¿Resolver un conflicto en tribunales, con un árbitro o un mediador? Una ley busca crear norma

La propuesta de ley de mediación divide opiniones: una parte del sector jurídico plantea ajustar la legislación vigente, mientras otra promueve una ley nueva que centralice ciertos procesos en el Organismo Judicial.

Ximena Fernández

24 de noviembre de 2025

|

06:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La ley de mediación busca registrar a todos los mediadores, sean privados o del sector público, pero esto podría estancar procesos de resolución de conflictos de privados. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Con la iniciativa de ley de Mediación, el Organismo Judicial pretende regular la mediación como método alternativo para resolver conflictos y aliviar la carga del sistema de justicia. No obstante, expertos perciben riesgos dentro de dicha regularización, como la burocracia o tiempos más largos dentro de las mediaciones privadas.

En el 2020, el Organismo Judicial presentó la Iniciativa de Ley 5808, conocida también como Ley de Mediación. Con esta, se busca asumir el control de dicho mecanismo, que actualmente se lleva a cabo principalmente en el ámbito privado, según María Isabel Carrascosa, asesora legal de la Fundación 2020. Esto buscaría descongestionar el sistema de justicia, según Héctor Aldana, diputado por la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Reformas al Sector Justicia.

“En teoría, el Organismo Judicial está diseñado para resolver conflictos, pero ningún poder judicial del mundo es capaz de atender todos los conflictos sociales del país”, destacó Carrascosa, quien señaló que el país enfrenta altos niveles de conflictividad social y que, a partir de esto, se recurre a mecanismos alternativos, como el arbitraje y la mediación.

La iniciativa de ley fue dictaminada por la Comisión de Reformas al Sector Justicia, según Aldana, quien afirmó que se consultó a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Jueces y la Procuraduría General de la Nación.

LECTURAS RELACIONADAS

Elaboran reglamento de la ley de Competencia y Directorio recibirá opiniones

¿En qué consiste la iniciativa de ley para agilizar devolución del crédito fiscal?

¿Qué es la mediación?

La mediación es un método de resolución de conflictos que sirve para solucionar problemas entre diversas partes de manera pacífica y eficiente, explicó Carolina Diab, special counsel de BLP Abogados y directora integrante de la junta directiva de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria (Crecig). Esta forma de resolver disputas puede utilizarse en casos de carácter civil, agrario, mercantil, laboral, penal —en ciertas circunstancias— y familiar, según Diab.

A partir de esto, la figura del mediador consiste en una persona que interviene en la resolución de un conflicto, pero únicamente para conducir la conversación y facilitar una solución construida por las partes interesadas, expresó Julio Manzo, abogado sénior de EY.

Esto significa que el mediador no propone soluciones, no decide ni sugiere alternativas, agregó Manzo, quien destacó que la mediación es un proceso voluntario, sin una forma rígida, y se basa en un acuerdo construido por las partes.

Diab mencionó que, actualmente, la mediación está incluida únicamente en dos artículos del Decreto 67-96, conocido también como Ley de Arbitraje, lo que provoca que, a pesar de su utilidad, no se desarrolle de forma extensa. Por ello, los centros privados de arbitraje y mediación cuentan con reglamentos propios que detallan el proceso voluntario, indicó la integrante de Crecig.

Además de los centros privados, también existen espacios de mediación en municipalidades, instituciones públicas y el Organismo Judicial. Diab destacó que en los centros de Crecig, una mediación toma entre una y tres sesiones, lo cual equivale a aproximadamente dos meses.

La mediación, tal como está regulada, no produce efectos de cosa juzgada, mencionó María Isabel Carrascosa. Esto implica que las partes pueden llegar a un acuerdo que no tiene fuerza de sentencia, por lo que no puede exigirse su cumplimiento obligatorio.

“El vacío que teníamos es que, aunque todos los procesos legales están llamados a tener una etapa de conciliación, no estaba concretado como una verdadera alternativa para evitar llegar a juicio”, argumentó Héctor Aldana, quien señaló que acudir a un proceso judicial puede ser costoso y prolongado.

Beneficios de la regulación

Dentro de la iniciativa de ley se crea un marco legal uniforme, un registro nacional de mediadores y se amplían las materias que pueden someterse a la mediación, según Julio Manzo, quien agregó que también se regula la homologación de los acuerdos, lo que les otorga fuerza ejecutiva.

Asimismo, Manzo aseguró que, para las empresas, esto reduciría los costos judiciales, daría mayor previsibilidad del resultado y agilizaría la resolución de conflictos internos y comerciales. Además, para los ciudadanos, se podría esperar un mayor acceso a la justicia, menos costos y procesos más flexibles. Según el abogado sénior de EY, la ley permitiría establecer estándares uniformes para los mediadores y garantizar la transparencia.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Por qué la crisis política daña imagen del país ante inversionistas?

“El atraso de los proyectos de energía repercute en precios altos”

“La ley ayuda especialmente a la mediación en el sector público. Que exista una reglamentación fortalece las mediaciones intrajudiciales, las oficinas públicas y el propio centro de mediación del OJ”, destacó Carolina Diab, quien señaló que uno de los puntos con mayor respaldo es la posibilidad de homologar los acuerdos de mediación, lo cual les da fuerza para ser ejecutados, según la directora de Crecig.

Aldana, por su parte, aseguró que se busca modernizar el sistema de justicia, lo cual destacó a partir de la implementación de controles como el registro de mediadores, que busca ordenar y regular el proceso.

