor Cabrera y discutía con él sobre la situación de los desplazados y refugiados internos, así como de las posibles acciones que contribuirían a resolver el problema. Ambos tenían conocimiento de las condiciones infrahumanas en las que vivían estas poblaciones y del riesgo que representaban nuevas acciones del ejército.

El documento

Dadas las circunstancias y la falta de respuesta institucional a la problemática, las CPR de la Sierra (área ixil) se vieron en la necesidad de redactar un documento en el que exponían la magnitud del problema. Myrna en un inicio no tuvo conocimiento acerca de este documento, aunque muchas personas la contactaban para preguntarle acerca de dicho texto.

El 7 se septiembre de 1990 fue publicado en los medios escritos de prensa el documento de las CPR de la Sierra. El ejército erróneamente vinculó a Myrna con la redacción del mismo, motivo suficiente para que el Estado Mayor Presidencial montara un operativo que culminó con la ejecución extrajudicial de Myrna, el 11 de septiembre de 1990, coincidentemente cuatro días después de haberse publicado este comunicado.

Juicio y castigo

El esclarecimiento del asesinato de Myrna ha sido un esfuerzo que ha durado más de trece años, en el cual se han puesto de manifiesto las profundas y estructurales debilidades del sistema de justicia guatemalteco. Sin embargo, a pesar de todas las trabas judiciales, los obstáculos y, en consecuencia, el manto de impunidad que ha cubierto la administración de justicia y que ha definido este tortuoso proceso judicial, se ha logrado que las instituciones encargadas de la aplicación de justicia funcionen.

Es así que de 1990 a 1993 se desarrolló el proceso en contra del responsable material del asesinato, el sargento especialista Noel de Jesús Beteta Álvarez, integrado al llamado “Archivo” del Estado Mayor Presidencial, que arribó a sentencia firme en casación en 1994, condenándolo a veinticinco años de prisión por este caso.

Como un precedente importante para el sistema de justicia, se dejó abierto en 1994 el proceso penal por responsabilidad intelectual contra tres militares de alto rango: el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, quien al momento del asesinato fungía como Jefe del Estado Mayor Presidencial; el coronel Juan Valencia Osorio, entonces jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, y el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, subjefe de ese mismo departamento.

El juicio oral contra los autores intelectuales se llevó a cabo de septiembre a octubre del 2002 y culminó con la condena contra el coronel Valencia Osorio por parte del Tribunal Tercero de Sentencia. Posteriormente, la Sala Cuarta de Apelaciones decidió revocar la decisión en mayo del 2003.

Finalmente, a inicios del 2004, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia de casación, en la cual se anuló la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones y confirma lo que el Tribunal Tercero de Sentencia había develado en octubre del 2002, llegando este proceso a sentencia firme, en la cual se condena a prisión por treinta años al coronel Juan Valencia Osorio, por la autoría intelectual de la ejecución extrajudicial de Myrna, quien actualmente es prófugo de la justicia.

Reacciones

A nivel internacional, el caso fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y, a finales del 2003, este órgano penal internacional emitió sentencia condenatoria al Estado guatemalteco por su responsabilidad en el asesinato, encubrimiento y denegación de justicia en el caso Mack Chang.

Sin embargo, la sentencia emitida por la CIDH va más allá, puesto que, además de condenar al Estado guatemalteco, hace énfasis en la responsabilidad particular del Ejército y el Estado Mayor Presidencial en la ejecución extrajudicial de Mack Chang, como quedó establecido en los párrafos 140 y 216 de dicha sentencia:

“La muerte de Myrna Mack Chang fue producto de una operación encubierta de inteligencia militar llevada a cabo por el Estado Mayor Presidencial y tolerada por diversas autoridades e instituciones” (Párrafo 140)

“Está establecido que el presente caso de la ejecución extrajudicial de Myrna fue producto de una operación de inteligencia militar del Estado Mayor presidencial, que perseguía el ocultamiento de los hechos y la impunidad de los responsables y para tal fin, bajo la tolerancia del Estado, recurría a todo tipo de recursos, entre los que se encontraban los hostigamientos, las amenazas y asesinatos de aquellos que colaboraban con la justicia…” (Párrafo 216)

Helen, su hermana

La ardua labor y lucha de Helen Mack Chang para lograr el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial de su hermana, en conjunción con el trabajo realizado por la Fundación Myrna Mack, han logrado llevar hasta las últimas consecuencias este caso paradigmático para el sistema de justicia y para la sociedad guatemalteca en su conjunto, del cual se desprenden grandes lecciones y aprendizajes, a costa de la vida de Myrna Elizabeth Mack Chang.

*Fuentes: Prensa Libre, Internet y Fundación Myrna Mack)