¿Qué cambia en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala con la nueva iniciativa 6593?

Guatemala actualizará las leyes para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), vigentes desde el 2001 y el 2005. Por ello, el Organismo Ejecutivo presentó este lunes 28 de julio una nueva versión al Congreso de la República, para iniciar su discusión y eventual aprobación.

Urias Gamarro

28 de julio de 2025

|

13:09h

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El Ejecutivo presentó una iniciativa de ley para modernizar las leyes relacionadas al lavado de dinero u otros activos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Se trata de la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual fue explicada durante una conferencia de prensa por autoridades del Ejecutivo.

Ahora corresponderá a los diputados de las distintas bancadas analizar, discutir y aprobar la normativa, previo a la evaluación que Guatemala enfrentará en el 2027 por parte de organismos internacionales, en relación con el cumplimiento de estándares LDFT.

El presidente Bernardo Arévalo señaló, durante su conferencia semanal, que ha dialogado con varios diputados sobre la importancia de esta normativa para la economía nacional. Además, indicó que el Ejecutivo buscará acercamientos con todos los bloques legislativos para resolver dudas sobre el contenido de la iniciativa.

La propuesta consta de seis capítulos y 125 artículos.

“Hoy estamos presentando otra iniciativa de importancia trascendental. Es la nueva ley antilavado, que es fundamental para poder identificar los flujos del crimen organizado, para poder combatir de esta manera el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Esta iniciativa de ley ya ha sido presentada esta mañana”, declaró el mandatario.

El lavado de dinero como “motor económico”

Respecto de los alcances del proyecto, el gobernante enfatizó que el lavado de dinero constituye “el motor” de cualquier organización criminal. Afirmó que los delincuentes necesitan “blanquear” sus recursos para inyectarlos en la economía formal sin ser rastreados.

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Según Arévalo, esta iniciativa busca atacar la actividad criminal desde todos los frentes. Mencionó, por ejemplo, la actualización del listado de sujetos obligados, como notarios y proveedores de activos virtuales, quienes deberán enviar reportes de transacciones sospechosas (RTS).

También se reforzarán controles en la contratación pública, al incluir a proveedores y contratistas del Estado dentro del sistema de prevención, como una medida para combatir la corrupción.

Además, se reformarán otras normativas vinculadas al combate del LDFT:

• Código Penal
• Código de Comercio
• Código de Notariado
• Ley contra la Delincuencia Organizada
• Ley que regula los servicios de seguridad privada

Arévalo reconoció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindaron cooperación técnica para la elaboración del proyecto.

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“Se ataca el corazón de la economía criminal”, remarcó el mandatario, al advertir que la no aprobación de estas reformas podría incrementar la incertidumbre económica del país.

“De no aprobarse esta ley, estaremos enfrentando la posibilidad de ser incluidos en la lista gris del sistema financiero internacional”, advirtió.

Durante la presentación, también se pronunciaron el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el titular de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León; y Julio Flores Reyes, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, quienes respaldaron la propuesta.

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La pena fue por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, que suman 13 años y nueve de prisión. Además, una multa de Q50 mil.

Gómez Serrano fue asistente del exdiputado Manuel de Jesús Barquín Durán. Fue detenido en julio de 2015 en San Benito, Petén.

La investigación se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales. Sumó unos US$33 millones.

Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, uno de los cabecillas, fue condenado por este caso a 38 años de cárcel y al pago de Q119 millones.

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El empresario espera un debate debido a que es la “pieza clave” de una estructura de blanqueo de capitales que investigó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el caso Lavado y Política.

En un comunicado, el MP informó que “entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Güija (en la frontera de Guatemala y El Salvador)”.

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También 10 terrenos que se encuentran en distintos puntos de Asunción Mita, Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Servia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra.

Investigación

Los bienes están embargados, “por lo que las pesquisas continúan para comprobar si estos podrían derivar de actos ilícitos”.

