Suspenden audiencia de oposición en un caso relacionado con Claudia González

Claudia González, exmandataria de la Cicig, busca que no sea desestimado un caso de supuesta revelación de información.

Óscar García y Elmer Vargas

7 de enero de 2025

|

14:37h

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Claudia González, exmandataria de la Cicig, informa de la suspensión de la audiencia este 7 de enero 2025. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El Ministerio Público (MP) no acudió este martes 7 de enero a la audiencia programada en el Juzgado Sexto Penal donde se conocería una audiencia de oposición en un caso relacionado con Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En su momento, el juez Jimi Bremer resolvió dictar lo conducente contra el MP porque a través de cuentas de redes sociales se habría dado a conocer un día antes, que la audiencia de González se suspendería, esto a pesar de que el caso se encontraba bajo reserva.

Ahora, la audiencia se reprogramó para el próximo 8 de abril según resolvió el juzgador.

El 18 de marzo de 2024, el juez Bremer resolvió enviar a juicio a González, señalada de posible abuso de autoridad.

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Según los señalamientos del MP, la abogada habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al haber ordenado procedimientos irregulares contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

González fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Stalling la señalaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un supuesto caso de corrupción.

En declaraciones a la prensa este 7 de enero, González explicó que la audiencia estaba programada para conocer la oposición a la desestimación de un caso que surgió del caso en el que está señalada de abuso de autoridad.

Recordó que cuando se suspendió la continuación de su audiencia de primera declaración, un día antes en redes sociales circuló que la audiencia sería suspendida, según publicaciones de net centers.

Para leer más: Claudia González y Blanca Stalling cruzan señalamientos luego de suspensión de audiencia de exmandataria de la Cicig

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González dijo que se oponen a que se desestime el caso, pero el MP no se presentó este martes a la audiencia.

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Juez Jimi Bremer suspende audiencia de Claudia González y solicita un informe al MP respecto al papel de la prensa en el proceso contra la exabogada de la Cicig.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

30 de agosto de 2024

|

14:08h

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Claudia González, exmandataria judicial de la Cicig, enfrenta proceso judicial. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

La defensa de la exabogada de la extinta Comisión Internación Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, solicitó este viernes 30 de agosto que la audiencia de ofrecimiento de pruebas fuera pública, lo que fue utilizado como argumento por el juez Jimi Bremer para suspender la diligencia y solicitar al Ministerio Público (MP) un informe sobre el papel de la prensa en el proceso judicial.

Además, la defensa y la propia González cuestionan que esa diligencia haya sido suspendida de nuevo, pues esta empezó desde hace 85 días, lo que califican como una violación de los derechos humanos.

Bremer, además de haber suspendido la audiencia solicitó un informe al MP para demostrar que los medios de comunicación que cubren el proceso tergiversan las audiencias, lo que hace que él y las demás partes procesales se sienten en peligro.

El informe solicitado al MP deberá ser entregado en un plazo de 10 días, según la resolución de juez.

Cristina Alonso, abogada de González, señaló que haber solicitado que la audiencia fuera pública no era motivo para suspender la diligencia de este viernes.

“El juez al resolver esta petición sobre la publicidad de la audiencia decidió pedirle al Ministerio Público un informe que pudiera o no acreditar si los medios de comunicación de alguna manera amenazan la integridad de los sujetos procesales y ordenó que fuera entregado en un plazo de 10 días y que por lo tanto se suspendía esta audiencia”, dijo la abogada.

Añadió que ante la suspensión de la audiencia presentó un recurso de reposición, pero las partes se pronunciaron en contra de ese curso y el juez lo declaró sin lugar.

Además, cuestionó que el juez no le diera la palabra a la procesada, pese que esta la solicitó al concluir la audiencia.

“No sabemos si dentro de 10 días nos van a resolver o no, o sea, violentando todas las garantías del proceso penal en mi contra no sabemos cuál es la intención de suspender la audiencia”, detalló González.

González explicó que el 5 de junio pasado comenzó esta fase del proceso y a la fecha no se concluye.

“Mi caso no es el primero, el caso de Stuardo Campos, el de Jose Rubén Zamora, todos los casos en donde hay personas criminalizadas hay suspensión de audiencias sin justificación alguna”, indicó. González fue enviada a juicio luego de una denuncia de la magistrada Blanca Stalling por abuso de autoridad. Stalling fue capturada por tráfico de influencias en el 2017, cuando González era mandataria judicial de la Cicig.

Audiencia de Jose Rubén Zamora es aplazada por sexta vez y ratifican denuncia contra juez Jimi Bremer

El periodista Jose Rubén Zamora guarda prisión desde el 29 de julio de 2022 por señalamientos del Ministerio Público.