Desafíos

El Organismo Judicial ya cuenta con problema serios de mora judicial, de servicio civil y de capacidad para brindar servicios de calidad, según Carrascosa quien se cuestionó la viabilidad de aprobar esta iniciativa: “¿Es sensato que, en lugar de resolver eso, intente centralizar también la mediación dentro de su estructura?”. 

Además, Carrascosa destacó que lo que se espera es que los mecanismos alternativos ayuden a desfogar al sistema judicial, no que se vuelva un foco de centralización y burocracia. Para Carrascosa, la creación de un centro de Registro de Mediadores implica que todos los mediadores que actualmente operan desde el ámbito privado deben registrarse, que desarrolla más burocracia, más costos de cumplimiento y una dependencia directa al Organismo judicial. 

LECTURAS RELACIONADAS

Cómo Guatemala puede atraer US$2 mil millones anuales en inversión extranjera directa

Declararse insolvente en Guatemala: Qué harán los cargos claves que asistirán a los “jueces de quiebras”

“Hoy ya existen centros privados muy serios. Es decir, el servicio ya existe. La iniciativa, en lugar de fortalecerlos, agrega capas de registro y trámite que pueden volver el sistema menos ágil, menos eficiente”, afirmó Carrascosa, quien destacó que la iniciativa introduce una obligación de denuncia para los mediadores, lo que puede perder la confianza de las partes que esperan confidencialidad. 

Sobre esto, Diab afirmó que los centros privados evalúan y certifican a los mediadores con sus propios parámetros y sistemas de calidad. Someter a los mediadores privados a un registro público, según Diab, quiere decir que desnaturaliza el carácter alternativo del mecanismo, el cual funciona porque es independiente del orden judicial. 

“El registro podría retrasar la acreditación de mediadores y expertos, lo cual estancaría el servicio”, adujo Diab. 

Por otro lado, Manzo destacó que un exceso de supervisión podría volver rígido un mecanismo que por naturaleza debe ser flexible y argumentó que debe evitarse trasladar la burocracia del sector público a los centros privados de mediación.

Soluciones

Para mejorar las mediaciones que se realizan actualmente, María Isabel Carrascosa propuso reformar la Ley de Arbitraje. “La solución no es crear una ley nueva, sino darle fuerza ejecutiva al acuerdo de mediación, lo que quiere decir que, cuando dos partes, de forma voluntaria, acuden a un mediador, siguen un proceso conforme a la ley y alcanzan un acuerdo final que tenga por sí mismo la fuerza suficiente para ser exigible”.

Carrascosa señaló que, en lugar de inventar desde cero una Ley de Mediación, es necesario corregir los defectos de la Ley de Arbitraje y, con ello, fortalecer la figura de la mediación.

Desde otra perspectiva, Julio Manzo afirmó que en el país se requieren tres cambios clave para mejorar la figura del mediador: formación y certificación obligatorias, el Registro Nacional de Mediadores y lineamientos mínimos sobre procedimientos y ética.

Por su parte, Carolina Diab argumentó que es necesario otorgar fuerza legal directa a todos los acuerdos de mediación y adherir a Guatemala a la Convención de Singapur sobre la Mediación Internacional, lo cual —según Diab— es clave para la atracción de inversiones, ya que integra acuerdos de mediación internacional en el país.

Comunitario

|

Suscriptores

Niñas víctimas de abuso sexual: la dura realidad de la impunidad en Guatemala

Entre 2018 y 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos de madres menores de 14 años, pero de los casos que han sido denunciados por violación sexual son contados los que han llegado a una condena, según informe de Human Rights Watch.

Ana Lucía Ola

18 de febrero de 2025

|

00:05h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El Código Penal establece que los embarazos en niñas menores de 14 años son producto de abuso sexual y deben ser denunciados ante las autoridades, sin embargo, no sucede en todos los casos, y aquellos en los que sí existe una acusación formal y llegan ante un juez, no siempre el victimario es castigado.

Entre 2018 y octubre del 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos en niñas guatemaltecas entre 10 y 14 años, en los casos que fueron denunciados únicamente el 0.8% de los agresores fueron condenados, según el informe Forzadas a renunciar a sus sueños, violencia sexual contra niñas en Guatemala, realizado por Human Rights Watch y que se presentará este martes 18 de febrero.

De los casos que fueron denunciados, el reporte es que seis mil 697 resultaron en desestimación, cuatro de cada 10 fueron desechados por fiscales del Ministerio Público (MP), el resto fueron archivados por orden de un juez, con lo que las niñas no lograron tener justicia ni una reparación digna ante el abuso sufrido, según el informe.

LECTURAS RELACIONADAS

Violencia sexual: el impacto devastador en la educación de las niñas madres en Guatemala

El 37% de los bebés nacidos de un embarazo adolescente en 2024 tienen un papá menor de edad

Ana Victoria Maldonado, coordinadora de programas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), señala que como parte del acompañamiento que dan a las niñas víctimas de violencia sexual, el fallo que dictan los jueces es tardío. “Un caso puede tardar cinco años para que podamos tener alguna sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria”, menciona.

En el caso de Alta Verapaz, agrega que cada año son registrados más de 300 bebés de madres menores de 14 años; sin embargo, los casos que inician un proceso legal por violación a duras penas son 10 y el número de los que llegan a sentencia se reduce a dos.  

A este dato se agrega que hay fallos que son apelables, lo que implica que podría llevarse otros cinco años más en el proceso judicial.