La Senabed es la entidad que administrará y cuidará las propiedades hasta que se plantee la denuncia para iniciar un debate en el Juzgado de Extinción de Dominio. El ente investigador pedirá que los bienes pasen a manos del Estado.

Las primeras cuatro fincas de Morales Guerra fueron embargadas el 24 de noviembre de 2015. Otras siete propiedades fueron inmovilizadas el 2 de octubre del 2015 por sentencia de extinción. Ese día también fueron embargados siete cabezales, tres camiones, un picop, cuatro motocicletas y una lujosa camioneta modelo 2015.

El caso

La investigación de la Cicig y el MP comenzó en el segundo semestre del 2014 por denuncias sobre la existencia de una supuesta estructura que operaba en Jutiapa y dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red de lavado de dinero era Morales Guerra, quien recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Además: ¿Alquilaría una propiedad incautada o extinguida por actividades ilícitas o delictivas?

Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones, aproximadamente Q255 millones, pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.

Por este caso, el 16 septiembre del 2016, Édgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y excandidato vicepresidencial, fue condenado a través de un procedimiento abreviado a dos años y seis meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, después de haberse declarado culpable. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos por cino años.

Van a juicio

En este caso, que involucra una investigación por lavado de dinero, esperan debate:

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar
2. Rudy Estuardo Martínez Orellana
3. Héctor Vicente Reyes Linares
4. Dain Alfredo Orellana Orellana
5. Marco Tulio Morales Guerra
6. José Isabel Maldonado Castillo
7. Jaime Antonio Martínez Lohaiza
8. William Geovanny Duarte Guerra
9. Basilio Cordero Cardona
10. Edvin Galicia y Galicia
11. Édgar Lionel Guerra Pérez
12. Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano
13. Mynor Leonel Morales Monterroso
14. Javier Villatoro López
15. Silvia Antonieta Guevara Prado

También a Ducati

La casa que fue extinguida al extraditado narcotraficante Manuel Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, en Chimaltenango, será utilizada por el MP.

La disposición fue aprobada durante la sesión habitual del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).

La casa que fue extinguida al extraditado narcotraficante Manuel Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, en Chimaltenango, será utilizada por el @MPguatemala.
La disposición fue del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).

Vía @prensa_libre pic.twitter.com/eDo0bW9xq6

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2018

Ducati fue extraditado a Estados Unidos junto con el Mayor de infantería, Mynor Francisco Leonardo Cerón y Elmer Abraham Ochoa Hernández el 17 de agosto de 2017.

Se cree que entre 2010 y 2014 trabajó con una estructura de narcotráfico que operaba desde Colombia hasta México, según la acusación.

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El expediente que tiene Aifán detalla que Martínez Lohayza sufre de bradicardia, descenso de la frecuencia de contracción cardíaca y amerita un marcapasos.

La defensa de Martínez Lohayza se centró en la preocupación por que las complicaciones puedan ponerlo en riesgo de muerte, como ocurrió con el exlegislador Manuel Barquín Durán la semana pasada, quien estuvo sindicado en este proceso.

Por orden de Aifán, Martínez Lohayza fue internado en el Hospital Roosevelt, mas no le concedió salir de prisión.

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También fue rechazado el pedido de salir de la cárcel al sindicado Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano debido a que ya fue evaluado por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y su estado de salud está bien.

Huelga de hambre

La Dirección del Sistema Penitenciario informó a Aifán que William Giovanny Duarte Guerra, quien era alcalde de Jutiapa, permanece en huelga de hambre desde el 9 de agosto último.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evaluó y el informe concluye que, si bien goza de salud, sugiere vigilancia.

La protesta de Duarte Guerra era para salir de la prisión por supuestos quebrantos de salud, pero durante la audiencia renunció a formular la solicitud.

El caso

La investigación de la Cicig y el MP inició en el segundo semestre del 2014 por denuncias sobre la existencia de una supuesta estructura que operaba en Jutiapa dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

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El cabecilla de la red de lavado de dinero era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, quien recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones, aproximadamente Q255 millones, pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.

