La propuesta de ley de aguas que se discute en el Congreso encaja dentro de lo que ha demostrado ser un pésimo modelo de legislación y gestión gubernamental. Propone crear un Instituto Nacional de Aguas (Inagua), con un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, integrado por el viejo, conocido y malogrado esquema corporativista de Ministros y representantes de diversos sectores. El Consejo estaría presidido por el Ministerio de Ambiente, que ha demostrado ser un lento gestor, generador de obstáculos, trámites burocráticos y extractor de rentas a la actividad productiva. Integrarían el Consejo los ministerios de Agricultura, Salud y Economía, el Insivumeh, la Anam, consejos departamentales, “sector” industrial y agrícola y las universidades. Un perfecto caos de pesadilla burocrática, para dispensar licencias y favores, imponer multas y hacerle la vida imposible a todo lo que tenga que ver con el agua. Ya se ve el surgimiento de empresas, afines a los miembros de Inagua y su Consejo, especializadas en la realización de los estudios, mediciones, dictámenes, trámites, permisos y vueltas requeridas. Este es un modelo harto probado y desacreditado.