Para Maldonado este dato es un reflejo de que hay una respuesta tardía para las niñas víctimas de violencia sexual, pero también le envía un mensaje a la sociedad de que los embarazos en las menores son “un comportamiento normal, porque al agresor no le pasa nada”.  

Cristina Quijano Carrasco, investigadora de Human Rights Watch, refiere que el retraso en la judicialización es un problema sistemático y generalizado del sector judicial en Guatemala, pero los casos que involucran a niños deberían de ser una “prioridad para el gobierno”, lo que no ocurre, y para que las víctimas lleguen a tener audiencia pasan años.

“En la institución fiscal los casos se quedan estancados por falta de recursos. Hay departamento en los que solo hay un juez para trabajar temas de niñez, entonces, obtener una fecha de audiencia se vuelve imposible”, dice Quijano Carrasco.

Lea además: Cada día, 6 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en 2022

Barreras para denunciar

Si bien hay casos que son denunciados, hay un buen número que se mantiene oculto. La inscripción de los bebés en el Registro Nacional de las Personas (Renap) puede dar una idea de cuantas niñas menores de 14 años resultan embarazadas, pero no todos los embarazos llegan al término y no todos los bebés son registrados por la madre.

Maldonado indica que hay barreras que impide a las familias denunciar y continuar con el proceso hasta el final, como la falta de recurso económico, ya que los juzgados especializados, los tribunales y demás instancias del sistema de justicia están centralizados en las cabeceras departamentales, y para que la niña se haga presente en las audiencias representa dinero para movilizarse desde su comunidad, y para los padres significa perder días de trabajo.

“El obstáculo mayor que enfrentan es el económico. No tenemos un Estado que les diga: vamos a llegar hasta su casa a tomar la denuncia, vamos a tener un intérprete, y darles apoyo en el proceso”, agrega la coordinadora de programas del Osar.

El informe revela que los obstáculos para denunciar, enjuiciar a un agresor y hallar justicia en Guatemala son complejos, pero el proceso es más “crítico” para las menores que viven en comunidades rurales e indígenas, para quienes tienen alguna discapacidad.

De enero 2018 a junio 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo 24 mil 411 evaluaciones de violencia sexual o embarazo en niñas menores de 14 años, lo que representa 312 análisis mensuales. Esto da una dimensión del problema.

En busca de justicia

Sucedió en Huehuetenango. Fátima tenía 12 años cuando fue abusada sexualmente. Su agresor era un hombre reconocido en la comunidad, catedrático universitario. La niña quedó embarazada. Fue señalada por los vecinos, excluida de la escuela, y cuando llegó el momento de dar a luz en el servicio de salud la trataron como una adulta. No se siguió el protocolo establecido para atender embarazos en menores de 14 años.

La familia de la menor denunció al agresor hace 15 años, hay una orden de captura en su contra; sin embargo, por influencias dentro de las instancias encargadas de la investigación no ha sido capturado. Es más, se sabe que se moviliza entre Guatemala y México.

“Las autoridades no ha querido esforzarse por capturar al agresor, son delitos de poca importancia para las instituciones como para movilizar personal. A nivel nacional no hemos tenido avances en su captura”, dice Paula Barrios, de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, que dieron acompañamiento a Fátima para que su caso llegara a la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se espera que en marzo próximo el Comité dé una sentencia, que no solo beneficiaría a Fátima, sino que llevaría a que en Guatemala se establezcan mecanismos de prevención y atención efectiva a niñas víctimas de violencia sexual y que han sido empujadas a una maternidad forzada.  

“Es prioridad para las víctimas que por lo menos el sistema de Naciones Unidas les responda de manera inmediata. Esperamos que se resuelva en marzo, si no tendría que quedar para la siguiente sesión en octubre”, agrega.  

Fátima es hoy Licenciada en Pedagogía, gracias a que recibió acompañamiento de largo aliento logró restituir su proyecto de vida, y espera que se haga justicia en su caso como en el de cada niña que es violentada y forzada a la maternidad. La sentencia de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sería un luz de esperanza para a ella.

En 16 días de bloqueos, la mora judicial ha empeorado debido a que las audiencias por diferentes procesos fueron reprogramadas, y aunque ya se permite el ingreso del personal a la sede del Ministerio Público (MP), durante varios días no se pudo extraer los expedientes de diversos casos, afirman abogados, fiscales y el propio MP.

El 2020 se convirtió en el año con menos audiencias y sentencias desde el 2017, debido a las restricciones para evitar la propagación del coronavirus, este panorama para algunos juristas ya se reflejó en las últimas dos semanas debido a los bloqueos.

Los abogados afirman que se afectó el funcionamiento del Organismo Judicial (OJ), ya que el principal efecto fue agudizar la mora judicial y se evidencia con un retraso en los expedientes penales, civiles, de familia, laborales e impugnaciones que se encuentran en juzgados, tribunales, salas de apelaciones, cámaras y la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Si bien las actividades laborales y económicas se han normalizado en la mayor parte del país, el problema hasta esta semana continuaba frente a la sede central del MP, ubicada en el barrio Gerona, zona 1, donde los manifestantes han permanecido en la entrada principal.

La noche del pasado miércoles, la Policía Nacional Civil dialogó con los manifestantes que se apostaban en esa sede y se desalojó el ingreso principal del edificio, a la espera de que el personal retome las actividades laborales.

