El indicio, un depósito que fue alertado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) de más de Q170 mil. Su perfil económico no encuadra con el movimiento en su cuenta.
No es el primer caso que ocurre, hay más bajo investigación. El Ministerio Público (MP) ya consiguió abrir 188 juicios contra 303 personas, hombres y mujeres vinculados con estructuras que se dedican a la extorsión. Muchas investigaciones nacen por el rastreo de cuentas bancarias.
Este flagelo, sobre el préstamo de una cuenta bancaria, ha alcanzado a una decena de departamentos, y eso ha llevado a las autoridades a reforzar la campaña de prevención en idiomas como el mam, quiché, cakchiquel, jacalteco, aguacateco e ixil, por mencionar algunos.
Cifras del Sistema Penitenciario de 2022 revelaron que había por lo menos unas mil 900 mujeres en prisión por procesos relacionados con extorsiones, muchas de ellas por haber prestado su cuenta bancaria para recibir depósitos que las investigaciones de las instituciones determinaron que era producto de extorsiones.
Uno de esos casos es el de Beatriz. Fue en marzo de 2022 cuando un amigo recurrió a ella porque necesitaba depositar una fuerte suma de dinero porque supuestamente había vendido un terreno en Chiquimula, que, en teoría, era propiedad de sus abuelos.
Él había tenido algunos inconvenientes con su cuenta y solo “la tenía a ella para salir de ese problema, porque les urgía vender el terreno. Tenían que pagar unas deudas”.
Eran amigos y asistían a la misma comunidad religiosa, eso aportó más confianza a Beatriz que finalmente accedió a recibir el depósito y luego entregarlo a su amigo.
Unos meses después, a la puerta de su casa se presentó una decena de agentes fiscales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC). Era un operativo a gran escala en varias partes del país contra las extorsiones. Beatriz fue acusada de ser parte de una red de extorsionistas. No lo podía creer ella ni su familia, según recuerda.
Su vinculación, el depósito de Q175 mil que hizo su mejor amigo a su cuenta bancaria. Fue detenida y consignada, y más adelante, ligada a proceso penal y enviada a prisión preventiva. Fue una pesadilla, asegura.
El abogado de la familia logró, más adelante, conseguirle medida sustitutiva, pero a la fecha, el proceso sigue abierto y debe presentarse a una sede del MP para cumplir con las condiciones de su arresto domiciliar, mientras se resuelve totalmente el caso.
Las autoridades ven este caso como uno de muchos que ocurren a diario en el país en depósitos que van desde los Q100 a los Q200 mil. “La gente no dimensiona los problemas legales que genera prestar la cuenta bancaria para recibir depósitos de desconocidos”, asevera el director adjunto de la PNC, Adal Rodríguez.
Más de Q6 millones
La fiscal de sección de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, Emma Flores, asegura que en 2022 fueron al menos Q6 millones producto de extorsiones los que se depositaron en instituciones bancarias guatemaltecas.
Muchas de las extorsiones, según Flores, se da en el sistema bancario, y la mayoría de las víctimas son mujeres. Las pesquisas han detectado que los criminales usan las cuentas de al menos cinco bancos del sistema por el alcance que tienen en su red de agencias.
“Es por eso por lo que el trabajo coordinado con las instituciones se hace necesario para evitar que se siga cometiendo este tipo de ilegalidades penales”, expresa Flores.
Las cifras de la Fiscalía contra la Extorsión registran que entre enero y marzo de 2023 han recibido 2 mil 557 denuncias de extorsiones, un 10 por ciento más que el año pasado. De esas, una gran mayoría pasa por el sistema bancario nacional, pero gracias a los controles internos, más la supervisión de los entes reguladores, se ha podido individualizar muchos de estos casos.
La Fiscalía trabaja de la mano de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La idea, detectar transacciones sospechosas en cuentas de personas que no reúnen el perfil económico necesario para recibir fuertes sumas de efectivo.
“Los hombres y mujeres que prestan su cuenta bancaria para recibir depósitos voluminosos, o de pequeñas cantidades que con mucha frecuencia suman mucho efectivo, puede ser constitutivo del inicio de una investigación”, comenta Flores.
El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta.
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Sobre el caso de Beatriz, por ejemplo, la jefa de la Fiscalía lo analiza como muchos que ocurren y que el argumento de la defensa siempre es el desconocimiento que tienen de los depósitos que les hacen. “Todo esto se debe investigar”, apunta.
Sin embargo, aclara que todos son responsables ante la ley y no pueden alegar ignorancia sobre ella. “Puede ser que algunas personas sorprendan en la buena fe y por eso se hace necesario que sean más cuidadosos con el tema”, expone Flores.
El 70 por ciento de las extorsiones que se cometen en el país las hacen sujetos que se hacen pasar por pandilleros. A esos que les han llamado “imitadores”.
Estos normalmente no usan violencia y solo recurren a amenazas por medio de vídeos o audios que envían al celular de las víctimas. “Les mandan mensajes donde les dicen que conocen a su familia y que deben pagar por medio de algún depósito a alguna cuenta que les indican”, revela Flores.