Por este caso, el 16 septiembre del 2016, Edgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y excandidato vicepresidencial, fue condenado a través de un procedimiento abreviado a dos años y seis meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos por 5 años.

Van a juicio

En este caso, que involucra una investigación por lavado de dinero, esperan un debate:

1. Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico dólar”
2. Rudy Estuardo Martínez Orellana
3. Héctor Vicente Reyes Linares
4. Dain Alfredo Orellana Orellana
5. Marco Tulio Morales Guerra
6. José Isabel Maldonado Castillo
7. Jaime Antonio Martínez Lohaiza
8. William Geovanny Duarte Guerra
9. Basilio Cordero Cardona
10. Edvin Galicia y Galicia
11. Edgar Lionel Guerra Pérez
12. Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano
13. Mynor Leonel Morales Monterroso
14. Javier Villatoro López
15. Silvia Antonieta Guevara Prado

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La jueza argumentó que observó a la abogada Gatica López antes de iniciar la audiencia, sin embargo antes que la diligencia se retiró. “No sé por qué motivo habría llegado al juzgado y no está presente aquí”, dijo Aifán.

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Cordero Cardona, quien está sindicado de los delitos de peculado por sustracción, fue notificado sobre la resolución y se le solicitó que nombre a un nuevo abogado de confianza.

Con la nueva suspensión, la audiencia de ofrecimiento de prueba se reprogramó hasta septiembre, cuando había espacio en la agenda del Juzgado.

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De acuerdo con la investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad,  los sindicados están vinculados a una red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Édgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial del extinto partido Líder, ya fue condenado por este caso, a través de un procedimiento abreviado, a dos años y seis meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias.

Además, Barquín Durán fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos fueron suspendidos por cinco años.

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En el nosocomio se le practicó un electrocardiograma y un ecocardiograma, con los cuales se descartó un problema en el marcapaso que utiliza el excongresista debido a problemas del corazón, dijo el funcionario.

Barrientos indicó que de parte de los médicos del Roosevelt se descarta un problema cardiaco, pero mañana martes llegará un técnico a revisar el aparato.

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El director del Roosevelt explicó que el exdiputado está estable y consciente, pero permanecerá en observación durante 24 horas, mientras se revisa el marcapaso y se le realizan algunos exámenes de laboratorio.

Barquín fue dado de alta del mismo hospital el lunes, donde estuvo internado debido a una neumonía e infección urinaria, la cual lo tuvo hospitalizado por casi un mes.

El abogado del exdiputado, Alex Ortiz, señaló que Barquín debe medicarse todo los días con unos 18 productos debido a su condición delicada.

“El lunes –Barquín- fue trasladado del Roosevelt al Preventivo para Varones de la zona 18, pero al llegar sintió molestias de nuevo y tuvo que ser atendido otra vez”, señaló el abogado

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Depresión

Barrientos agregó que, durante la estadía anterior en el hospital, Barquín recibió atención del Departamento de Salud Mental debido a la depresión que padecía.

En esta ocasión, explicó el médico, el sistema inmunológico del exdiputado está bajo y también le afecta el problema anímico.

El abogado explicó que se espera que antes de la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso de Barquín se haga una revisión de medida para que sea trasladado a un hospital privado o a su casa. Esta solicitud, dijo Ortiz, se hará por razones humanitarias y de salud.

Barquín será juzgado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso.

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Después de la lectura de sentencia, Gálvez suspendió su ejecución debido a una solicitud del Ministerio Público.

El expresidente del Banguat también fue inhabilitado para participar en política durante los próximos cinco años, aunque aseguró que no tiene la intención de hacerlo, así como a ejercer un cargo público en ese mismo período.

Beneficio

La sentencia contra Barquín se emitió por medio de un procedimiento abreviado, descrito por la Ley contra la Delincuencia Organizada como un beneficio contra el sospechoso de una acción delictiva, posterior a la aceptación de su culpa.

La normativa indica en el artículo 93 bis que el Ministerio Público debe pedir al juez el beneficio hacia el procesado, y que se debe contar con el acuerdo del sindicado y su abogado defensor. 