LE RECOMENDAMOS

Las empresas exportadoras tratan de retomar su actividad normal, pero muchas aún trabajan al 70% de su capacidad

TSE continúa con el análisis de la ampliación del proceso electoral

Reprogramadas

El abogado penalista Abraham Girón confirma que en la Torre de Tribunales las audiencias se han atrasado debido a que los fiscales no han podido acceder a los expedientes que se encuentran en la fiscalía general.

“Hubo atrasos para llevar a cabo las audiencias porque se han tenido que reagendar, y por la época del año ya van a iniciar vacaciones los juzgados y muchas audiencias ya las pasaron para 2024”, afirma.

Las audiencias tienen plazos establecidos y el incumplimiento a esos tiempos puede significar violación al proceso y a los derechos humanos, según fiscales, debido a que también son trámites para otorgar libertad o conceder un permiso médico.

Casi todas las audiencias las han reprogramado, todos nos hemos visto afectados”, dice el abogado César Calderón, quien espera que con el acceso a las oficinas centrales del MP se comience a normalizar la actividad en la Torre de Tribunales, al afirmar que varios de sus defendidos tienen audiencias pendientes.

Postura

Por parte del departamento de Comunicación del MP se informó que durante 16 días de protestas se “creó una afectación a la justicia en distintos niveles”.

En relación a las víctimas, se afectaron aquellas que tenían citaciones para ratificar sus denuncias, brindar declaraciones testimoniales, celebrar juntas conciliatorias, entre otras diligencias, lo cual pudo repercutir en la posibilidad de perder indicios importantes para los avances en sus casos”, indicó el MP en un comunicado.

Agregó que a los fiscales se les vedó el acceso a los expedientes ministeriales que tienen “indicios y órganos de prueba, los cuales son necesarios dentro de una audiencia para ligar a proceso penal a una persona, que ésta sea enviada a juicio e incluso que se obtenga una sentencia”.

En el documento de respuesta también afirman que hay procesos que estaban a punto de culminar. Sin embargo, “los procesados deberán esperar meses a que sean reprogramadas las audiencias de conformidad con las agendas de los órganos jurisdiccionales”.

Exageración

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, la mora judicial obedece a problemas estructurales del sistema de justicia, que tienen que ver con la negligencia en que se manejan los casos, la burocracia de los procesos y la falta de personal en el MP y el OJ.

“Para eso hay una descentralización de sedes del sistema de justicia, se supone que hay sedes del MP en los 340 municipios y la misma cantidad de juzgados”, respondió.

Ibarra dice que, si bien la defensa pública penal sí tiene problemas porque no tiene suficientes sedes en todo el país, al igual que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y la movilidad se vio afectada durante las protestas, no fue a nivel nacional y lo califica como una “exageración”, decir que empeoró la mora judicial.

“Que no vengan a decir que hay una imposibilidad material en algunos municipios, porque protestas y bloqueos no hubo en las 340 sedes del MP, si bien hubo protestas en los alrededores de la Torre de Tribunales no se impidió el acceso”, advierte.

Excusa

Ibarra sostiene que en la sede central del MP existen otros ingresos y fue el personal que “tuvo miedo de llegar a laborar”.

“Ahora resulta que los 48 Cantones son los responsables de todo lo malo que sucede en el país, eso no debe ser excusa para decir que empeoró la mora judicial”, advierte.

Agregó que el MP es el organismo que mejor tecnología tiene para realizar el trabajo. También cuestiona el hecho de que durante los últimos dos meses del año el personal que labora en el OJ toma vacaciones.

“No es posible que digan que se atrasaron los procesos cuando la Torre de Tribunales queda en abandono durante estas fechas porque todo el personal toma vacaciones como si nada hubiera ocurrido”, lamentó Ibarra.

En los últimos cinco años el MP se ha atribuido hasta un 150 por ciento anual de eficacia, al indicar que todas las denuncias que recibe se investigan y se resuelven, incluidos los casos de políticos señalados de corrupción, lo cual, según analistas en el tema, es inexacto.

Si hace más de 10 años usted fue víctima de un robo u otro hecho de violencia y nunca se le citó después de presentar la denuncia, es posible que reciba una llamada del MP para recordarle el incidente, aunque no será porque haya identificado a los responsables, sino para notificarle que su caso fue cerrado. De esta manera el expediente es depurado. No obstante, se suma a las cifras que presenta el MP y elevan su calificación, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Violencia elaborado por la organización Diálogos.

LE RECOMENDAMOS

La SIP afirma que el Ministerio Público ha “degradado” la libertad de prensa en Guatemala por medio del acoso judicial

Extorsiones en Guatemala: Esta es la cifra millonaria que se depositó en cuentas bancarias en 2022, según el Ministerio Público

“Esas depuraciones ocurren más con quienes han sido víctimas de robo de teléfonos, y son a quienes más llaman para notificarles que su caso no fue resuelto, cuando en realidad no se hace el esfuerzo de investigar, pese a existir recursos para hacerlo, como cámaras de vigilancia, que son herramientas básicas para identificar a los responsables”, sostiene María del Carmen Peláez, investigadora del área anticorrupción de Diálogos.

Reducción de mora

En la presentación del informe de desempeño del MP, el 17 de mayo, la fiscal general, María Consuelo Porras, quien cumple un segundo mandato al frente del ente investigador, dio a conocer que al 31 de marzo del presente año han reducido en un 90 por ciento la mora de casos que recibieron, lo que implica la resolución de 1 millón 136 mil expedientes.