Miguel Barrientos

25 de julio de 2024

|

11:39h

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Jose Rubén Zamora enfrenta señalamientos del Ministerio Público por varios casos. (Foto HemerotecaPL: C. Hernández)

Por sexta vez, una audiencia pendiente por un caso que enfrenta el periodista Jose Rubén Zamora fue suspendida.

La comparecencia programada para el 22 y 23 de julio fue aplazada, según Reporteros Sin Frontera, por acusaciones interpuestas por la Fundación contra el Terrorismo contra la jueza Wendy Coloma.

Según se indicó, Coloma habría negado las acusaciones vertidas en su contra por la entidad y, para evitar sospechas de su imparcialidad, habría permitido que se elevara la denuncia a otro tribunal.

Esa acción atrasa el desarrollo de la audiencia, por lo que Zamora deberá continuar en prisión mientras se resuelven los asuntos pendientes.

José Zamora, hijo del periodista acusado por el Ministerio Público, indicó que ratificaron una denuncia contra el juez Jimi Bremer ante el Organismo Judicial.

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La denuncia fue interpuesta el 4 de junio por un posible retardo malicioso en uno de los procesos contra Zamora y que es conocido por el juez.

“Nos constituimos como terceros en el expediente disciplinario. Un organismo judicial serio, imparcial y decente, no puede tener en sus filas a jueces que no protejan el debido proceso, que emitan resoluciones inconstitucionales y violen convenios internacionales”, señaló Zamora en la red social X.

Entidades nacionales e internacionales han manifestado preocupación por los retrasos que ha tenido el proceso contra Zamora, los cuales se remontan a 2022, cuando se informó que el juez no había recibido el expediente. Desde esa fechan han sido cinco ocasiones en las que se registran irregularidades que afectan la continuidad del proceso.

Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, señalado por el Ministerio Público en un caso de supuesto lavado de dinero. El 13 de octubre de 2023, una sala de Apelaciones anuló una condena contra el periodista y ordenó repetir el proceso por indicios de anomalías.

>> Hoy ratificamos nuestra denuncia en contra del juez #JimiBremer ante el @OJGuatemala y nos constituimos como terceros en el expediente disciplinario. Un organismo judicial serio, imparcial y decente, no puede tener en sus filas a jueces que no protejan el debido proceso, que… pic.twitter.com/trSQDIQ78t

— 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) July 24, 2024

Reprograman audiencia previa a inicio de juicio contra Claudia González

El juez Jimi Bremer suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso donde se señala a Claudia González, exmandataria de la CICIG.

Hedy Quino y Elmer Vargas

5 de junio de 2024

|

17:47h

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La exmandataria de la CICIG, Claudia González, fue enviada a juicio porque se le acusa de cometer el delito de abuso de autoridad. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Para este miércoles 5 de junio se tenía programada la audiencia de ofrecimiento de pruebas, previo a que se inicie el juicio contra la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, sin embargo, fue suspendida por el juez Jimi Bremer, del Juzgado Décimo B.

La reprogramación de la misma se dio porque no se podía utilizar la sala después de las 14:00 horas, por ello se fijó el 25 de junio como nueva fecha.

González explicó que en esa audiencia se tenía previsto que el juez conociera las pruebas tanto del Ministerio Público (MP), como de los querellantes adhesivos, así como los de su defensa.

Una vez se presenten las pruebas, el juez debe programar el inicio del juicio y dictaminar qué Tribunal de Sentencia estará a cargo, detalló la abogada.

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Sobre el caso de la exmandataria de la CICIG

El 18 de marzo el juez Jimi Bremer resolvió enviar a juicio a González, señalada de posible abuso de autoridad.

Según los señalamientos del MP, la abogada habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al haber ordenado procedimientos irregulares contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

González fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Stalling la acusaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El juez Jimi Bremer suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro del caso donde se señala a Claudia González, exmandataria de CICIG del delito de abuso de autoridad.

La audiencia se reprogramó debido a que la sala únicamente podía utilizarse hasta las 14:00 horas. pic.twitter.com/1OWfNgBugL

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 5, 2024

Secretario general de la ONU se pronunció

El 8 de mayo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse “muy preocupado” por la situación de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González, para quien pidió “un juicio justo”.

El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que efectuó en la desaparecida CICIG, organismo que fue creado precisamente tras un acuerdo con la ONU.

En abril pasado, Amnistía Internacional también llamó a las autoridades guatemaltecas a que garanticen el derecho a un juicio justo con todas las garantías del debido proceso para Claudia González y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes de la CICIG, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia para discutir el acto conclusivo en el Juzgado Décimo B, a cargo del juez Jimi Bremer.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Al finalizar la audiencia, la abogada González, quien es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, informó que el Ministerio Público (MP) dio los argumentos y pidió que la ligaran a proceso.

