El juicio por el asesinato del ciudadano y activista francés, Benoit Pierre Amedee Maria, dará inicio en diciembre próximo en el Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango.

Lo anterior lo confirma el departamento de prensa e información del Ministerio Público (MP) por medio de María José Mansilla, quien puntualiza que será el 11 de diciembre por la mañana.

El francés Benoît María murió baleado cuando circulaba en un picop sobre una ruta de terracería en la aldea Pacam, San Antonio Ilotenango, Quiché.

Las fuerzas de seguridad y el MP contabilizaron al menos once impactos de bala en el vehículo del ciudadano francés, quien vivía en Xela y trabajaba también en Alta Verapaz.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango será el inicio del juicio y oral y público en contra de Diego Tay Vicente. El activista francés residía en Xela y se desplazaba cotidianamente a Quiché, donde fue asesinado.

En septiembre del 2021 las autoridades arrestaron a tres personas vinculadas con el ataque armado que se cobró la vida del activista francés, pero solo Tay Vicente enfrentará el juicio por el delito de asesinato.

Cuando se produjo la captura de Tay, y otras dos personas, el MP reveló que uno de los posibles motivos del crimen fue que Maria se habría negado a pagar un “derecho de paso” por la carretera comunitaria.

Este extremo, como otros, serán presentados durante el juicio, de acuerdo con la información que ha proporcionado el MP hasta ahora.

Los investigadores descartaron en su oportunidad el robo como motivo del ataque, pues la víctima conservaba sus pertenencias, incluido su celular, computadora y dinero en efectivo.

Benoit María laboraba en el territorio Ixil y era director de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras en Guatemala y tenía más de dos décadas de apoyar en el país a comunidades indígenas mayas en proyectos agrícolas.

Maria también participó en 2011 en la fundación de la Universidad Ixil en Quiché, dedicada al conocimiento ancestral de los pueblos originarios, entre otros proyectos.

El asesinato de Benoit María ocurrió siete días después de que las autoridades indígenas de Nebaj habían sido notificadas sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), expediente 3883-2017, que les había otorgado un amparo en favor del pueblo maya Ixil de Nebaj, que les otorga la propiedad de la tierra de la aldea Ak’ul, y cuyo despojo estuvo a cargo del Estado el 9 de diciembre de 1983.

El 11 de agosto de 2020 el presidente francés, Emmanuel Macron, publicó en sus redes sociales que “Benoit Maria ha estado liderando proyectos agrícolas en beneficio de las comunidades indígenas mayas durante 20 años y ayudándolas a preservar sus tierras. Ayer fue asesinado cobardemente. Saludo su compromiso humanista, fraterno y solidario que honra Francia”. 

Diversas organizaciones, tras su muerte, destacaron que Benoit María, durante más de 20 años, “contribuyó a la diversificación de la pequeña producción agrícola, la dignificación de los campesinos y la recuperación de las prácticas agrícolas ancestrales de los pueblos indígenas”.

Se trata de Cesar Octavio Noguera Argueta oficial del Ejército.

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Se informó que como producto de las acciones militares contra el grupo maya Ixil, hubo muerte de hombres, mujeres y niños.

Según informó una fuente, habría habido muertes selectivas, masacres y desapariciones forzadas.

También supuestamente sucedieron otras clases de abusos contra el referido grupo.

El Ministerio Público informó que el caso está bajo reserva.

Para el lunes 28 se tiene programada la primera declaración del militar sindicado.

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El fiscal de Derechos Humanos, Erick de León, utilizó tres horas para explicar sus conclusiones.

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Este es el segundo debate que enfrenta el exjefe militar por los mismos cargos. En 2013 estuvo en el banquillo de los acusados junto con el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel, aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) diez días después por errores procesales.
 
En ese año el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez Sánchez. Después de una apelación se ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal.
 
“La temporalidad de los hechos quedó demostrada”, argumentó el fiscal De León y recordó el nombramiento de Rodríguez Sánchez como director de inteligencia militar del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983.

Tribunal escucha las conclusiones del representante del @MPguatemala del juicio por genocidio en contra del general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez pic.twitter.com/rlmpWf8Wcg

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 31, 2018

 
El tribunal B escuchó el señalamiento del MP en contra de Rodríguez Sánchez que conocía “perfectamente” al pueblo ixil población que fue atacada por supuestamente colaborar con los grupos insurgentes.