Agregó que desde mayo del 2018 hasta marzo del 2023 recibieron 2 millones 84 mil 503 denuncias, de las cuales el 92 por ciento fueron resueltas —1 millón 863 mil 82—.

Porras refirió que mediante boletas de atención al usuario y llamadas aleatorias, las fiscalías de distrito fueron calificadas con un 95.67 por ciento en satisfacción, y las agencias fiscales en municipios obtuvieron el 98.77 por ciento.

Diálogos: desestima el 80% de los casos

Peláez considera que “esos resultados de eficacia son satisfactorios solo para ellos, porque desde el momento en que alguien se acerca a poner una denuncia hay resistencia del MP, pues les dicen que no procede, que no hay pruebas suficientes, que no encuadra en un delito o que no es la fiscalía adecuada”.

“Los altos porcentajes de eficacia solo demuestran el alto porcentaje de impunidad, porque se abusa de la desestimación, la utilizan en un 80 por ciento de los casos”, señala.

En el flujograma de medición que utiliza el MP, según Diálogos, también se incluyen los trasladados a la unidad de resolución alterna de conflictos del Organismo Judicial, casos liquidados, archivados y depurados.

De otras instancias se incluyen las conciliaciones, suspensión condicional de la persecución penal, falta de mérito, clausura provisional y sobreseimiento.
Añade que el MP ha incluido en sus informes el número de casos que no han sido resueltos en los órganos jurisdiccionales penales de forma acumulada, desde el 2014 hasta el 2021.

“No sabemos si es una medida institucionalizada cerrar los casos, porque es práctico deshacerse de esa carga. Esta figura repercute en la impunidad en niveles altísimos, porque no hay acceso a la justicia”, opina la investigadora.

“El MP archiva los casos cuando ya no pueden continuar con la investigación. Todos los resultados a los que llegan las denuncias tienen igual valor en la calificación.

Un 3 por ciento de casos llega a sentencia y un 90 por ciento son archivados o desestimados”, prosigue Peláez.

El informe indica que desde el 2008 el MP comenzó a incluir las desestimaciones en las calificaciones, pero en el 2022 esta modalidad se hizo más notoria. La fiscalía liquidadora de Mixco es la que desestima más expedientes.

Demasiada lentitud

“Es una eficiencia aparente, utilizan argucias para disfrazar números, desestimar todo implica que no investigan”, a juicio de Edie Cux, de Acción Ciudadana.

La actual gestión del MP es de las “peores” que han existido desde la era democrática, según el analista. Dice que de 90 denuncias que presentaron por corrupción en municipalidades y dependencias del Estado, 30 fueron desestimadas este año.

Asimismo, expone que el proceso para que reciban una denuncia es demasiado lento y puede durar hasta seis horas, por los protocolos que deben cumplirse. “Di acompañamiento en un caso de abuso sexual. Llegamos a las 15 horas al MP y salimos a las 3 de la madrugada, porque no aceptaron la denuncia escrita que llevaba.

Si una víctima de violencia intrafamiliar quiere denunciar y solo tiene media hora para escapar y hacerlo, es difícil”, hace ver.

Cux considera que los procesos se retrasan porque los fiscales no acuden a las audiencias, y la mala formulación de las pruebas en contra de los sindicados es la causa por la cual recobran su libertad. Cita como ejemplo la captura de cuatro presuntos delincuentes en la zona 9 capitalina el 15 de mayo, quienes fueron señalados de asaltar a automovilistas y peatones, pero salieron libres al día siguiente por falta de pruebas en su contra.

Postura

Ante los señalamientos por la forma en que se calcula la eficiencia del MP, por medio de la oficina de Comunicación Social ente investigador respondió que las desestimaciones están reguladas en la ley y se aplican cuando de forma manifiesta el hecho no es punible o si no se puede proceder.

“Todas las denuncias presentadas han sido atendidas de manera oportuna y resueltas de conformidad con la ley, según el análisis de los hechos denunciados. Las 273 agencias fiscales en municipios creadas por la fiscal general se encuentran certificadas con la norma ISO9001:2015 y próximamente se estará certificando todo el Ministerio Público”, precisó el MP.

Añade que ante la implementación de tecnología e interconexión interinstitucional se logró dar respuesta a casos de gestiones anteriores que no fueron atendidos de forma adecuada en su momento.

En un mes, la Corte Suprema de Justicia y las cortes de Apelaciones cumplirán un segundo año consecutivo de que el sistema de justicia no renueva a sus más altos cargos, lo cual deja en una crisis al sistema de justicia, debido a que los funcionarios cumplirán siete años de estar ejerciendo la magistratura.

Sin embargo, aunque pareciera que es mucho tiempo sin la renovación de cortes, este proceso parece que lleva camino de extenderse por mucho más, y podría llegar, incluso, hasta la elección del próximo fiscal general, según han advertido analistas en seguridad y justicia.

David Gaytán, consultor en temas de justicia y transparencia, dijo que el sistema de justicia del país está atravesando una crisis relevante y pone en duda el sistema republicano de los tres poderes del Estado, ya que el Organismo Judicial está afectado porque en casi dos años no ha habido elección de cortes.

Lea también:

El camino está en la idoneidad y probidad

“Para entenderse, es como si el presidente se quedara en el cargo dos años más, porque es exactamente lo que está pasando con el sistema de justicia”, destacó Gaytán.