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Añadió que la querellante adhesiva -Blanca Stalling-, se adhirió a la petición que hizo el MP, mientras que las abogadas de González pidieron el sobreseimiento del caso.

“El juez dice que como tiene que analizar todos los medios de prueba, tiene que diferir la audiencia, y lo pasó, se había puesto una fecha próxima, pero para concordar agendas con los demás abogados, quedó el 18 de marzo. Hasta el 18 de marzo sabemos si el juez nos resuelve, qué va a resolver, si me mandan juicio o declara sobreseimiento”, dijo González.

Expresó que con todo el análisis que hizo su equipo de abogados consideran que cabría el sobreseimiento.

“Con todo el análisis que hizo mis mis abogadas y el análisis del expediente consideramos que cabe el del sobreseimiento, pero vamos a tener que esperar hasta el dieciocho de marzo a ver qué sucede”, mencionó González.

Afirmó que seguirá con las medidas que le otorgó una corte en noviembre de 2023, en la cual se le daba libertad condicional, lo que se cumplió el 16 de noviembre pasado.

“Sigo con las mismas medidas y esperando lo mejor porque sí hubo una actitud muy agresiva de la de la querellante en la audiencia, pero bueno, tendríamos que pedir siempre en forma de derecho que se respete la dignidad de los sujetos procesales y el respeto en la audiencia”, señaló la exmandataria de Cicig.

La abogada señaló que hay muchos medios de prueba que corresponden en contra de ella y por eso confía en el sobreseimiento del caso.

Al consultarle si ella sabía por qué no habían dejado entrar a la prensa a la audiencia o si el caso se había declarado en reserva, la abogada respondió que el caso no está en reserva, pero que el juez argumentó su decisión de impedir el ingreso de periodistas pues se tergiversaba la información y se sentían intimidados.

González dijo que esa decisión es contraria a la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la publicación de las decisiones jurisdiccionales y control social sobre las decisiones de los jueces.

El caso

La abogada fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Staling, quien en ese momento era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El 22 de septiembre de ese año, el juez Bremer ligó a González a proceso penal y la envió a prisión preventiva en la cárcel de Matamoros. 

El 19 de julio de 2023, el juez Bremer fue sancionado por Estados Unidos acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

El juez Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que cometió irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Cicig y decidió mantenerla en prisión preventiva.

Antes de conocer la resolución en su contra, González había denunciado que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.

González seguirá en la prisión Matamoros, ubicada al norte de la capital guatemalteca, mientras el Ministerio Público (MP) avanza en la investigación en su contra. Para eso la Fiscalía tiene tres meses.

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Pese a que la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y que una persona detenida conozca los cargos en su contra, González llevaba 25 días en prisión sin que eso ocurriera, por lo que su defensa señalaba que se trababa de una detención ilegal.

De esa cuenta, se presentó una exhibición personal a favor de González y aunque la Sala Cuarta de Apelaciones rechazó ese recurso le dio el pasado jueves 48 horas al juez Bremer para que resolviera la situación legal de la abogada, pues el juzgador había programado la audiencia para el 27 de septiembre próximo debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) considera que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la Constitución”, por lo que instaron al juez a que cumpliera la orden de la Sala.

En una carta publicada por Wola señala que González “sufre una detención injusta”, por lo que esperan que “recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

La resolución de la Sala se da en el marco de una exhibición personal a favor de González, la cual fue promovida por el abogado Alejandro Rodriguez Barillas, al considerar que, al no haberse dictado auto de procesamiento puede considerarse una detención ilegal.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

Ese día, la defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

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La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

En la resolución la Sala detalla que por unanimidad “resuelve sin lugar la presente Acción Constitucional de Exhibición Personal, promovida por el Abogado Alejandro Rodríguez Barillas a favor de la Abogada Claudia González Orellana”.

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Sin embargo, la Sala determinó que “se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente auto al Juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para que lleve a cabo la continuación de la audiencia que se suspendió el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que está dentro de sus facultades prolongar la audiencia fuera de los horarios hábiles”.

Además, ordena que si hubiera incomparecencia del Ministerio Público (MP) “se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno”.

Respecto a esa resolución, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado para que el juez Bremer cumpla con lo ordenado por la Sala, pues consideran que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la constitución”.

En una carta publicada por Wola señala que “las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente para que se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta y que Claudia González Orellana, quien sufre una detención injusta, recupere su libertad inmediatamente”.

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Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Añade que González ha permanecido detenida 24 días sin que se haya resuelto su situación jurídica, “lo cual representa una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9)”.

También dice que “La Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 7.6 establece que: ´Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales´”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

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