Lo que sigue

La próxima semana los jueces le darán la palabra a los querellantes para emitir sus conclusiones y después será el turno de la defensa.
 
Al finalizar los alegatos se le dará la palabra a Rodríguez Sánchez para que haga su última petición y será el momento para que el tribunal discuta y valore las pruebas y emita la sentencia.

Rechazan pruebas nuevas

El tribunal rechazó tres pruebas nuevas que intentó interponer el abogado Santiago Choc, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.
 
Era el acuerdo de gobierno 664-83 del 14 de septiembre de 1982 que otorgó una felicitación a Rodríguez Sánchez; también el libro Eterna primavera, eterna tiranía de Jean-Marie Simon; y un documental del periodista Allan Josep Nair. La defensa también recibió un revés judicial debido a que rechazaron una prueba.

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El abogado Edgar Pérez, familiares de las víctimas y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), alertaron porque se trataría de un intento de frenar el proceso acusatorio por la masacre de 273 personas en diciembre de 1982.

Pérez explicó que el Juzgado de Mayor Riesgo A que preside Claudette Domínguez ha convocado para conocer la petición de los abogados del general retirado y discutir “la suspensión de la persecución penal” por la matanza conocida como “Las Dos Erres”, una comunidad de Petén.

El jurista denunció que la jueza “está violando el debido proceso” porque “ni siquiera se celebró la etapa intermedia del proceso” en la que se decide si va o no a juicio, y ahora convoca para conocer la solicitud del general Ríos Montt para que “se le suspenda la persecución penal”.

Recordó que en mayo de 2012 el militar retirado quedó ligado a proceso por ese caso y en agosto del mismo año el Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal en su contra por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad (delito de lesa humanidad) por considerar que existen elementos suficientes de su participación en la matanza, dijo.

“Pasaron cuatro años y nunca se convocó a la fase intermedia”, enfatizó el abogado de las víctimas.
Explicó que la audiencia ha sido convocada por Domínguez para este martes a las 9 horas, sin la presencia de Ríos Montt.

Las condenas

Por la masacre de “Las Dos Erres” fueron condenados a 6 mil 30 años de prisión en agosto del 2011 los exkaibiles: Reyes Collín Gualip, Pedro Pimentel Ríos, Daniel Martínez Méndez y Manuel Pop Sun.

Mientras que el subteniente Carlos Antonio Carías, exjefe de destacamento militar, fue condenado a 5 mil 60 años.
Otros dos, Jorge Vinicio Sosa Orantes y Gilberto Jordán, que también son acusados de participar en la masacre, están detenidos en Estados Unidos donde cumplen una sentencia por mentir para obtener la ciudadanía de ese país.

Pérez dijo que otros ocho militares se encuentran prófugos de la justicia por ese caso.

Aura Elena Farfán, dirigente de Famdegua, recordó que el hallazgo de las 273 víctimas durante exhumaciones realizadas en julio de 1994, mayo y junio de 1995, causó “mucho impacto” entre los familiares de las víctimas.

“Hay elementos de prueba suficientes como para que los autores materiales e intelectuales de la matanza siguen diciendo que son inocentes”, sostuvo.

Detalló que entre las víctimas de la masacre de “Las Dos Erres” se encuentra, 113 menores de edad.

Ríos Montt se encuentra incapacitado mentalmente para afrontar un juicio, según una resolución emitida en julio del año pasado.

El exdictador iba a enfrentar por segunda vez un juicio por la matanza de 1 mil 71 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché durante su régimen de facto, pero a raíz de sus quebrantos de salud, el “juicio especial” quedó suspendido en mayo pasado.

El exjefe de Estado de facto se encuentra con arresto domiciliario.

“El Tribunal de Mayor Riesgo B nos ha informado que el juicio ha quedado suspendido tomando en consideración un amparo provisional que fue otorgado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones”, dijo Héctor Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

De acuerdo con Reyes, la resolución de la sala “deja en suspenso” la orden del tribunal de realizar el juicio especial en ausencia, ordenado contra Ríos Montt por padecer demencia, junto al debate oral y público contra su exjefe de inteligencia militar José Rodríguez, también procesado por genocidio.