El abogado criticó que el Congreso se siente cómodo con los magistrados actuales que ocupan la Corte Suprema y Apelaciones. También indicó que durante dicha administración no se ha solucionado el retraso para resolver los expedientes que ingresan al sistema de justicia, y la creación de nuevos juzgados tampoco ha reducido el tiempo para conocer estos procesos.

“El aspecto más preocupante es que hemos observado cómo el Ejecutivo y el Congreso han intentado cooptar el sistema judicial, y lo han logrado, colocando a personas afines en los cargos judiciales y esto desvirtúa la función de uno de los poderes”, expresó.

Lizandro Acuña, investigador en temas de seguridad y justicia, coincidió en que el sistema judicial vive una crisis, porque el Congreso no ha elegido a los sustitutos de las cortes. Añadió que debido a que este tema genera desconfianza de la población hacia los diputados, porque estos utilizan cualquier excusa para no efectuar la elección.

CC es la responsable

Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), sí reconoce una creciente mora judicial,  no responsabiliza al Congreso de esto, más bien arroja la culpa a la anterior magistratura en la CC de imponer un mecanismo leonino, casi imposible de cumplir.

Lea también: La justicia puede tardar una década

“Hemos tenido una prolongación irregular y el Congreso ni vota como debería votar a viva voz, uno por uno y razonando por cada uno de los candidatos, lo cual podría demorar un año y medio o dos años más, según el procedimiento irregular establecido por la anterior Corte de Constitucionalidad”, afirmó.

Ralón indicó que no es la falta de elección de las cortes lo que ha generado más mora judicial, porque las magistraturas siguieron trabajando sin detener sus actividades, más bien fue la paralización del Organismo Judicial por la pandemia la que provocó el aumento de la presa judicial.

Movimientos en el MP

En el otro extremo está el Ministerio Público, que en los últimos meses, por decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, ha rotado a varios jefes fiscales hacia otras fiscalías; uno de los cambios más mediáticos fue en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pero han sido muchas más fiscalías en las que se han hecho los movimientos de personal.

Sobre esta situación Ralón señaló que siempre ha habido traslados administrativos en el Ministerio Público, y como ciudadano espera que generen mejorar la labor de la institución y no un retroceso. En el caso específico del exfiscal Juan Francisco Sandoval, de la Feci, reiteró que deben agotarse los procedimientos legales que están en curso por el proceso de reinstalación, por lo que espera que se lleven a cabo respetando el debido proceso.

Lea también: Rotación de jefaturas en el Ministerio Público levanta dudas sobre su efectividad

Para Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el no fundamentar los traslados y rotaciones en el Ministerio Público genera un desgaste y desconfianza hacia la institución.

“El sistema de justicia siempre ha tenido sus debilidades y fortalezas. Lo que vemos en algunos casos, porque no se puede hablar en general, es que tiene luces y sombras, y el servicio que presta se ha visto cuesta arriba durante la pandemia y en esta falta de voluntad por parte de los diputados para elegir a los magistrados”, reiteró Escobar.

A diario surgen procesos en los que las víctimas esperan que la justicia llegue pronto, pero también hay hacinamiento en las cárceles y personas que mueren en prisión preventiva sin haberse llegado a probar su culpabilidad.

La falta de voluntad política para mejorar el sistema de justicia ha sido evidente en los últimos años. Por ejemplo, desde el 13 de octubre de 2019 el Congreso  debió elegir nuevos magistrados para  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, pero dicha tarea ha quedado relegada en la agenda legislativa, pese a que según la Constitución el período para ejercer sus funciones es de cinco años, aunque pueden ser reelectos.

Lea más

Los delitos de violencia contra la mujer son los más denunciados, pero la ley que los penaliza tiene debilidades

Otro problema que mina la credibilidad en el sistema son los numerosos señalamientos de corrupción  dentro del Organismo Judicial. En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado solicitudes de retiro de inmunidad para al menos 36 operadores de justicia, entre jueces y magistrados, sospechosos de desvirtuar sus funciones con fines particulares.

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, comentó que esta situación debe encender las alertas y motivar a reevaluar los procedimientos actuales de selección de magistrados.

“Se le debe dar prioridad a la meritocracia y al conocimiento, más que a los favoritismos”, puntualiza.

Según el profesional del Derecho, las universidades deberían incluir en la licenciatura de  Ciencias Jurídicas una especialización para las personas que quieran desempeñar un cargo en el Organismo Judicial. Actualmente existe la Escuela de Estudios Judiciales del OJ, pero no se imparte el contenido mínimo necesario.
Embed:

“Deben hacerse exámenes y pruebas académicas específicas para jueces, y los que obtengan mejores resultados ser seleccionados. Hoy, por la situación económica y habiendo tantos abogados, la función judicial, más que una vocación, es una opción laboral. Si no hay trabajo algunos prefieren laborar ‘aunque sea de juez’. Y no tiene nada de malo querer ser juez, pero debería haber una especialización de formación básica”, sostiene el entrevistado.

Le puede interesar: El camino está en la idoneidad y probidad

Otras fallas

Parte de las deficiencias del sistema  fueron diagnosticadas en el Segundo Informe del Observatorio de Justicia Penal del 2020, que analizó una muestra de 381 expedientes concluidos en 2017 por delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, la Ley contra la Corrupción y la Ley contra el Crimen Organizado.

Entre los hallazgos se detalla que, en promedio, los procesos penales duran 817 días desde que ingresan a los juzgados hasta que se concluyen. Esto excede los límites que establece el Código Procesal Penal —251 días máximo, si el sindicado está en prisión preventiva, o 351 si goza de medida sustitutiva—.

