El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió sanciones por propaganda electoral anticipada con multas que suman US$710 mil, pero los partidos, candidatos y empresas reclaman que el castigo es un exceso, tomando en cuenta que el gasto hecho fue mucho menor.

En las próximas semanas, el Congreso se dispone a retomar la Ley de Competencia. Desafortunadamente, el proyecto de ley que se conoce se fundamenta en premisas erróneas sobre el significado de competencia y monopolio, y obedece más bien a presiones políticas por parte de la Unión Europea. Esta ley está diseñada para proteger a la Unión Europea, no para beneficio de la economía de Guatemala. De aprobarse en su estado actual, esta ley hará poco para promover la competencia en Guatemala y, por el contrario, tenderá a reprimirla, con el daño agregado de crear una nueva capa burocrática que impondrá costos y obstaculizará la producción, en detrimento de empresas y consumidores. No es para el “bien público” como proponen muchos analistas, ni es necesaria, porque el país es “el único que no tiene”.

Todos los días, las policías municipales de Tránsito (PMT) de Mixco, Villa Nueva y la capital, emiten multas de Q500 y Q200 por estacionarse en línea roja o por obstruir el paso vehicular y peatonal, aunque comerciantes y vecinos opinan que las restricciones son injustificadas.

Los vehículos con tres o más períodos de impago de impuesto de circulación están siendo inactivados  en los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin embargo quien se encuentre en esta situación puede tener una rebaja del 75% de la multa y evitar el bloqueo.

Es facultad del presidente de la República dispensar a los contribuyentes que así lo soliciten las multas y recargos que genera el pago de impuestos fuera de los plazos legales.