Los dos juicios iniciaron el pasado 16 de marzo a pesar de las advertencias sobre su posible anulación por recursos pendientes de resolver presentados por los abogados de las víctimas y del militar retirado.

“Esto que pasó era de conocimiento del tribunal. Nosotros antes de que iniciara el debate les advertimos que había muchos amparos que estaban atacando el inicio del debate”, agregó el jurista.

Entre los recursos pendientes por resolver se encuentra una solicitud de los abogados de Ríos Montt, de 89 años, para que cese la persecución penal en su contra debido a que en agosto pasado se le diagnosticó demencia y serios problemas de salud.

De quedar en firme la resolución que separa ambos juicios, la Corte Suprema de Justicia tendrá que nombrar a otros jueces para conocer los procesos, explicó Reyes.

Ríos Montt está acusado de la matanza de mil 771 indígenas mayas-ixiles en Quiché durante su régimen considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca, que dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos, según la ONU.

Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.

Durante casi dos meses en el juicio a puerta cerrada, el Tribunal de Mayor Riesgo B escuchó a 25 testigos de las matanzas y planes militares de la época.

El abogado de esa entidad, Héctor Reyes, se presentó a la Sala Primera de la corte de Apelaciones para entregar un memorial en el que se solicita que otorguen amparo provisional para que sea separaro el proceso de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

“El inicio de debate programado por el Tribunal B de Sentencia Penal, si en caso dado diera inicio al debate, cometería una ilegalidad al tratar de llevar dos juicios distintos a como se debe tramitar un proceso en Guatemala”, refirió el abogado.

Reyes, quien representa a familiares y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, expresó que esperan que la Sala advierta “que hay un error”. Recordó que ya habían obtenido un amparo provisional por el mismo caso, pero fue revocado por una resolución de la Corte de Constitucionalidad.

“Consideramos en representación de las víctimas que de iniciarse ese debate estaría en una ilegalidad y que puede afectar nuevamente a quienes representamos y a los acusados en el proceso por genocidio”, puntualizó.

El jurista afirmó que actúan “buscando la justicia” y pretenden que este tipo de casos consoliden el Estado de Derecho. “No queremos que se vulnere a las víctimas del conflicto armado con que se inicie un debate y al mes se suspenda porque efectivamente la Sala nos otorga una protección de amparo”, expuso.

Reyes dice que si no reciben el amparo y se comienza el proceso, más adelante podría ser detenido y eso provocaría desconfianza. “Por eso queremos que se respete el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva a víctimas y acusados”, destacó.

Ríos Montt enfrentará un juicio especial por haber sido declarado incompetente y no asistirá a las audiencias. Es acusado de la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles, en manos de soldados que estaban a su cargo cuando fue gobernante de facto en 1982 y 1983.

El 10 de mayo de 2013 el Tribunal de mayor riesgo A, condenó al ex dictador y absolvió a Rodríguez Sánchez en este caso. Pero días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo debate oral y público.

Postrado en la cama de su residencia, el anciano militar de 89 años esperará la apertura del juicio por genocidio ordenado por el Tribunal B de Mayor Riesgo, el mismo que validó los exámenes médicos que revelaron que sufre trastornos mentales.
“Estamos listos para entrar al nuevo debate, los testigos y testigas han manifestado que ellos quieren volver a declarar”  sobre las matanzas, dijo a la  AFP  Juan Francisco Soto, director del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (Caldh).
En agosto pasado, los jueces a cargo del caso decidieron celebrar el juicio a puerta cerrada, sin prensa y solo con la presencia de familiares de víctimas.
De ser condenado, Ríos Montt evitaría la cárcel y tendría que cumplir medidas de seguridad adecuadas a su deteriorada condición de salud, como reclusión en un hospital o su residencia.
El general retirado había sido sentenciado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, anuló el fallo por errores procesales y ordenó realizar nuevamente el juicio.
“Si ya se probó una vez que se cometió genocidio, lo volveremos a probar en este nuevo juicio”, agregó Soto.