La gran mayoría de estas extorsiones, según expresa Flores, se cometen desde diversas prisiones del país. Los lugares en donde más incidencia criminal hay es en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Quetzaltenango.
Estos tres departamentos, así como otros del territorio nacional, tienen prisiones, y es desde esos espacios con poco control, que salen las llamadas extorsivas. Flores responde que si existiera un eficaz bloqueo de llamadas telefónicos así como la señal de internet, la incidencia de estos casos se reduciría dramáticamente.
“Un solo privado de libertad muchas veces hace hasta 40 llamadas para intentar extorsionar a comerciantes, amas de casa, tenderos y otros pobladores”, cita la fiscal.
El restante 30% de extorsiones se lo reparten, con mucha violencia, la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13). Además, otros grupos vinculados con el crimen organizado. “Estos sí generan violencia al momento que las personas se niegan a pagar la extorsión”, asevera Flores.
Estos, de acuerdo con el modus operandi, visitan a la persona, les dejan celulares, les llaman, les recuerdan del pago, y si no acceden, atacan con armas de fuego. Esto recuerda el caso del mercado La Parroquia, que hace algunas semanas tuvo que cerrar debido a la muerte de un integrante de su junta directiva y el posterior acoso de integrantes de una clica del Barrio 18.
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Campaña
Es por eso por lo que desde 2019 diversas instituciones, entre ellas el MP, la SIB, el Ministerio de Gobernación, por medio del viceministerio de prevención del delito, y la Asociación Bancaria de Guatemala, impulsan la campaña para concienciar a los guatemaltecos de no prestar sus cuentas a personas que no conocen y sirven para depositar dinero proveniente de actividades ilegales.
Esto podrían provocar que el MP y la PNC los persigan como autores de los delitos que originaron ese movimiento bancario. La campaña, según el MP, surge porque se detectó el fenómeno de que las personas prestan sus cuentas para que otros depositen el dinero exigido por extorsiones.
Es por eso por lo que la advertencia de esta campaña es “el que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta”.
Y la alarma cobra mucho más envergadura porque las personas que incurren en esta acción no solo pueden cometer extorsión, sino también encuadrar en el delito de lavado de dinero, que tiene penas de cárcel severas.
Para Corine Dedik, analista en seguridad y justicia del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien) la campaña que lanzan estas instituciones es importante porque aborda un tema central del delito de extorsión.
“La cuenta bancaria es usada frecuentemente para cobrar la extorsión por medio de un depósito bancario. Sin embargo, muchas personas no saben que al prestar su cuenta forman parte del delito de extorsión”, comenta Dedik.
La analista agrega que “prestar la cuenta bancaria es una acción clave para que se pueda cometer el delito, por lo mismo son coautores y pueden ir presos. La campaña tiene como fin informar acerca de eso y prevenir”.
La especialista del Cien considera que el trabajo interinstitucional es esencial en el tema de las extorsiones. “La PNC investiga estos hechos en coordinación con la Fiscalía. Además, se deben tomar medidas de prevención o reactivas en conjunto para lograr mejores resultados”, refiere.
“Una mejor coordinación con el Sistema Penitenciario (SP) es lo que hace falta”, asevera Dedik.
En el mercado La Parroquia, zona 6, jefe y policías de la #DIPANDA entregan volantes promoviendo la cultura de denuncia de extorsión e informado sobre la campaña “El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta”.#ProtegerYServir pic.twitter.com/HgHoqEVmtr
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Añade: “La mayoría de extorsiones provienen desde las cárceles. El SP debe trabajar en una reforma para contrarrestar la corrupción interna la cual permite que ingresan celulares a las prisiones”.
Dedik asevera que se requiere un mayor control interno de parte de la institución, fuentes de trabajo y una mejor separación y ubicación de los reclusos que extorsionan.
“La cantidad de dinero que se mueve por el delito de extorsión no se sabe, ya que una gran parte de las extorsiones nunca se denuncian”, explica la analista.
Agrega que el dinero del cual hay conocimiento, es decir los Q6 millones del año pasado, puede servir para las investigaciones de los casos, en coordinación con el sector bancario y financiero. “Ellos juegan un rol importante en la detección de dinero producto de extorsiones”, opina.
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Respecto del caso de que más mujeres se involucran en estos hechos, Dedik considera que usualmente es porque desempeñan roles menores en el grupo que extorsiona, como por ejemplo cobrar el dinero extorsivo.
“Algunas se involucran por la necesidad de dinero, otras porque sus parejas extorsionan o porque conscientemente lo ven como un modo de vivir”, expresa.
“Los contextos varían, pero lo que es común, es que se les asigna tareas que son más riesgosas a ser detectadas por la Policía y que son fáciles de ser sustituidas por otra persona, como el cobro del dinero y por eso mismo terminan en la cárcel”, puntualiza.