Diversos factores pueden retrasar un proceso penal. Desde la multiplicidad de acciones legales que interponen las partes involucradas hasta la recurrente suspensión de audiencias en juzgados y tribunales.

En ese sentido, el Observatorio evaluó las razones por las que se cancelaban las diligencias. En el 33 por ciento de los casos se debe a la ausencia del sindicado;  10 por ciento, a que no llegan los fiscales del Ministerio Público; en el 8 por ciento no se presenta el defensor público, y el 9 por ciento es por  falta de un  abogado  particular. El resto de las razones es por falta del juez, fallas técnicas y otros motivos no especificados.

Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), hace ver que en los últimos años se ha optado por la estrategia de crear más juzgados y aumentar el número de operadores de justicia, pero eso no ha resuelto el problema de fondo, que es agilizar los procesos penales.

A criterio del analista, una de las soluciones podría ser crear más medidas desjudicializadoras. Esto implica analizar qué casos  son de menor impacto o  complejidad, para que puedan ser resueltos con rapidez. Asimismo, dedicar un cierto número de judicaturas para que evalúen  cuáles son las salidas más ágiles, lo cual liberaría  a los juzgados y tribunales ordinarios para procesar los casos de alto impacto, indica.

Samayoa hace énfasis en que no hay que perder de vista que el Derecho Penal ha sido un instrumento de impunidad en el país y eso “nos ha atado a modelos que generan mora judicial, hacinamiento en prisiones y falta de soluciones rápidas para las víctimas”.

“La misma deficiencia del propio sistema, la impunidad y la corrupción que rodea al sistema de justicia penal hace que cualquier reforma legal fracase a la hora de llegar a la práctica. Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, por ejemplo, entraron en un paquete de reformas al sistema de justicia que se impulsaron a partir de 2015, pero a la hora de implementarse se toparon con malas prácticas y  esquemas burocráticos que interrumpen cualquier buen modelo de gestión”, remarca Samayoa.

Por su parte, el analista David Gaytán ve las soluciones desde otra perspectiva. Considera que sí hay una carencia de juzgados en materia penal y eso es una de las causas más relevantes del problema.

Pero, además, estima que el OJ debe encargarse de resolver problemas logísticos que obligan en múltiples ocasiones a la suspensión de audiencias. “Si se suspenden muchas audiencias es porque los jueces no tienen sala. Es necesario que para que los jueces administren justicia esto  mejore. Si no hay equipo y no se cuenta con infraestructura necesaria, se complica el trabajo”, afirma Gaytán.

Según el Observatorio de Justicia Penal, la suspensión de las audiencias tiene diversas repercusiones. En principio, se extiende el tiempo que durarán los procesos. A su ves, el hacinamiento carcelario aumenta los costos del servicio judicial y hace que se pierda la credibilidad en el sistema.

A lo anterior hay que sumar el uso excesivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y los jueces, como medida para retener a una persona durante el proceso penal. “La prisión preventiva debería ser la excepción, pero se ha convertido en la regla. Eso es preocupante porque congestiona el sistema penitenciario y resulta en una violación de los derechos humanos. Es uno de los grandes problemas por abordar en el sistema penal”, precisa Gaytán.

Esta situación podría solventarse con la utilización de tobilleras o brazaletes electrónicos que garantizarían el rastreo de la ubicación de una persona sindicada. Aunque ya se aprobó una ley que contempla el uso del dispositivo, todavía no se ha implementado.

Samayoa comparte esta postura y considera que hace falta una institucionalidad que permita dar seguimiento y control al cumplimiento de medidas distintas a la prisión preventiva, para que haya garantía de que la persona no se va a dar a la fuga y habrá un efectivo control para que las demás instituciones cumplan con lo que el juez ordene dentro del proceso.

Mora

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), expresa que hay diversos problemas que se deben abordar al momento de discutir mejoras para agilizar el sistema de justicia. Algunos de estos se relacionan con la gestión del despacho.

“En los próximos años vamos a ver un incremento fuerte de mora judicial derivado de la pandemia y del cierre temporal en algunos juzgados. Eso, en gran medida, responde a un sistema judicial de gestión poco eficiente y muy poco modernizado. Hay temas que son sencillos, como decretos, o notificaciones que emiten distintos juzgados que son sencillos y tardan meses, si no es que años, en realizarse”, subraya Echeverría.

En ese sentido, una digitalización de las notificaciones podría agilizar el sistema y acelerar procesos que llevan varados años. Además es preciso considerar que la falta de un sistema judicial eficiente viola el derecho de acceso a la justicia de víctimas, sindicados y de la ciudadanía en general.

“La justicia retrasada es igual a que si no hubiera justicia. El daño  que causa es muy  amplio”, concluye Echeverría.

Le podría interesar

Congreso inició proceso de elección de Cortes sin intenciones de apresurarlo

Lo anterior se evidencia con un retraso en los expedientes penales, civiles, de familia, laborales e impugnaciones que se encuentran en juzgados, tribunales, salas de apelaciones, cámaras y la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aunque este problema no es nuevo, el cierre de las dependencias judiciales como medida para contener el coronavirus, ocasionó un retraso adicional en muchos de los expedientes judiciales, que cuentan con una demora indefinida.

Según estadísticas del propio OJ que detalla en su página electrónica, en el 2017 hubo 305 mil 571 casos nuevos, en 2018 fueron 328 mil 37, para el 2019 la cifra se elevó a 342 mil 474, pero en el 2020 hubo un descenso considerable y solo se conocieron 130 mil 453 expedientes nuevos.