“El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Podrá absolver o condenar”, indica la regla.

Perfil

Barquín, que compitió por la Vicepresidencia de la República en el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), aceptó que alertó y asesoró a Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, para evadir una auditoría de Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El exfuncionario aseguró que se dedicará a la asesoría y a la docencia.

#LavadoyPolítica | Juez Miguel Ángel Gálvez condena a Édgar Barquin a 2 años por tráfico de influencias. V/P. Raquec pic.twitter.com/XQe6FUWpO1

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) September 16, 2016

Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que, según la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculan a los hermanos Édgar y Manuel Barquín, y Jaime Martínez -los últimos dos diputados- con Chico Dólar en una red de lavado de dinero.

Morales Guerra enfrentará juicio junto a otras 11 personas, por aparentemente haber lavado dinero para financiar, de manera ilegal, la campaña de la coalición formada por la Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional en las elecciones del 2011.

Morales Guerra aseguró durante la ampliación de su declaración, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que desembolsó una suma millonaria de dinero a cambio de no ser investigado; el dinero habría sido requerido por los hermanos Édgar y Manuel Barquín.

“Yo no me voy a quedar callado. Sí, me pidieron Q3 millones para no ser denunciado”, manifestó Chico Dólar, quien está vinculado al caso de corrupción denominado Lavado y Política.

Morales Guerra dijo ante el juez Miguel Ángel Gálvez que teme por su vida. “Si me llegara a pasar algo culpo a los señores Barquín y Jaime Martínez”, enfatizó el procesado.

Durante su declaración acusó al Ministerio Público (MP) de cambiar en la acusación la cantidad de dinero que supuestamente lavó y aseguró que sus operaciones fueron autorizadas por la entidad bancaria, sin ninguna anomalía.

“Yo lo que hice fue una venta de divisas, lamentablemente el banco lo declara pero no lo registra. Yo no debería estar acá”, aseveró.

Chico Dolar añadió: “Si yo cometí un error no fue de lavado de dinero. Fui utilizado por personas que manejan puestos públicos altos”.

Audios lo vinculan

Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que según la investigación de la Commisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculan a Édgar y Manuel Barquín, y Jaime Martínez con Chico Dólar en una red de lavado de dinero.

La Cicig dio a conocer detalles de una investigación donde supone que a través de “favores y protección política” Morales Guerra financió la candidatura de Jaime Martínez, diputado de Jutiapa, así como el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también vinculado a Manuel Barquín.

Chico Dólar, supuestamente encabezaba la red entre los años 2008 a 2011, donde habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así. Mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas.

En la estructura también había empleados de la SAT y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.

Barquín será investigado por tráfico de influencias, mientras el juez decidió que no se aplica el de asociación ilícita, pese a que según el Ministerio Público el exfuncionario se coordinó y asoció con los miembros de la red Lavado Política.

Desde ahora Barquín queda obligado a firmar el libro de procesos en la Fiscalía y estará bajo arresto domiciliario, según la resolución del Juez. El MP había solicitado contra el exfuncionario prisión preventiva.

En su justificación para ligar a proceso al exfuncionario, el Juez Gálvez dijo que Barquín tiene relación familiar con el diputado Manuel Barquín, y que fue a solicitud de este que llamó a Chico Dólar.

Señalado

El 15 de julio de este año el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), acusaron al exfuncionario, a su hermano Manuel Barquín y a Jaime Martínez Lohayza, los últimos dos diputados, de integrar una red de lavado de dinero que denominaron Lavado Política.

Según el jefe de la Cicig Iván Velásquez, se solicitó el antejuicio en contra de los tres, integrantes del partido político Libertad Democrática Renovada, por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Velasquez explicó que la banda se dedicó al lavado de dinero entre 2008 a 2011 y que el líder habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera, la cual introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.

La Cicig determinó que e Chico Dólar mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas.