Es un juicio político

Ríos Montt enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el norteño departamento de Quiché durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca  (1960-1996) que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
“Este juicio es político. El tribunal lo que quiere es ganar protagonismo porque si ya lo declaró incapaz, él (Ríos Montt) ya no entiende alguna imputación que se haga en su contra. Si es una sentencia condenatoria o absolutoria, ya no sabe” , declaró a la  AFP  Jaime Hernández, abogado del militar.
El jurista explicó que su cliente permanece “acostado”  en su habitación bajo el cuidado de una enfermera, y que “a veces hilvana unas oraciones y a veces no”, sin mantener una comunicación fluida, por lo que “el juicio ya no tiene razón de ser”.
También consideró que la intención de los jueces es posicionarse ante la vitrina internacional y de una parte de la población que apoya los procesos contra militares señalados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Por su lado, Soto mencionó que los familiares de las víctimas persisten en el proceso para hacer justicia y no por venganza.
“Esto no es un tema de venganza. Los testigos (en el primer juicio) han sido categóricos en decir que ellos estaban allí para buscar justicia para que no se volvieran a repetir los hechos”, señaló Soto.
De acuerdo con la Caldh, de 2013 a la fecha han muerto por enfermedades asociadas a la vejez cuatro del centenar de testigos del caso por genocidio, sustentado por casi 900 pruebas, entre documentos militares, informes y peritajes antropológicos.
Junto al proceso especial de Ríos Montt, el tribunal ventilará un juicio público por genocidio contra su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez.

Crímenes del pasado

Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.
Por otros crímenes durante el conflicto bélico, la fiscalía logró la detención de 18 militares retirados acusados de participar en al menos 88 masacres entre 1981 a 1986, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas  (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el enfrentamiento armado, en el cual 93% de las atrocidades son atribuidas a las Fuerzas del Estado.

Durante una reunión con periodistas en la capital, dirigentes de esas poblaciones denunciaron la instalación de la empresa Hidro Xacbal Delta, que construye la hidroeléctrica Energía Limpia de Guatemala con una inversión de más de 96 mil 88 millones de dólares.

El alcalde indígena del municipio de Nebaj (Quiché), Miguel de León Ceto, dijo a que la oposición se debe a la vulneración de los derechos de propiedad y de estudios de impacto cultural, social, ambiental e integridad de las comunidades.

Según De León, las comunidades no fueron consultadas por las autoridades para la construcción de la hidroeléctrica y sólo les presentaron un estudio de 500 hojas “con palabras que no entendemos”.

“Aclaramos que no nos oponemos al desarrollo sino a la forma en que se lleva a cabo la inversión privada de Energía Limpia en nuestra región”, expresa un comunicado divulgado por las comunidades.

El alcalde precisó que la empresa tiene previsto construir un túnel de aproximadamente cuatro kilómetros en donde las comunidades tienen sus cultivos de café, cardamomo y banano entre los poblados de Bisich y Bitziquichum, lo que provocará la pérdida de sus cosechas.

Además, puntualizó, la represa se construye abajo de Bitziquichum, que está en una ladera, y temen que se derrumbe.

De León denunció que los empresarios “han comprado” a otros líderes de otras comunidades a quienes les han entregado láminas para que apoyen el proyecto.

En septiembre pasado, representantes de Hidro Xacbal Delta y la municipalidad de Chajul firmaron un convenio a través del cual la empresa se comprometió a dotar con láminas a 457 familias de la comunidad de Sotzil.

En esa oportunidad, el representante de esa hidroeléctrica, Fernando Fuentes, aseguró que se han cumplido con todos los requisitos y que la empresa apoyará por lo menos 18 proyectos de desarrollo en esas poblaciones indígenas.

Esta es la segunda generadora de energía que construye Hidro Xacbal en Quiché.

La primera, que genera 95 megavatios, fue inaugurada en 2010, durante el gobierno de Álvaro Colon (2008-2012) y fue financiada por el Grupo Hondureño Terra.

Los pobladores de las comunidades ixiles explicaron en el comunicado que han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a efecto de que el Estado de Guatemala les garantice sus derechos.

Aseguraron que la instalación de la nueva planta que generará 75 megavatios, afectará a 112 familias de Bitziquichum y a 99 de las comunidades La Perla, Blanca Flor, Sotzil y Batchocolá.