Esta reducción también se refleja al revisar las estadísticas de audiencias. De 268 mil que se registraron en 2017, en el siguiente año el número se elevó a 299 mil 320, para el 2019 se registraron 314 mil 873, y en 2020 van apenas 57 mil 345.

Año	2017	2018	2019	2020
Casos Nuevos	305,571	328,037	342,474	130,453
Audiencias	268,500	299,320	314,873	57,345
Sentencias	44,443	46,246	48,422	15,866
Totales	620,531	675,621	707,788	205,684
Fuente: OJ

Las audiencias tienen plazos establecidos y el incumplimiento a esos tiempos significa una violación al debido proceso y hasta de los derechos humanos, porque estas diligencias, en ocasiones, son trámites para otorgar una libertad o conceder un permiso médico.

Los números son menores si se comparan las sentencias que ha emitido el OJ en los últimos cuatro años: en el 2017 fueron 44 mil 443; en 2018, 46 mil 246; en el 2019, 48 mil 422, y en el presente año se han 15 mil 866 de esos fallos.

OJ sin estrategia

El retraso del OJ es histórico, pero pudo ser mitigado si hubiese existido un plan estratégico que permitiera desarrollar más audiencias a distancia, para evitar que el problema que ya pesa sobre los hombros del sector justicia se hiciera más grande.

“No se preparó electrónicamente para gestionar de forma electrónica esas audiencias, de una manera ágil que pudiera descongestionar. Incluso los espacios para celebrar audiencias, al día de hoy, no se prestan para las condiciones de salubridad que todo el sector justicia espera, porque al final para los abogados, fiscales y jueces ir a las audiencias representa un gran peligro de contagio”, señaló Carlos Besares, abogado constitucionalista y analista independiente.

La lentitud con la que se encuentra el OJ podría continuar, ya que aún no se sabe cuando el país podría retomar la normalidad, y mientras eso no ocurra las diligencias judiciales se acumularán.

Incluso era necesario que existiera una política judicial encaminada a reducir la sobrepoblación carcelaria que también es un sector de riesgo, opina Elvin Díaz, analista de en seguridad y justicia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg).

“En materia penal no se tomaron medidas para ir descongestionando el Sistema Penitenciario y así poder reducir la sobrepoblación, en el sentido concreto que se buscarán medidas alternativas a la prisión, creo yo que ahí las autoridades de justicia tampoco prestaron mucha atención en eso, las mayores políticas se orientaron a bioseguridad, el uso de medios virtuales, pero otras instancias de seguridad también cerraron”, expuso.

Responsabilidad compartida

A criterio de expertos existen dos responsables de la situación actual del OJ: Los magistrados interinos por no planificar de manera adecuada y el Congreso, que incumplió con la renovación de las Cortes.

“Yo le criticó grandemente al Congreso su irresponsabilidad de no empezar y nombrar una CSJ (Corte Suprema de Justicia) pronto porque no se está tomando en cuenta está parte administrativa, que lamentablemente en nuestro sistema es la presidencia de la CSJ quien  administra y por eso es tan importante que se tenga certeza en los próximos magistrados para que desde ahí se tomen todas las decisiones que amerita el caso”, subrayó Edgar Ortíz, analista de justicia en la Fundación Libertad y Desarrollo.

Ortíz agregó que una posible solución al problema de la mora judicial podría ser la creación de dependencias temporales, que permitan dar respuesta a los casos más simples, pero que sigue pendientes de una respuesta.

“Va a ser necesaria alguna política especial para hacer frente a esto, insisto y repito con mucho énfasis en esto, es un tema de números, no es fácil aumentar la cantidad de juzgados de un día para otro, eso no es posible y todos esos casos van a quedarse acumulados, no sé si incluso el poder judicial tenga que plantearse juzgados temporales, por lo menos para los casos de menor impacto, un poco para dar un paso a esa mora judicial”, puntualizó.

Respondieron con tecnología

Por su parte el OJ aseguró que han cumplido con un proceso de planificación y respuesta a todos los problemas que trajo la pandemia, y resaltó ciertos servicios que se prestan de manera remota.

“El OJ utilizó las nuevas tecnologías para afrontar la situación, de esa cuenta hubo video audiencias, notificaciones electrónicas, emisión de antecedentes penales en línea, servicios por medio del sitio web y hasta la aplicación móvil del OJ, todos estos sistemas se fortalecieron para atender la demanda de la población de diversos servicios, lo que permitió al poder judicial continuar con su labor en todas las dependencias jurisdiccionales”, expuso Mario Siekavizza, vocero del OJ.

Referente a la mora judicial el portavoz aseguró que los magistrados se encuentran en un constante proceso de planificación, pero resaltó que ellos no son la única dependencia en materia de seguridad responsable por los contratiempos.

“Se van a continuar tomando las acciones correspondientes en atención al servicio que se le debe de prestar al usuario en las distintas dependencias judiciales, recuerde también que no es solo el OJ, también está el Ministerio Público, Instituto de la Defensa Público Penal, Inacif, son muchas partes las que forman el sector justicia y la mora es compartida, también nos debemos al funcionamiento de las demás dependencias”, puntualizó.

Las fuentes consultadas coinciden que muchas de las audiencias que debían celebrarse este año están esperando un espacio en el 2021, pero mientras las diligencias llegan, miles de guatemaltecos siguen esperando por justicia.