El Ministerio Público lo señala de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Chico Dólar mantenía una relación con los hermanos Édgar y Manuel Barquín, y con el diputado Jaime Martínez, en la cual, a cambio de protección, financiaba actividades políticas. La fiscal general, Thelma Aldana, anunció la semana pasada que pedirían la conexión para el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Arraigado

El juzgado penal de turno ordenó el arraigo contra Édgar Baltazar Barquín Durán excandidato a la vicepresidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializará los resultados electorales.

La solicitud del MP es como medida cautelar para garantizar su presencia en el país, mientras se realizan las investigaciones por su posible vinculación a una red de lavado de dinero que funcionaba en Jutiapa desde el 2008.

La medida se tomó, luego de perder materia la solicitud de antejuicio que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el pasado 15 de julio contra Barquín Durán por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, cuando Barquín era candidato a la vicepresidencia por el partido Líder.

El caso donde se vincula al excandidato vicepresidencial del partido Líder se denomina Lavado y Política.

También el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron antejuicios contra los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín Durán, hermano del excandidato.

La investigación inició en el segundo semestre de 2014 por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba en ese departamento dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red de lavado de dinero era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dolar”, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas en efectivo de moneda extranjera, principalmente dólares. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

La investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que Barquín estaría involucrado en una estructura de lavado de dinero que habría financiado a la Gran Alianza Nacional (Gana) en el 2011.

Por ese caso también se pidió antejuicio contra los diputados de Líder Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán, hermano de Édgar.

Barquín fue arraigado desde el martes en la tarde por un juez, después de que se oficializaran los resultados de las elecciones.

Édgar Barquín fue presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, así como Superintendente de Bancos, y el MP y la Cicig poseen escuchas telefónicas donde conversa con Francisco Morales, alias Chico Dólar, para encubrir operaciones de lavado de dinero en las empresas de este último.

Hay indicios

La fiscal general, Thelma Aldana, dijo hoy que, según las investigaciones preliminares, existe la posibilidad de que Barquín haya cometido cuatro delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias, peculado por uso y financiamiento ilícito a partidos políticos.

Agregó que con la Cicig analizaban si ahondaban “un poco más” en la investigación preliminar o si con lo que se tenía procedían ante los Tribunales.

“En cuanto al señor Édgar Barquín, hay diversas escuchas telefónicas, particularmente una donde se comunica con el Chico Dólar, y le ofrece que van a llegar personas de la Intendencia de Verificación Especial, y le hace relación a una de las empresas que maneja Chico Dólar, y que las personas van a llegar a Jutiapa con el ánimo de apoyarlo para que pueda salir de su problema, y el problema es el lavado de dinero”, explicó Aldana.

Estas son algunas escuchas, transcritas literalmente como el MP, en donde se implica a los Barquín:

Fecha: 7/2/2013
Édgar Barquín: Chico te saluda Édgar Barquín del banco.
Morales: A mucho gusto cómo está?
Édgar Barquín: Ah vaya, es que le quería comentar, tal como habíamos quedado la vez pasada, por ahí van a llegar los muchachos.
Morales: Ajá, cuándo?
Édgar Barquín: Exactamente van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos.
Édgar Barquín: Ah pero principalmente de los documentos del ingreso de la mercadería, las pólizas y todo, y que ese producto de las transferencias que usted hizo, la importaciones se fueron a esas empresas, eso es importante.
 
Fecha: 9/2/2013
Manuel Barquín: mi querido Francisco
Morales: Cómo está?
Manuel Barquín: pero acabo de llamar que, de que se encuentra el punta de lanza en México, pero dice que tranquilo, como yo le pedí un poquito más espacio porque no nos habían dado todas las pólizas.
Morales: no me han dado ni uno fíjese que yo vine ahorita por gusto aquí a la capital y Javier no me las dio, yo venía a traerlas y ahorita de repente regreso a Mita voy que no.
Manuel Barquín: ah vaya yo hablo con él haber que está pasando, pero igual estamos ganando ahí un poquito de tiempo, pero además que estés sumamente tranquilo, él nomás regresa y vas a estar con él, con el personaje que tiene que ver, el jefe de todo este tema
Morales: si ya entendí
 
Escucha soborno
Jaimito: ayer me hablo el Lic Barquín, vaá usted
Jaimito: de que querían una reunión con él para, con Francisco.
Jaimito: Los hermanos, vea usted
Jaimito: y encima, yo no sé si le conté a usted de que estaban pidiendo, chico parece que les ofreció plata, les había ofrecido quince mil pesos ahorita para las asambleas en Petén.
Jaimito: y el Lic Barquín me mandó un mensaje a mí, diciéndome de que quería que le hablara por diez más, para que les ajustara la choca.
Miguel Esmerio: Le dijo vaya, vaya y todo. De ahí me dijo Chico, de este cheque le vamos a dar 25 al JEFE, me dijo. Vaya le dije y, vaá y hoy me estaba diciendo en la mañana, mira, me dijo, de ese cheque fíjate que yo le oba a dar 15 más pero para los pasajes, pero BARQUÍN dice que son para la asamblea y para que voy a andar peleado yo, me dijo vaá, pues sí, le dije yo.

La acción busca que la CC “cumpla con su función esencial de defensa y el orden constitucional” y se ordene a la CSJ que se designe al Pesquisidor en un plazo no mayor de 24 horas.

Se denuncia a la CSJ de violación a los artículos 1, 2, 203 y 154 de la Constitución Política y el 19 de la Ley de Materia de Antejuicio.

La acción de amparo ante la CC coloca como terceros interesados al Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Édgar Barquín, entonces presidente del Banco de Guatenala, está vinculado a una red de lavado de dinero y financiamiento de partidos políticos con dinero, supuestamente del narcotráfico, liderada por Francisco Morales Guerra, conocido como “Chico Dólar”.

La Fiscalia Especial Contra la Impunidad (Feci), sostiene que se habría financiado al menos a la Gana con dinero proveniente del narcotráfico, en una estructura encabezada por Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

Durante cinco días, el MP presentó varias pruebas para sustentar la acusación, entre ellas varias escuchas telefónicas donde se trata de demostrar los vinculos y negocios de Chico Dólar con los hermanos Manuel y Édgar Barquín, el primero diputado y el segundo candidato a la vicepresidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), además de Jaime Martínez Lohayza, parlamentario de la misma organización política.

El MP ha solicitado se retire el antejuicio a los tres políticos.

La Feci también explicó durante la presentación de purebas cómo habría triángulado dinero Morales Guerra para financiar también al Partido Patriota.

El MP pidió se ligue a proceso a 11 sindicados:

Gómez Serrano dijo: “—El diputado Barquín— me ordenó acompañar al señor Francisco Morales en un problema que tenía, para que lo llevara a algunas instituciones, y en segundo lugar, que tenía que juntar algunos documentos para poder presentarlos donde se los estaban requiriendo… Él —Barquín— tenía conocimiento de que yo estaba acompañando a esta persona para que recabara los documentos para presentarlos en la SAT de Escuintla”.

No era la primera

También reconoció que no era la primera vez que el diputado de Líder se prestaba para hacer gestiones administrativas.

“En este caso, el diputado —Barquín— no solo legisla, sino también se presta para hacer algunas gestiones administrativas, como, por ejemplo, a personas de Petén que tienen que sacar un finiquito en la Contraloría”, dijo Gómez Serrano.

Aseveró que a Barquín se le conoce en el “ambiente” —político— como el Jefe, Comandante y Machirú.

Mynor Leonel Morales Monterroso, auditor de la SAT, dijo que Morales Guerra no registró compras de Disagro por Q15 millones, o sea que no pagó impuestos.

Se presume que son compras de fertilizantes del Gobierno, porque tenía un contrato por Q20.6 millones, los cuales aparecen en Guatecompras, y que Chico Dólar lo vendía en la Agropecuaria El Campesino, que es de su propiedad, entre Q190 y Q289 el quintal.